Jaime Cortés Díaz
La reconstrucción económica, física, alimentaria y política de Venezuela exige hoy algo más que voluntad política interna; requiere una arquitectura de cooperación internacional capaz de garantizar estabilidad financiera, confianza institucional, sistema eleccionario y seguridad territorial. En ese contexto, resulta conveniente y sensato contar con el apoyo de Estados Unidos, no como actor dominante, sino como socio clave en la garantía de los flujos de pago, la recuperación de la infraestructura productiva, la reinserción del país en los mercados globales y en el camino hacia la democracia.
La libertad inmediata de todos los presos políticos es fundamental. Luego, el primer desafío es económico; Venezuela necesita restablecer sus cadenas de suministro, asegurar la importación de alimentos e insumos médicos y reactivar su aparato productivo, comenzando por el sector energético. Para ello, la confianza es determinante. Sin reglas claras (pagos seguros), sin transparencia en el manejo de recursos y sin un esquema creíble de administración financiera (tipo fiducia), ningún plan de recuperación será sostenible. Aquí, el respaldo de Estados Unidos y de organismos multilaterales puede jugar un papel decisivo, no para sustituir la soberanía venezolana, sino para blindarla mediante mecanismos técnicos que salvaguarden el buen uso de los fondos, la trazabilidad de los ingresos y la inversión efectiva en bienestar social.
La dimensión material de la reconstrucción es igualmente urgente. Carreteras destruidas, redes eléctricas y gasíferas colapsadas; hospitales sin equipamiento y sistemas de agua en ruinas no se recuperan con discursos, sino con proyectos concretos, financiación estructurada y supervisión rigurosa. La cooperación internacional, bien diseñada, puede convertir este proceso en una oportunidad histórica para modernizar el país con criterios de eficiencia, sostenibilidad alimentaria y equidad territorial, evitando que se convierta en un nuevo ciclo de corrupción o clientelismo (es una ocasión participativa para la economía colombiana).
Pero ningún esfuerzo económico será duradero si no se acompaña de una estrategia seria de seguridad regional. Aquí aparece con fuerza la idea de un “Plan Colombia 2.0”, adaptado a la nueva realidad geopolítica. La amenaza es transnacional; las bandas narcotraficantes, los grupos armados ilegales y las redes criminales que operan en ambos lados de la frontera colombo-venezolana han convertido vastos territorios en zonas de muerte y desarraigo, erosionando la autoridad del Estado y sembrando violencia, corrupción y desplazamiento.
Un programa conjunto de seguridad fronteriza con ayuda técnica, inteligencia compartida y fortalecimiento institucional, sería uno de los mayores aportes a la pacificación definitiva y contundente de la región. El impacto positivo se reflejaría en empleo, inversión, infraestructura logística y cooperación en seguridad.
Sin embargo, todo este entramado solo será consolidado si se mantiene un principio innegociable: la soberanía venezolana sobre sus recursos y su destino político es absoluto. La colaboración internacional debe entenderse como un mecanismo de apoyo, no de apropiación; como un puente hacia la autonomía, no como una tutela indefinida. De lo contrario, cualquier esfuerzo de reconstrucción correría el riesgo de ser percibido como una nueva forma de intervención, reavivando viejas heridas históricas azuzando resistencias innecesarias en toda América Latina. Si se logra articular apoya financiero, modernización productiva y seguridad regional bajo el respeto pleno a la soberanía, el país no solo podrá salir de su crisis, sino convertirse en símbolo de una nueva etapa para la región, una donde la estabilidad se construya con democracia y la paz se consolide con justicia.
