El alcalde de Pereira Mauricio Salazar, anunció la aprobación por el Concejo de un Acuerdo donde se adoptaron beneficios tributarios transitorios en materia de sanciones e intereses moratorios aplicables a obligaciones tributarias municipales. Este lunes apareció publicado el Acuerdo 32 respectivo, en el cual se redujo transitoriamente las sanciones y la tasa de interés de mora de deudas por impuestos al 31 de diciembre de 2024, “con el fin de facilitar el cumplimiento voluntario por parte de los contribuyentes y mejorar el recaudo del municipio”. La medida consiste en una rebaja del 90% de los intereses moratorios para quienes cancelen la totalidad de la deuda antes de este 31 de diciembre.
Para sustentar la presentación del proyecto de acuerdo al concejo, el alcalde expresó entre otras razones que es una “acción estratégica dentro de la gestión de los ingresos para responder en las limitaciones en el crecimiento de la generación de recursos propios”, “que Pereira ha sido impactada por eventos antrópicos, emergencias y/o calamidades en los meses de mayo y junio de 2019 … y otros como incendios en el 2020 y lluvias fuertes, … que Pereira se encuentra en una situación de crisis derivada de los eventos hidrometeorológicos adversos”, y que por tanto esta iniciativa se presenta como una herramienta de política fiscal indispensable, para fortalecer la capacidad fiscal del municipio. No dice nada del creciente despilfarro de recursos públicos y la corrupción reinante.
Tampoco dice nada este derrochón alcalde sobre el estado de la cartera del municipio en el cobro de sus impuestos, la cual crece de manera exponencial año tras año. Y menos del fracaso en todos estos años de la gestión fiscal de los diferentes alcaldes. A 31 de diciembre de 2024 la cartera del municipio estaba tasada en $642 mil millones; se decretó un deterioro de esta cartera en esta misma fecha por un valor de$355 mil millones, pero a 30 de junio de 2025 la cartera estaba nuevamente en $504 mil millones. Es importante aclarar que estas cifras no incluyen los intereses de mora, lo cual muestra que es impagable. Las cifras no mienten.
Lo anterior es consecuencia de que Pereira tiene las más altas tasas de impuestos predial y de industria y comercio del país. Que no ha sido posible una revisión técnica de estas tasas y la aprobación de nuevas estructuras tarifarias de impuestos que permitan que los contribuyentes gocen de una estructura de impuestos equitativos, eficientes y progresivos. Para rematar la nefasta, tramposa y corrupta actualización catastral del 2022, trajo el mismo resultado: aumento similar del recaudo y la cartera.
Aquí viene lo grave: En el año 2021 el alcalde Carlos Maya, el mismo de Los Colibríes 1, presentó y logró la aprobación del Acuerdo 14 de 2021, donde se adoptaron medidas de reactivación económica en este municipio. El artículo 17 dispuso como condición de pago especial, si se producía el pago del 100% de la obligación principal de los impuestos adeudados hasta el 31 de diciembre de 2021, la reducción de intereses en un 100%.
En ese entonces centenares de deudores concurrieron a hacer uso del beneficio, muchos se endeudaron para obtener ese alivio, pero el 30 de septiembre de 2021 el Tribunal Administrativo de Risaralda en Sentencia de Única Instancia declaró con EFECTOS RETROACTIVOS la invalidez de este artículo del acuerdo. Esa decisión afectó a todos los que hicieron usos del beneficio, pues los dineros pagados fueron cargados a los abultados intereses moratorios. Nadie respondió por el trámite irregular de esta disposición. Esto mismo ocurrió en Dosquebradas y La Virginia, no entienden que lo que se requiere, son impuestos que estén de acuerdo a la real capacidad de pago de los contribuyentes. El Tribunal en ese fallo expresó: “Aunado a lo anterior, el inciso segundo del artículo 243 de la Constitución prohíbe a las autoridades reproducir el contenido material de leyes declaradas inexequibles, siempre y cuando dicha declaración se haya hecho por razones de fondo y, además, subsistan en la Carta las normas que sirvieron para hacer el juicio de constitucionalidad”.
Lo más seguro es que este Acuerdo tendrá el mismo final. Aquí lo que interesa es la plata, para contratos multimillonarios en procesos contractuales amañados. Esta es otra estafa contra los pereiranos, los mismos que se niegan a entender que les están haciendo paquetes chilenos, nos gobiernan deshonestos y estafadores. Esto no va a acabar.
