La economía no siempre fue lo que hoy entendemos por ese nombre. En sus orígenes, era el arte de administrar con prudencia los recursos del hogar —oikos—, orientada al bienestar de la familia y la comunidad. Aristóteles denominó a esta práctica oikoeconomía, y la distinguió claramente de su antítesis: la crematística, es decir, la acumulación de riqueza por sí misma, sin consideración alguna del bien común. Esa lógica, que el filósofo denunció como antinatural, es la que domina actualmente gran parte de los sistemas económicos del mundo, y ha sido formalizada jurídicamente en lo que hoy podríamos llamar el “neoliberalismo constitucional”.
Colombia es un caso emblemático. Aquí, la economía de mercado ha dejado de ser una simple política pública o una ideología de gobierno. Se ha convertido en norma fundamental, en estructura jurídica, en columna vertebral de la institucionalidad. Vivimos, literalmente, bajo la ley del mercado.
La oikoeconomía, en su concepción clásica, respondía a una lógica de suficiencia, justicia y comunidad. La riqueza no era un fin en sí misma, sino un medio para la vida buena. En contraste, la crematística representaba la desviación de ese principio: una obsesión por la ganancia, desconectada de toda finalidad social.
Este dilema antiguo ha encontrado su expresión moderna en el modelo neoliberal, que promueve el retiro del Estado de funciones clave, prioriza la libertad de empresa sobre los derechos sociales y confía ciegamente en el mercado como regulador del bienestar colectivo. Desde los años 90, este modelo se consolidó en América Latina, y en Colombia se blindó jurídicamente en la Constitución de 1991.
La Constitución Política de 1991 fue celebrada por su apertura democrática, su enfoque en derechos humanos y su vocación participativa. Pero junto con estas conquistas, incorporó una visión económica profundamente neoliberal: libertad de empresa, libertad económica, autonomía del Banco de la República, promoción de la inversión extranjera y apertura del sector privado a áreas tradicionalmente públicas como salud, pensiones y educación.
Esto no es casualidad. La Constitución recogió y formalizó los principios de un nuevo orden económico: uno en el que el mercado no solo tiene un papel preponderante, sino que es protegido por la ley. Así, el neoliberalismo dejó de ser una opción de política pública y se convirtió en norma constitucional. Ese es el precio silencioso que hoy pagamos: vivir bajo un marco legal que favorece la acumulación, no el bienestar.
Las consecuencias de esta estructura legal se reflejan en múltiples dimensiones de la vida nacional. La lógica de la crematística no es abstracta; tiene rostro y se manifiesta en políticas concretas.
- Trabajo sin derechos: la fragilidad del empleo
Las reformas laborales impulsadas desde los años 90 han debilitado sistemáticamente las garantías para los trabajadores. La promoción de la “flexibilidad” laboral ha derivado en informalidad, tercerización, contratos temporales y pérdida de estabilidad.
Mientras los costos laborales se reducen para las empresas, millones de colombianos enfrentan empleos inestables, sin seguridad social ni garantías mínimas.
El trabajo se ha convertido en una mercancía barata, sujeta a las exigencias del mercado.
- Pensión o rentabilidad: el dilema perverso
El sistema pensional colombiano está estructurado en torno a los fondos privados de capitalización individual, cuyo objetivo principal es obtener rentabilidad. La pensión, antes concebida como un derecho adquirido por años de trabajo, ahora depende del rendimiento financiero de los ahorros. El resultado es un modelo excluyente e incierto, en el que más del 60% de los adultos mayores no logra acceder a una pensión formal.
La seguridad social ha sido subordinada a las reglas del capital.
- Salud como negocio: el caso de las EPS
La Ley 100 de 1993 reformó profundamente el sistema de salud, permitiendo la entrada de actores privados —las EPS— bajo el principio de competencia regulada. Este modelo ha priorizado la sostenibilidad financiera de las aseguradoras sobre la calidad y el acceso efectivo a los servicios. Las cifras lo dicen todo: miles de tutelas diarias por negación de servicios, colapso financiero de varias EPS, y una atención fragmentada y desigual. La salud, derecho fundamental, quedó atrapada en la lógica del beneficio empresarial.
- Educación con precio, no con propósito
La educación superior también se ha mercantilizado. Las universidades privadas predominan, el acceso depende de la capacidad de pago, y el crédito educativo se convierte en una trampa de deuda para miles de jóvenes. El saber se valora más por su rentabilidad que por su impacto social. La educación deja de ser un instrumento de movilidad y equidad, y se convierte en un bien transable dentro de la economía del mercado.
Estos modelos tienen consecuencias reales en la vida diaria. Un joven que abandona sus estudios por falta de recursos, una mujer cabeza de hogar que encadena empleos informales sin derechos, un adulto mayor sin pensión ni atención médica, una familia que debe acudir a la justicia para obtener una cirugía urgente. No son casos aislados: son manifestaciones de un sistema que prioriza el capital sobre la dignidad.
El problema no está solo en las políticas, sino en la estructura misma que las sostiene. Repensar el modelo económico implica discutir la constitución económica del país. No se trata de suprimir la iniciativa privada ni de idealizar el intervencionismo estatal, sino de redefinir los límites del mercado y recuperar la centralidad del bienestar social como fin último de toda política económica.
Volver a una lógica de oikoeconomía no es regresar al pasado, sino proyectar un futuro donde la economía esté al servicio del ser humano, de la vida. Es reconstruir el pacto constitucional sobre la base de la justicia social, el acceso universal a los derechos fundamentales y el reconocimiento de que ninguna sociedad puede sostenerse si sacrifica a la mayoría de las personas en nombre de la rentabilidad de unos pocos.
Excelente columna. Me permite insistir en que sí se tiene una célula como lo es la familia, con su economía manejada con su concepto inicial de «oikos», se va a reflejar en una sociedad con mejor calidad de vida. Hay que volver a administrsr adecuadamente los bienes de todos como si fuera una gran familia, donde los beneficios sean para todos Gracias.
Pertinente columna en momentos donde las políticas neoliberales y su implacable implementación han llevado a la miseria millones de personas en el mundo. Es hora en donde la economía esté al servicio de la gente, y no al revés.
Excelentes planteamientos mi apreciado Javier. La Economia al servicio del hombre y no al contrario. Pero tampoco al servicio de un solo hombre, como el matón de Elon Mosk.
Es al servicio de la sociedad en su conjunto.
Pero nos ha ganado el demonio de la avaricia, de los más difíciles de controlar, por eso en Colombia hasta empresarios honestos, les duele reconocerle los derechos a quienes les incrementan sus riquezas.
Que indolentes.
Felicitaciones