La tramitología parlamentaria, la fragilidad macroeconómica y el pulso político determinarán si el Gobierno logra o no aprobar su ambicioso recaudo antes del cierre fiscal.
Mucho se ha escuchado este semestre sobre la nueva intención del Gobierno Nacional de sacar adelante una reforma al Estatuto Tributario, con el fin de recaudar recursos adicionales para el gasto público. No es un evento novedoso para la opinión pública: ya se ha vuelto común que, año tras año, los gobiernos intenten conseguir más “platica” bajo las banderas de la inversión social. La discusión, como es costumbre, se torna álgida, ya que son iniciativas que deben tramitar y aprobar el Congreso de la República.
Hace exactamente un año, el Gobierno intentó recaudar $12 billones adicionales, pero terminó sufriendo una derrota contundente en las comisiones económicas del Congreso. Para 2025, la meta es aún más ambiciosa: $26 billones inicialmente, cifra que se redujo a $16 billones tras la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2026, en donde se evidenció un extraño consenso político para bajar el monto en $10 billones.
Con el objetivo de recaudar ese dinero —que muchos califican como gasto de campaña camuflado bajo el rótulo de “inversión social”—, el Gobierno enfrenta una tarea titánica: aprobar el proyecto en primer debate en las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara, luego en las plenarias de ambas corporaciones, y eventualmente surtir el trámite de conciliación antes del 31 de diciembre de 2025.
¿En qué va el trámite? El proyecto fue presentado ante el Congreso en septiembre, pero solo hasta comienzos de noviembre se designaron los ponentes en las comisiones. Son ellos quienes deben construir el texto que se debatirá y votará en primera instancia. Este hecho, aunque parezca administrativo, tiene una gran carga política: la designación de ponentes suele ser un trámite rápido, pues las mesas directivas de las comisiones eligen congresistas de distintas orillas políticas para garantizar pluralidad. Que hayan pasado dos meses para hacerlo envía un mensaje claro del Legislativo al Ejecutivo: “vamos despacio”.
En el frente macroeconómico, septiembre y octubre dejaron varios elementos que han condicionado la discusión política de la reforma. La economía colombiana ha crecido alrededor del 2,5%, cifra que el Gobierno ha aprovechado para justificar un mayor gasto público. Las exportaciones agropecuarias registran un repunte, mientras que la inflación se ha estabilizado cerca del 5%, lo que llevó al Banco de la República a mantener inalterada la tasa de interés en 9,25%. El Ejecutivo ha sabido capitalizar este hecho, culpando al emisor de frenar la reactivación económica de los hogares.
Sin embargo, en materia fiscal, el panorama es mucho menos alentador: se proyecta un déficit fiscal del 7,1% del PIB para 2025 y una deuda pública superior al 60% del PIB. Esto ha generado inquietud en el Congreso, que no considera prudente aprobar un nuevo paquete de recaudo que, según varios sectores, terminaría financiando la imagen del oficialismo en plena antesala electoral, con poco impacto social real y alto costo político para los congresistas que lo respalden.
Ahora bien, ¿ cómo pinta el camino de la Ley de Financiamiento para entrar en vigencia el 1 de enero? Un buen punto de referencia es la reforma tributaria del año pasado, que fue archivada en su primer debate. La Ley 5 de 1992, reglamento del Congreso, establece que, para aprobar un proyecto en las comisiones económicas conjuntas, ambas deben votar afirmativamente. En aquella ocasión, la Comisión Tercera del Senado votó mayoritariamente por el NO, lo que bastó para hundir la iniciativa. Dado que la composición de las comisiones no ha cambiado sustancialmente, el escenario actual es similar: el Senado podría volver a ser el muro que detenga la reforma, pues el Gobierno no cuenta con mayorías allí.
Supongamos, sin embargo, que se logra un consenso y la reforma pasa su primer debate sin grandes modificaciones. El panorama en las plenarias es aún más complejo. En la Cámara de Representantes, el Gobierno podría tener los votos suficientes para aprobarla, aunque el debate será intenso. Pero en el Senado, donde las mayorías le son adversas y la mesa directiva no es afín al Ejecutivo, el proyecto podría encontrar su sepultura definitiva.
En cuanto a los tiempos, vale recordar que los ponentes fueron designados apenas en la primera semana de noviembre. No puede haber votación alguna hasta que presenten la ponencia, y la redacción de esta, incluso en modo exprés, tomaría al menos una semana. Luego vendrían la radicación, el anuncio y el debate en comisiones. Aunque el Congreso puede sesionar cualquier día calendario, la realidad política dicta que los congresistas no dejarán de hacer campaña para votar una reforma impopular: las sesiones efectivas se reducen a martes, miércoles y, con suerte, jueves por la mañana. En esas condiciones, noviembre se agota rápidamente, y las sesiones ordinarias terminan el 16 de diciembre.
Superado el primer debate, los ponentes deberán elaborar una nueva ponencia para las plenarias. Entre la aprobación en comisiones y el debate en plenarias debe mediar un mínimo de ocho días, tiempo que se usa para ajustes y reuniones políticas. La discusión en plenaria, además, puede alargarse por el uso de impedimentos, recusaciones, proposiciones y otras maniobras dilatorias.
Incluso si, por un milagro político, ambas plenarias aprueban el proyecto antes de finalizar el año, quedaría un paso más: la conciliación de los textos, en caso de que difieran entre las dos cámaras. La comisión conciliadora debe unificar el texto y someterlo nuevamente a votación en ambas plenarias. En este punto, el Senado podría volver a negar el texto, hundiendo definitivamente la reforma.
Los tiempos, entonces, son muy ajustados. El escenario descrito es el más favorable posible para el Gobierno, y aun así resulta apretado. No se han considerado eventuales retrasos en la construcción de ponencias, discusiones extendidas, falta de quórum o la simple ausencia de votos. El riesgo de archivo permanece latente tanto por el calendario como por la correlación de fuerzas políticas.
En contrapartida, el Ejecutivo tiene un recurso: convocar a sesiones extraordinarias después del 16 de diciembre. Sin embargo, ese escenario tampoco es alentador, pues muchos congresistas estarán de lleno en modo campaña hasta las elecciones de marzo, y la asistencia al Capitolio sería mínima.
En conclusión, durante los 16 días de sesiones ordinarias que restan, el Gobierno deberá mover toda su maquinaria política para capturar votos indecisos y acelerar el trámite. La oposición, por su parte, cuenta con las mayorías en el Senado y con el tiempo a su favor. Todo apunta a que, si la Ley de Financiamiento logra avanzar, lo hará entre polémicas que pondrán en entredicho su legalidad o legitimidad en algún punto del proceso legislativo.
Buen día Don Mateo. Gran escrito y en lo personal desconocía la dinámica de este proceso gubernamental.
El tema es complejo pero la habilidad y capacidad argumentativa de los ponentes le permitirá convencer a los indecisos y retener a los convencidos porque no se puede negar que muchos no votarán por órdenes recibidas , aunque se pretende que no sea así.
Tema complejo, mucho billete de por medio y en espera de los resultados.
Feliz día.
Buenas tardes. Consideré que era necesario darle un complemento a este escrito desde la caja de comentarios. Entonces, les comento que hoy fue archivada la ley de financiamiento por la comisiones económicas del congreso, dándose el escenario donde fue hundida por no tener la unanimidad de las comisiones en primer debate.