La muerte violenta de Miguel Uribe Turbay fue calificada por la fiscal general, Luz Adriana Camacho, como un hecho de carácter político, dadas las calidades del joven precandidato presidencial y su condición de senador. La opinión pública empieza a referirse a este crimen como un magnicidio, a la espera de que se declare legalmente como tal, de modo que no prescriba en el tiempo y se logre identificar y sancionar a los autores intelectuales, tal como lo exigen las voces sensatas del país y del mundo.
Gracias a investigaciones y diligencias inmediatas, los responsables materiales ya fueron capturados, lo cual habla bien del rigor de las instituciones. El verdadero reto está en identificar a los determinadores del crimen, pues, como suele ocurrir en casos de esta magnitud, los autores intelectuales actúan bajo estrictas condiciones de tiempo, modo, lugar y con un reclutamiento compartimentado que dificulta la trazabilidad hacia ellos. Se especula, sin pruebas sólidas, sobre la participación de diversas estructuras violentas. Es evidente que, para llevar a cabo una empresa criminal de tal alcance, los promotores cuentan con respaldo de organizaciones con alto nivel de planificación, capacidad de ocultamiento, recursos financieros significativos y vínculos tanto con grupos armados como con delincuencia común.
La intención de causar daño se concreta, pero los verdaderos responsables permanecen ocultos. Como dice el refrán: “no es fácil llegar al perro cuando el nido ya está frío”, en alusión a que el determinador se encuentra lejos de ser identificado o capturado. A ello se suma la tendencia de muchos a opinar sin pertenecer al equipo investigador, o incluso filtrando información desde dentro, como sucedió con la Dirección de Inteligencia y la Unidad de Protección, retiradas de la investigación por orden de la fiscal Camacho, quien es la única autoridad competente en este proceso. Las especulaciones y deducciones infundadas de “extraopinadores” desvían la atención y contribuyen a la impunidad.
El clamor ciudadano y oficial es que este asesinato no termine en el olvido, como ha sucedido con la mayoría de magnicidios en Colombia. Sin embargo, la contradicción surge cuando el propio presidente y su ministro de Defensa difunden hipótesis cambiantes: un día señalan a un grupo, otro inventan supuestas organizaciones extranjeras del narcotráfico, y distintos analistas aluden a figuras como Aldinever (Segunda Marquetalia), de quien luego se dijo que fue abatido por el ELN en Venezuela, dejando la duda de si se trata de una maniobra distractora. A ello se agrega la declaración del alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, según la cual la Segunda Marquetalia ya no existiría.
En este contexto, es comprensible temer que el magnicidio de Uribe Turbay, que debería declararse formalmente como tal, quede en la impunidad, lo que sería un hecho doloroso, pero tristemente recurrente en Colombia. Así lo expresó Mauricio Lloreda: “La lista de mártires recientes de la vida colombiana es extensa y el patrón se repite: este es un crimen político, y los beneficiarios no parecerían ser ni las guerrillas ni Rasputín. ¡Que haya justicia! Hasta el último determinador debe ser llevado ante los jueces”.
En la misma línea, el abogado Mosquera, representante de la familia Uribe, subraya que deben explorarse todas las vertientes delictivas, pero advierte que muchas teorías difundidas en medios carecen de sustento en la Fiscalía. El periódico El Tiempo también señaló que algunos “informantes” han intentado desviar la investigación.
Por ello resulta acertada la reflexión del exmagistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, respecto a este caso: “Esperamos que la Justicia lo diga y que este crimen no quede impune, como ha ocurrido con tantos otros. Aquellas personas que, en redes sociales y en discursos, han dicho saber quiénes fueron los autores intelectuales, seguramente tendrán pruebas, y es su obligación presentarlas ante la Fiscalía”.
Jaime Cortés Díaz
