PROCEDIMIENTOS OSCUROS

En Pereira se ha vuelto paisaje la entrega silenciosa de lo público a manos privadas, cosa muy lucrativa para unos avivatos. El alcalde Mauricio Salazar, siguiendo los pasos de sus antecesores, ha optado por concesionar servicios esenciales bajo el manto de la «eficiencia» y la «modernización». Ya lo hizo con el alumbrado público, una jugada envuelta en contratos poco transparentes y beneficios dudosos para la ciudadanía. Ahora, la historia se repite con Megabús, el sistema de transporte masivo más importante de la ciudad. La contratación de una nueva interventoría, y ahora, la renovación del contrato de recaudo del dinero, ha sido duramente cuestionada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, que ha remitido en una carta de 12 páginas una ALERTA TEMPRANA a este proceso, por presunta fijación irregular y desproporcionada de requisitos e indicadores financieros que afectan los principios constitucionales de libertad de concurrencia, transparencia y participación.

Estas decisiones, que no son nuevas, es la manera como se ha corrompido la contratación pública, maquilladas con discursos técnicos y promesas de progreso, y posando de transparentes, tienen un patrón evidente: lo público se vuelve negocio de pocos, mientras la ciudadanía pierde el control sobre los servicios que financia con sus tarifas e impuestos. Lo más preocupante no es solo la concesión misma, sino la naturalización del abuso. Cuando el poder público actúa así, legitima un modelo de «legalidad selectiva», donde lo que está en regla depende más de quién lo firma que de su justicia.

En ese mismo ambiente, al ciudadano de a pie no le cuesta justificar sus propias trampas con la ley. El que se cuela en el sistema de transporte, el que vende sin permiso en la calle, o el que evade o paga por borrar sus impuestos, también dice: “todo está en regla” —aunque sea con documentos de dudosa procedencia o vacíos legales aprovechados. ¿Y quién podría culparlo, si la autoridad misma enseña que lo importante no es el bien común, sino saber mover las fichas?

Este doble estándar carcome la legitimidad institucional. Porque cuando las leyes sirven para blindar negocios oscuros, pierden su poder para regular la convivencia. ¿Cómo exigirle al ciudadano respeto por las normas si quienes gobiernan las doblan a su conveniencia?

Lo que está ocurriendo en Pereira no es solo una discusión técnica sobre contratos: es una disputa ética por el sentido y respeto de lo público. Es urgente recuperar la idea de que lo público es de todos, y por lo tanto, debe ser defendido con transparencia, participación y control social. Si no lo hacemos, seguiremos en una ciudad donde la ley se convierte en mercancía, y la justicia, en privilegio de quienes pueden pagarla.

Y mientras tanto, en la ciudad también se levantan ladrillos sin control, las normas y requisitos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se aplican de acuerdo a los intereses de unos avivatos. Todos guardan silencio ante la denuncia que presentamos por la construcción del coliseo multipropósito en un espacio público efectivo, cuyo uso solo puede ser modificado por el concejo, como son las canchas de Gamma, mediante maniobras torticeras al interior de la Secretaría de Planeación y su Comisión de Vías y Transportes, y el trámite de una licencia irregular en la ya famosa Curaduría Urbana No 1. En esta misma oficina se han tramitado licencias urbanísticas que hoy son objeto de controversia, y otras que no han salido a la luz pública. Como la licencia urbanística de un importante proyecto habitacional y comercial en la Avenida de las Américas, en etapa de terminación, que violentó la sección vial exigida por el POT, que es de 74 metros, y donde se apropiaron 9,50 metros, sin que el Supervisor Técnico del proyecto y mucho menos Control Físico hayan aparecido. Se está gestando un problema urbanístico de grandes proporciones, que incluso podría terminar en una orden de demolición.

¿Quién se beneficia de ese silencio institucional? ¿Quién autoriza en la sombra lo que en la norma está prohibido?

Este no es solo un llamado de atención. Es una advertencia: en Pereira se cocinan demandas de alto impacto, que podrían poner en evidencia la red de omisiones, intereses privados y negligencia pública que hoy erosiona la confianza ciudadana, y lesiona las rentas públicas. La ciudad merece respuestas, no pactos de silencio y compra de conciencias.