Este 20 de junio/25, se aprobó en el congreso de la república la reforma laboral, después de un largo proceso iniciado prácticamente desde el arranque del gobierno del verdadero cambio, liderado por Gustavo Petro y Francia Márquez, y con la dirección inicial de la compañera GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS, a quien se le debe reconocer su liderazgo y trabajo, ahora que la reforma laboral es ley de la república.
Para llegar a este resultado, a esta gran reconquista de derechos laborales, es necesario recordar de nuevo, que fue la Comisión Séptima del Senado, la que premeditadamente y en forma artera, decidió archivar el proyecto de ley que le llegó de la Cámara de Representantes. Este fue el detonante de lo que podríamos llamar un salto de calidad en el debate, pues el mismo, pasó de la trampa y la encerrona de la ultraderecha atrincherada en la Comisión de marras, a las calles, al pueblo trabajador, campesino, a las movilizaciones de todo tipo.
El encargado de encarar el debate en los términos de movilización popular fue el propio Presidente Petro, quien inmediatamente supo del pretendido entierro de segunda a la reforma, anunció la convocatoria de una consulta popular por iniciativa gubernamental.
Liderando la movilización popular el presidente popularizó instituciones jurídicas previstas en la Constitución Política de 1991, como son la soberanía popular, el constituyente primario y la participación ciudadana, instituciones donde quien lleva la voz cantante es el pueblo.
Y aquí es donde la ultraderecha enquistada en el congreso, vociferó por todos los medios, que Petro quería trastrocar “la democracia colombiana”, eternizarse en el poder e instaurar una dictadura. Siempre con la prédica del miedo.
En el fondo, lo que hay de por medio, es un miedo infinito de esa élite a la participación directa del pueblo en la decisión de los asuntos que le son propios, como son los derechos laborales y la dignidad en el trabajo. Claro, acostumbrados como están, a actuar en la sombra, o imponiéndose como mayorías en el legislativo para propinarle duros zarpazos a los derechos e ingresos de los trabajadores, como ocurrió con la ley 789 de 2002, liderada por el entonces presidente Uribe Vélez. En aquella ocasión, no pudimos los trabajadores impedir el golpe que significó esa reforma o ley 789/02.
Daba mucha satisfacción oír a campesinos, trabajadores, aprendices el SENA, madres comunitarias, al pueblo raso, hablando y diciendo: Nosotros somos el constituyente primario y si la derecha se atraviesa para impedir la reforma laboral, haremos uso de ese derecho, y como dice el presidente: el pueblo es el que manda. Es que donde el pueblo se moviliza, la derecha tiembla.
Pero el presidente Petro sabe que el país y el pueblo reclaman más democracia y la realización de sus derechos, y por ello no ha dudado en anunciar que en las próximas elecciones, probablemente en marzo de 2026, pedirá que se inserte una papeleta adicional, donde se le pregunte al pueblo si quiere que se convoque una asamblea nacional constituyente, para rediseñar el ordenamiento jurídico constitucional en el cual no sea una ilusión, sino una realidad, el Estado Social de Derecho, proclamado en la CP de 1991.
Ante un congreso dominado por una élite de derecha y atravesado para impedir los cambios que se requieren, el pueblo debe actuar como constituyente primario, como dice la Constitución Política de 1991, o como se dice en términos políticos: el poder popular.
