Uno de los factores que más diferencia las naciones desarrolladas es la formalidad laboral porque a través de ésta se reducen las vulnerabilidades de la población al permitir su acceso a los sistemas de seguridad social (salud y pensiones). Adicionalmente, las empresas y los trabajadores formales contribuyen al sostenimiento del Estado a través del pago de impuestos y contribuciones. En el largo plazo la estabilidad laboral permite la formación del recurso humano lo que contribuye a mejorar los niveles de productividad y competitividad de un país.
Por lo anterior preocupa que Colombia es uno de los países con mayor informalidad laboral en América Latina según los estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El país ocupa el segundo lugar en informalidad laboral después de Uruguay.
Las reformas en el país deberían evaluarse con base en su capacidad para generar o destruir empleo formal. Colombia tiene una alta informalidad laboral, según el Departamento Nacional de Estadística (DANE) para el periodo de agosto a octubre la informalidad laboral en el país es del 55,4%. Un porcentaje muy similar al del año pasado que fue del 55,6%, es decir, no se ha avanzado nada.
En Colombia no se ha logrado superar las limitaciones estructurales para que el empleo formal crezca. Tampoco se han cerrado las brechas de género y de regiones. Las principales áreas metropolitanas del país registran tasas más bajas de informalidad laboral que otras ciudades intermedias o capitales de regiones periféricas. El último reporte del DANE muestra que la informalidad laboral continúa afectando más a las mujeres que a los hombres.
Por último, se espera que no primen medidas populistas que terminen desestimulando la generación de empleo. Los altos costos laborales y falta de flexibilidad laboral afectan sobre todo las pequeñas empresas y el empleo en las regiones donde más se necesita.
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A todos los lectores de esta columna les deseo una Feliz Navidad y un Prospero 2026.
