Un gran amigo, con inocultable insidia, me compartió el video en el que –sin argumentos ni pruebas– se acusa al presidente Petro de ser quien ordenó a los exministros Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Fernando Velasco, del Interior, llevar la “mermelada” para que los parlamentarios le aprobaran sus reformas.
En respuesta, le dije a mi amigo que para poner las cosas en su justo equilibrio era necesario poner el retrovisor, no para absolver a este gobierno sino para no caer en las trampas retóricas electorales de estos tiempos.
Basta recordar el período gubernamental de Álvaro Uribe Vélez (2002 al 2010). Nunca antes –ni después–, como en este mandato, tantos funcionarios de alto nivel han sido condenados por delitos cometidos en ejercicio de sus cargos; delitos penales, además, de alta gravedad, como son: cohecho, peculado, concierto para delinquir agravado, abuso de autoridad, violación ilícita de comunicaciones y hasta homicidio.
Los funcionarios condenados en este periodo fueron: Alberto Velásquez Martínez, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y secretario de la Presidencia; Jorge Noguera Cotes, director del Departamento Administrativo de Seguridad; Sabas Pretelt de la Vega, ministro del Interior y de Justicia; Diego Palacio Betancourt, ministro de la Protección Social; Andrés Felipe Arias Leiva, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural; Edmundo del Castillo Restrepo, secretario jurídico de la Presidencia; y César Mauricio Velásquez Ossa, secretario de prensa de la Presidencia.
Durante el mismo periodo de Uribe, el Congreso de la República también quedó atravesado por decisiones judiciales de enorme gravedad. La Corte Suprema de Justicia investigó y condenó a una veintena de senadores y representantes a la Cámara –que por lo demás respaldaban el gobierno–, tras develarse sus vínculos con estructuras paramilitares y la comisión de delitos como concierto para delinquir agravado.
Entre los legisladores condenados, en este periodo, figuran: Juan Manuel López Cabrales, Ciro Ramírez Pinzón, Álvaro García Romero, Mario de Jesús Uribe Escobar, Rubén Darío Quintero Villada, Luis Eduardo Vives Lacouture, Javier Enrique Cáceres Leal, Estanislao Ortiz Serrano, Érik Julio Morris Taboada, Miguel Alfonso de la Espriella Burgos, Dieb Nicolás Maloof Cuse, Álvaro Araújo Castro, Mauricio Pimiento Barrera, Alfonso Riaño Castillo, Luis Alberto Gil Castillo, Óscar Josué Reyes Cárdenas, Jorge Luís Feris Chadid, Óscar Leonidas Wilches Carreño, Ricardo Ariel Elcure Chacón y Humberto Builes Correa, entre muchos otros.
Todos estos altos funcionarios y legisladores recibieron condenas que van desde sanciones económicas millonarias e inhabilidades para el ejercicio de cargos públicos hasta prisión intramural. Confirmando esto que no se trataron de hechos menores ni aislados, sino de una penetración sistemática de los poderes Ejecutivo y Legislativo por parte de organizaciones armadas ilegales.
Esta información no es un contrarrelato ni un juicio moral, son datos objetivos, consignados en registros judiciales, sentencias ejecutoriadas y archivos públicos.
De modo que, ante la crítica de mi amigo al actual gobierno, propongo activar el retrovisor, no para absolver a nadie, sino como una forma de evitar que la retórica política sustituya los hechos y que un sector político con graves antecedentes pretenda erigirse en árbitro moral del país.
Solo la memoria documentada –no el ruido mediático, ni los discursos electorales– nos permitirá distinguir entre manipulación y verdad histórica.
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* Periodista y corrector de estilo
