La crisis del sistema de salud que hoy atraviesa Colombia no es nueva. Aunque se ha agudizado desde 2022, los primeros pronósticos y advertencias sobre una crisis inminente datan de 2008.
Ese año la Corte Constitucional, en la Sentencia T-7, reconoció fallas estructurales en el sistema de salud y advirtió que, si no se reformaba su sostenibilidad estaría en riesgo. En 2011 frente a la Ley 1438, cuyo objeto fue “el fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud (…)”, la Contraloría General de la Republica y la Defensoría del Pueblo alertaron sobre la crisis que ya era evidente ante el desfinanciamiento hospitalario.
En 2016 un informe del Observatorio de la Salud de la Universidad Nacional advirtió que el crecimiento de la deuda hospitalaria haría insostenible el sistema e identificó una crisis silenciosa por el desvío de recursos y la falta de controles efectivos.
Entre 2017 y 2019, cuando más de una decena de EPS fueron intervenidas o liquidadas, el Banco Mundial y la OCDE advirtieron que el modelo colombiano, aunque con logros, tenía riesgos financieros crecientes y necesitaba mayor regulación y sostenibilidad.
La Pandemia del COVID-19 dejó al sistema al borde del colapso por el aumento de la demanda hospitalaria y también hizo visibles las precarias condiciones laborales del personal de salud, la falta de inversión y las desigualdades territoriales en el acceso a la atención.
A partir de 2022 la crisis es manifiesta e inocultable, informes de la Contraloría General, la Supersalud y la Procuraduría muestran las millonarias deudas de las EPS con clínicas y hospitales y la cartera hospitalaria creciendo a diario.
Resumimos lo anterior diciendo que, desde hace, por lo menos, 17 años, la actual crisis de la salud fue anticipada y diagnosticada y el país ha sido incapaz de solucionarla o, siquiera de atenuarla.
El pasado miércoles, 14 de mayo de 2025, la Dra. Olga Lucía Zuluaga, directora ejecutiva de Asociación de Instituciones de Salud de Risaralda, declaró a la prensa que la deuda total de las EPS con los hospitales de Risaralda asciende a 302 mil millones de pesos y señaló que: “Estamos viendo cómo la cartera sigue creciendo mes a mes. Más allá de las cifras, lo preocupante es que los usuarios, especialmente los más vulnerables, están siendo los más afectados”.
También denunció la grave escasez de medicamentos advirtiendo: “Tenemos pacientes diabéticos e hipertensos que podrían estar controlados, pero que hoy terminan hospitalizados o incluso en cuidados intensivos, simplemente porque no están recibiendo sus medicamentos. Estamos viendo un deterioro acelerado de la salud de los usuarios”
Lo dicho por la directora Zuluaga le da una dimensión humana a la crisis, pues la despoja de los montos millonarios que se deben entre los actores del sistema y nos deja en el cuadro la agonía de un paciente anónimo que siente como se le escapa la vida por falta de medicamentos y a sus allegados que, impotentes, no pueden esperar nada distinto de la muerte del ser querido.
Es evidente que nada podemos hacer ante el colapso del sistema nacional de salud y a esta altura nada nos soluciona señalar culpables, pero los risaraldenses si debemos preguntarnos: ¿Dejaremos ir a nuestros conciudadanos enfermos, sin intentar algo para ayudarles?
