Para nadie es un secreto que en Colombia los grandes medios de comunicación como El Tiempo, Caracol en sus dos plataformas, la revista Semana, RCN, el Colombiano, entre otros, han sido duros críticos del actual gobierno, actitud que asumieron no desde la mirada de un periodismo serio y objetivo, sino desde la pérdida de su profesionalismo, dando paso a un modelo panfletario de crítica sesgada y sin el más mínimo respeto a su profesión.
Esto se convalida con estudios como los de Digital News Report 2025 del Instituto Reuters y la Universidad de Oxford, según el cual el nivel de confianza de estos medios se redujo: El Tiempo al 54 % y los noticieros principales, RCN al 47 %, Caracol al 49 %. Al mismo tiempo, una encuesta reciente de Invamer indica que el 78 % de los colombianos desaprueba a los medios de comunicación en general, lo que refleja una notable crisis de confianza. Añoran los años en que El Tiempo hablaba y ponía presidente.
La consolidación del partido de gobierno en el congreso contradice los deseos de las editoriales, a los “analistas”, a los “periodistas” de los grandes medios de comunicación. Por ejemplo, el periódico El Tiempo lleva dos años continuos presentando en su primera página dominical noticias en contra del gobierno y, si algún dato es positivo e imposible ocultarlo, lo presentan en las páginas interiores en formato reducido. En parte explica que hoy en día se tiene más fe y credibilidad en lo que dicen y pregonan los “influencers”, que en las opiniones de cualquier otro medio.
Por su parte, la mirada de la justicia ha perdido su pregonada “independencia”. La mayor parte de proyectos presentados por el gobierno han sido bloqueados por magistrados, algunos de ellos con impedimentos éticos y políticos. Las cortes han declarado inconstitucionales dos artículos del Plan Nacional de Desarrollo, la Corte Constitucional suspendió el recaudo de cualquier impuesto creado al amparo de la Emergencia Económica. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, ha sido señalado de sabotear la implementación de la reforma pensional por razones “ajenas al derecho”, magistrado a quien su primogénito le cuestiona la integridad de las sentencias en las que amparaba el derecho de los hijos no reconocidos de la población colombiana, mientras negaba el derecho del suyo.
El Consejo de Estado prohibió: la transmisión de consejos de ministros por canales privados, la suspensión del decreto presidencial que pretendía convocar una consulta popular sobre las reformas laborales y de salud, y suspendió el Decreto que fijó el salario mínimo legal mensual para el año 2026.
El poder económico que mueve a los grandes medios de comunicación y en algunos casos a magistrados de las altas cortes, los ha llevado a la pérdida de imagen y respaldo, a extraviar su horizonte y propósitos éticos, de allí que los resultados electorales sean una fotografía contraria a sus intereses.
Harold Salazar A.
