Los llamados contrataderos son sociedades creadas para monopolizar la contratación pública ofrecida por las entidades estatales. A través de ellas se asignan estudios, interventorías, obras y suministros, pero no con fines de eficiencia o transparencia, sino como engranajes de los carteles de la contratación. Estos carteles, cuyo único objetivo es apropiarse de los recursos públicos, se apoyan en empresas de economía mixta, universidades, entidades prestadoras de salud o compañías de servicios públicos, a las que la Ley 80 otorgó un régimen especial de contratación. Dicho régimen, en la práctica, se convirtió en un estatuto diseñado para evadir la licitación pública y adjudicar contratos a dedo, favoreciendo a “los ungidos” y garantizando el enriquecimiento de redes corruptas incrustadas en el Estado.
Hoy, sin exagerar, puede afirmarse que este es el mecanismo más utilizado en la contratación pública. Lo más grave es que lleva décadas operando sin control, desangrando las finanzas públicas, corrompiendo la función estatal y multiplicando las obras inconclusas en todo el país. La evasión sistemática de la licitación pública, que debería ser el camino idóneo para garantizar eficiencia y transparencia, ha sido reemplazada por atajos que benefician intereses privados y destruyen la confianza ciudadana. La licitación, bien aplicada, asegura igualdad de condiciones, mayor probabilidad de cumplimiento, calidad en la ejecución y mejores precios. Además, abre oportunidades para que firmas y profesionales puedan participar en igualdad, evitando tratos preferenciales o injustos.
Nuestra Constitución y la ley señalan principios esenciales del proceso licitatorio: la libre concurrencia, la igualdad de oferentes y el cumplimiento estricto del pliego de condiciones. La libre concurrencia garantiza que cualquier interesado pueda participar en igualdad de condiciones, asegurando la publicidad del proceso. La igualdad, por su parte, respalda la selección objetiva y la transparencia. Finalmente, el pliego de condiciones define derechos y deberes tanto para el convocante como para los proponentes. No obstante, la práctica de los contrataderos ha distorsionado estos principios: imponen requisitos subjetivos o imposibles de verificar, restringen la participación y terminan entregando los contratos por adjudicación directa, cerrando por completo la puerta a la competencia.
En Risaralda, la situación es especialmente preocupante. Las firmas consultoras, constructoras y proveedoras atraviesan una crisis profunda. La profesión se hunde en la incertidumbre y el abandono, pues cada vez es más difícil participar en procesos transparentes. La publicidad de los contratos es casi inexistente y los pliegos están diseñados para excluir a los oferentes locales.
Un ejemplo es el CII Estatal de Belén de Umbría, que maneja la inversión de regalías en vías y adjudica todos sus contratos a dedo. Aguas y Aguas de Pereira, por su parte, cerró el acceso a una contratación abierta: restringe la información y elevó de manera significativa los montos de contratación directa, favoreciendo solo a quienes tienen cercanía con los grupos de poder local.
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Otro caso alarmante es el de la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Risaralda (EDUR), convertida en un círculo cerrado de contratación. El pasado lunes cerró la licitación para la construcción de la estructura del edificio de alta complejidad del Hospital Regional, proyecto que cuenta con recursos nacionales por 105 mil millones de pesos. Sorprendentemente, apenas se presentaron dos proponentes. Al revisar los pliegos, se evidencia que los requisitos son abiertamente restrictivos: experiencia casi imposible de cumplir para firmas locales, plazo de ejecución de tres años sin anticipo, exigencia de un cupo de crédito aprobado y el primer pago solo al alcanzar el 30% de obra ejecutada. Todo ello configura un proceso hecho a la medida de grandes firmas nacionales, consolidando la concentración de la contratación en un pequeño grupo de privilegiados.
La pregunta es inevitable: si el gobierno nacional ya desembolsó los recursos, ¿por qué negarse a otorgar un anticipo? La respuesta parece evidente: cerrar la puerta a las empresas regionales y mantener la contratación en manos de una rosca. Ni el Ministerio de Salud ni el actual gobierno departamental han mostrado la menor intención de abrir procesos más justos, que permitan la participación de firmas locales y fortalezcan el desarrollo empresarial de la región.
La indignación ciudadana frente a estos abusos ha sido reiterada. Sin embargo, los escándalos no han producido cambios reales. El contratadero sigue siendo un mecanismo para privilegiar a pocos, mientras se condena a la región al estancamiento. La corrupción se perpetúa bajo el disfraz de la legalidad, sacrificando el interés público en favor de negocios privados. Y lo más grave: sin voluntad política para desmontar estas estructuras, los contrataderos seguirán siendo dueños absolutos de la contratación estatal.
Carlos Alfredo Crosthwaite F.
Muy buen artículo. Felicitaciones. Hace alusión a una realidad permanente que el Estado se resiste a reconocer y a encontrarle una solución.
El otro problema es que no hay respaldo institucional de los organismos de control, a las quejas de los casos de corrupcion denunciados por los directamente afectados.