En Pereira, la gestión pública se ha transformado en un ejercicio de abuso sistemático contra el ciudadano. Desde hace décadas, las administraciones de turno se han dedicado a imponer cargas tributarias que ignoran la realidad económica de los contribuyentes. Hoy, la ciudad ostenta el penoso récord de tener las tasas más onerosas de impuesto predial e industria y comercio en el país. Durante años, en lugar de cumplir con la obligación técnica de mantener actualizada la base catastral, alcaldes y concejales prefirieron la vía del facilismo fiscal: ejecutar actualizaciones puntuales y elevar gravámenes para inflar las rentas propias, sin importar el impacto en el bolsillo de la gente.
Nada se ha hecho para estructurar tarifas progresivas que generen equidad. Por el contrario, la actualización catastral que entró en vigor en 2022 funcionó como un «torpedo» financiero que hundió a decenas de miles de deudores, quienes ya soportaban el peso de unos servicios públicos costosos que devoran sus menguados ingresos. Sin embargo, este aumento en la recaudación y el galopante endeudamiento no se traducen en dignidad. Pereira padece un déficit vergonzoso: infraestructura educativa precaria, sectores rurales consumiendo agua contaminada, miles de familias en zonas de riesgo y una red vial que es una trampa mortal para peatones y conductores por la falta de puentes, andenes y semaforización moderna.
La inversión en Pereira no sigue el interés general, sino las agendas de los financiadores de campañas. La corrupción ha viciado los procesos contractuales, donde los principios de planeación, transparencia y selección objetiva brillan por su ausencia. Para la muestra, el proyecto del Cable Aéreo: una obra ejecutada sin cierre financiero que hoy es un parásito presupuestal. Es inaudito que el costo mensual de la energía para su operación se esté cancelando con cargo a los ingresos del alumbrado público, desvío de recursos que evidencia la improvisación administrativa y la violación de principios legales.
Otro monumento a la ineficiencia es la primera etapa de la Avenida Los Colibríes. Esta obra, marcada por la cuestionable y corrupta gestión de la administración de Carlos Maya, permanece abandonada, sin concluir ni liquidar. El daño es doble: el acelerado deterioro de lo ya construido exigirá miles de millones adicionales de nuestros impuestos para su reparación, sumado a los pasivos ocultos que seguramente emergerán en el proceso de liquidación. Es un saqueo a plena vista que parece no tener responsables.
Capítulo aparte merece la Intersección de Corales. Con el tiempo emerge la negligencia: se licitó sin estudios de ingeniería actualizados, recurriendo a diseños del consorcio SIETE-PLANES recibidos en 2015. En una década, el urbanismo, el tráfico y la topografía de la zona cambiaron drásticamente, haciendo que esos estudios perdieran toda vigencia. Hoy, el municipio anuncia con ligereza que debe comprar al menos 16 inmuebles adicionales para ajustar rediseños que debieron preverse. Esto no es solo falta de pericia; es un desprecio total por los recursos públicos. Se requerirán varias decenas de miles de millones adicionales para su culminación, producto de la mediocridad de los funcionarios responsables.
El panorama para 2026 es de alerta máxima. Debemos prepararnos para nuevos cobros de valorización y otra actualización catastral, pues el apetito burocrático por dinero para financiar la segunda etapa de Los Colibríes y la Intersección de Corales es insaciable. Se percibe ya la intención de «cuadrar caja» mediante la privatización de Aguas y Aguas, la joya de la corona que muchos ambicionan. Mientras tanto, la ciudadanía guarda un silencio cómplice ante procesos oscuros como las concesiones de alumbrado público y el recaudo de Megabús, el fallido proyecto de la PTAR o los $31.500 millones entregados en el 2025 a la firma GPS para logística y Fiestas de Pereira. No incluyo los miles de millones en contratos de prestación de servicios para la búsqueda de referidos de María Irma y Franyela. La transparencia en Pereira ha muerto, y el costo de su entierro lo seguimos pagando nosotros.
Hola Carlos Alfredo, sobre tu artículo yo te sugiero simplemente recordar que por lo general los inocentes guardan silencio porque no saben, pero el silencio de los indolentes los hace culpables porque si saben.
Infortunadamente, para nuestra Pereira del alma, parece ser que los segundos prevalecen sobre los primeros.
Vulgarmente administrados en lo Público por un Cúmulo de Filipichines y Pueblerinos que Han Aterrizado en Pereira y que Traen Su Hidiocicracia Escaza para Descrestarse Ellos Mismos de Saberlo Todo y Ni Siquiera con alguna Mínima Investigación de Que Es lo que Realmente se Necesita Implementar en la Ciudad. Más bien Prefieren Estrangularla. Bandidos
Yo creo que en parte es complicidad y otra cobardía. Temor de reclamar y exigir transparencia y respeto por lo público. No es fácil salir de este lodazal.
Carlos: Qué le pasa a la ciudadanía de Pereira tan ausente, tan ajena a lo que pasa en la ciudad. O sabe uno si es indiferencia, ignorancia o complicidad.