Jaime Cortés Díaz
El incremento de las acciones criminales por parte de los eufemísticamente denominados Grupos Armados Organizados (GAO), clasificados de manera caprichosa y ya sin el rótulo de “subversión política”, sino como auténticos generadores de violencia, evidencia un acelerado escalonamiento en su capacidad de intimidación, reclutamiento, incluido el infantil, y expansión territorial. Todo ello ocurre mientras la Fuerza Pública, debilitada en su capacidad de combate y en su moral, parece cada vez más cercada, secuestrada, humillada y sin posibilidad de reaccionar adecuadamente, además de carecer de una logística moderna que contraste con la del enemigo común.
Como se ha señalado en varios análisis, el Estado colombiano va perdiendo el conflicto. La vaga y desarticulada propuesta de “paz total”, con su promiscuidad de actores, muestra como único resultado verificable el fracaso, sirviendo de excusa para la codiciosa expansión de los GAO, cuyos objetivos, incluso en competencia a muerte entre ellos, impulsan la maquinaria de guerra: narcotráfico, minería ilegal y otras calamidades. Resulta ingenuo pensar que con exhortaciones morales los bandidos adquirirán una vocación cívica y patriótica que los transforme en ciudadanos pacíficos, incluso entregándoles el control político de los territorios y de más de 600 poblaciones municipales donde hoy están asentadas cuadrillas que, envalentonadas, se autodenominan “ejércitos populares”.
La demanda mundial de alcaloides garantiza que en Colombia siempre existirán productores y procesadores que, bajo la lógica de la violencia, sostendrán la oferta, así sus mandos deban ser reemplazados sin luto alguno ni derramamiento de lágrimas. El deterioro del orden público, la mayor preocupación ciudadana, según encuestas recientes, se expresa en una inseguridad creciente, acompañada de la expansión acelerada de los contingentes del terror. Investigaciones indican que entre diciembre de 2024 e inicios de 2025 estos grupos aumentaron en un 30 por ciento, alcanzando unas 27.000 personas entre armados y milicianos. La “paz total”, lejos de contener la criminalidad, ha sido un acicate para su fortalecimiento.
Ahora se pide la continuidad de los diálogos con el ELN, que incluirían un “cese al fuego”, hecho preocupante porque, como es sabido, ese pacto solo sería cumplido por la Fuerza Pública, mientras ese GAO lo violará abiertamente, anulando otra vez la capacidad de respuesta del Estado. La motivación más visible para retomar la negociación pareciera estar ligada al calendario electoral, pues un eventual cese permitiría la libre movilidad de esa organización y facilitaría campañas constreñidas en favor de candidatos de su interés.
Francisco Gutiérrez Sanín, antropólogo y politólogo de la Universidad Nacional, advierte, según Razón Pública (RP), que “cada vez estamos más cerca de un tercer ciclo de violencia colectiva, gestado desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016”. Aunque dicho acuerdo produjo un descenso temporal de la violencia política, esta se ha incrementado “desde 2019, al inicio del Gobierno Duque, tendencia que continúa en la administración actual”. No se trata del mismo escenario de los años noventa ni del mismo conflicto armado: hay continuidades y cambios (terrorismo, narcotráfico y minería ilegal) pero está lejos de ser el posconflicto imaginado, incluso en su versión parcial. “La tendencia, señala el experto, es francamente preocupante”. De ahí que se afirme en RP que “el péndulo político vuelve a la seguridad”, lo cual explica que muchos precandidatos presidenciales y aspirantes a corporaciones públicas planteen prioritariamente programas de mano dura acompañados de desarrollo social.
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) sostiene en un documento analítico que “la política de seguridad no es compatible con las actuales estrategias de los grupos ilegales”, y añade que, a diferencia del Estado, “ellos son ágiles para adaptarse a la ofensiva”.
Y como afirma el exviceministro de Defensa Rafael Guarín, “el desmonte de la lucha contra las drogas es inocultable y parece llevar al país a un punto de no retorno”.
Gran escrito Don Jaime.
Cuando hay tantas manos metidas el tema es enredado. La justicia social es el camino no para la paz sino el camino de la paz.
Es innegable que el dinero que manejan es considerable al igual que la intranquilidad en la que viven al saber que su vida siempre pende de un hilo , lo cual no es fácil, entrando en el dilema de que es mejor : Si enfrentar la ley o enfrentar la pobreza».
Tema complejo.
Feliz día