El 4 de marzo de 2025 fue sancionada la Ley 2450, conocida como la Ley contra el Ruido. Es una respuesta a una realidad que afecta la salud, la convivencia y la dignidad de millones de personas en Colombia. El ruido, según la Organización Mundial de la Salud, es el segundo contaminante ambiental más perjudicial después de la contaminación del aire. Dormir mal, vivir estresados, enfermar por una exposición constante a niveles sonoros excesivos no es un asunto menor ni una exageración de vecinos “intolerantes”.
La ley es clara, les da a las alcaldías del país un plazo de 18 meses para elaborar y adoptar sus Planes de Gestión Acústica, instrumentos fundamentales para diagnosticar las fuentes de ruido, establecer zonas, definir medidas de prevención, control y sanción, y proteger áreas sensibles como hospitales, colegios y zonas residenciales. De ese plazo, advertimos, ya han transcurrido ocho meses. Y, sin embargo, en Risaralda el silencio institucional es ensordecedor.
Hasta hoy no se conoce ninguna acción concreta de las alcaldías del Departamento encaminada a cumplir esta obligación legal. No hay anuncios, no hay cronogramas, no hay procesos participativos, no hay diagnósticos en marcha. Lo que hay son violaciones flagrantes en eventos aturdidores, por el volumen de la música o por el estallido de la pólvora, pagados con recursos públicos o patrocinados por las alcaldías, que actúan como si la ley no existiera o como si el ruido, ese que desvela barrios enteros, enferma adultos mayores, afecta a niños, provoca terror y hasta infartos en mascotas y normaliza el irrespeto; no fuera un problema público.
Esta omisión no es menor. La Ley 2450 no es decorativa: obliga a planear, a actuar y a controlar. También fortalece las capacidades sancionatorias de las autoridades y exige pedagogía, monitoreo y decisiones urbanas responsables. Pero sin planes locales, la ley corre el riesgo de convertirse en otra norma bien intencionada que termina archivada, mientras la ciudadanía sigue padeciendo los mismos abusos de siempre.
Aquí hay responsabilidades claras. Las alcaldías deben liderar estos procesos. Las autoridades ambientales y de policía deben prepararse para ejercer controles efectivos. Y los concejos municipales deben ejercer control político, preguntar, exigir resultados y garantizar que este tema entre en la agenda pública.
Pero también hay una tarea ineludible para la ciudadanía. Esta ley se pensó, en buena medida, para que las comunidades dejaran de sentirse solas frente al ruido. Para que el descanso, la salud y la convivencia no dependan del “aguante” o de la resignación. Por eso es momento de exigir. Exigir a los alcaldes que expliquen qué están haciendo para cumplir la ley. Exigir la elaboración de los planes de gestión acústica. Exigir controles reales y no simples visitas simbólicas. Exigir que el derecho al silencio razonable sea reconocido como lo que es: un asunto de salud pública y de calidad de vida.
El ruido no es progreso. El ruido no es cultura. El ruido descontrolado es una forma de violencia cotidiana que el Estado ya reconoció y decidió regular. Ocho meses después, en Risaralda, la pregunta a los alcaldes es inevitable: ¿van a cumplir la ley o van a seguir haciendo ruido… con su silencio?



Buen día Don James. Gran y muy pertinente escrito.
Yo soy docente y no se imagina la cultura del grito y el ruido excesivo de muchos no todos los estudiantes en cualquier lugar de la institución. En mí casa tengo problema con mís tres hijos por este tema y lo tenaz es la naturalización y normalización con esta práctica.
Mano dura es la que toca con esta práctica propia de los inadaptados y amantes del ruido desmedido ya que esto enferma y toda enfermedad necesita su vacuna.
Feliz día.
Efectivamente, se requiere de un mecanismo de control y seguimiento que garantice el cumplimiento de estas leyes Para que no se queden en el papel, porque como dicen, Colombia es un País donde abundan las leyes, pero poco se cumplen . Creo que ya es hora de que dejen de llamar intolerantes a las personas que nos quejamos de esos ruidos insoportables que atentan contra nuestra tranquilidad.