La economista de izquierda, Mariana Mazzucato, se ha consolidado como una de las voces más influyentes del pensamiento contemporáneo, especialmente desde una visión progresista que replantea el papel del Estado en la generación de valor. Nacida en Italia y formada en el Reino Unido, su obra ha tenido eco en gobiernos y organismos multilaterales al proponer un modelo donde lo público y lo privado colaboran estratégicamente para impulsar el desarrollo.
Uno de los ejes centrales de su pensamiento es la crítica a la idea de que el Estado debe limitarse a corregir fallas del mercado. Por el contrario, sostiene que el sector público puede y debe ser un partícipe dinámico, creador de operaciones y catalizador de innovación. En su visión, muchos avances tecnológicos han sido posibles gracias a una inversión pública decidida, con objetivos claros, como ocurrió con internet o la biotecnología.
De ahí surge su propuesta de “economías orientadas por misiones”, en las que el Estado fija metas ambiciosas, como la transición energética o la reducción de la desigualdad, y articula a los distintos actores de interés en torno a su cumplimiento. No se trata solo de regular, sino de liderar procesos transformadores de largo plazo, generando fuentes de riqueza y asegurando una distribución más equitativa de los beneficios.
Superar lo que algunos denominan un “precapitalismo” estructural implicaría fortalecer las capacidades del Estado, mejorar la calidad de los servicios sociales y fomentar una alianza efectiva con el sector privado orientada al bienestar colectivo.
En ese contexto, no fue casual que el presidente Gustavo Petro manifestara al inicio de su Gobierno el interés de contar con Mazzucato como asesora. La intención parecía apuntar a construir un nuevo relato económico que superara inercias históricas y sentara bases para un desarrollo más inclusivo, innovador y sostenible. Su visita a Bogotá generó expectativas sobre la viabilidad de adoptar un enfoque de política pública estructurado y movilizador.
Sin embargo, esa posibilidad se fue diluyendo. La implementación de una estrategia coherente con sus planteamientos requería disciplina institucional, coordinación intersectorial y ejecución técnica rigurosa, elementos que no lograron consolidarse plenamente en la gestión gubernamental. El resultado ha sido una percepción de dispersión en las políticas públicas, con iniciativas que no siempre responden a miradas consensuadas. En lugar de un Estado orientador de misiones, se ha observado una dinámica más reactiva, marcada por anuncios fragmentados y dificultades en la implementación. Un día se dice una cosa y al siguiente otra distinta. Esto contrasta con la esencia del pensamiento de Mazzucato, que enfatiza claridad en los objetivos y consistencia en la acción.
Particularmente relevante era el momento de la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, escenario idóneo para incorporar una arquitectura basada en misiones, con metas verificables y compromisos prefijados. Allí pudo haberse materializado una hoja de ruta capaz de convocar a los distintos sectores en torno a objetivos compartidos de progreso y condiciones de vida digna.
En retrospectiva, queda la sensación de una ocasión desaprovechada. La adopción estructurada de este enfoque habría podido posicionar al Gobierno como un verdadero agente de transformación, capaz de conciliar crecimiento económico con equidad social. Más aún, habría ofrecido una narrativa cohesionadora en un país necesitado de consensos.
El pensamiento de Mariana Mazzucato no es una fórmula mágica, pero sí un marco conceptual sólido para repensar el crecimiento sin exclusiones. Ignorarlo o aplicarlo de manera superficial implica renunciar a una herramienta valiosa en la búsqueda de un país más justo, innovador y próspero. En esa distancia entre ideología intransigente y práctica se resume, en buena medida, una oportunidad perdida.
Queda evidente, pues, que cuando el caos se asoma, este lleva al despilfarro y al populismo.
