Hago parte de una generación marcada por una regla implacable en la niñez: “todo niño paga”. Esta norma se impuso en época de familias numerosas, donde montar en bus, entrar al circo o disfrutar de la rueda de “Chicago”, representaba un desafío financiero para nuestros padres. La estrategia de supervivencia era casi universal: intentar hacernos pasar por infantes para evitar el pago de una boleta. Sin embargo, la picaresca infantil sucumbió ante el ingenio de los prestadores de servicios, quienes instauraron una métrica objetiva: la famosa raya pintada en los marcos de las puertas. El veredicto era inapelable; si la cabeza superaba la marca, se pagaba el costo total, así se frunciera el ceño o se intentara encoger el cuello. Atrás quedaron las épocas de pasar por debajo del torniquete o entrar a las funciones como «infante de brazos». Y hasta pasar “por debajo de la registradora” al ingreso de los buses urbanos.
Traigo este recuerdo para cotejarlo, guardadas las proporciones, con las reglas criminales que se han enquistado en la función pública colombiana. Hablo de los procesos de contratación estatal, diseñados constitucionalmente para el cumplimiento de fines sociales, pero convertidos hoy en un mercado de peajes ilícitos. Si analizamos la historia reciente, observamos una evolución perversa en cifras. Hace unos 40 años, la corrupción era un susurro temeroso; se señalaba con asombro algún proceso donde se hubiese pagado comisión del 2% o 3% para su adjudicación. En aquel entonces, los trámites ante tesorerías o contralorías, solían sortearse con la compra de un bono o una suma pequeña. Incluso, el contratista honesto, podía resistirse al chantaje informando al jefe de la dependencia, aceptando como castigo una demora de 15 días en su pago. Cada cual asumía las consecuencias en un entorno que aún permitía la dignidad.
Hoy, ese panorama ha sufrido una deformación estructural. Las transgresiones se acentuaron con la elección popular de alcaldes y gobernadores, y el poder corruptor de congresistas, avance democrático, capturado por estructuras de poder regional. Los partidos tradicionales impusieron la lógica de la «inversión» en campañas. El candidato ganador llegaba al poder con el compromiso ineludible de poner la estructura de gobierno al servicio de sus aportantes. En este escenario, los profesionales que no participaban en ese financiamiento quedaban literalmente «en el asfalto». Eran períodos de cuatro años de exclusión, lo que alimentó una espiral alcista: para asegurar el trabajo futuro, había que aportar más dinero en la próxima campaña. El control del gobierno se volvió un botín que debía obtenerse a cualquier costo.
Como todo fallo sistémico que no se corrige, el mal se agravó. La necesidad de controlar los grandes negocios del Estado, atrajo el capital del narcotráfico a la financiación política. Con rabia vemos cómo altos servidores públicos ofrecen hoy contratos a firmas o profesionales liberales previo el pago desvergonzado de comisiones que oscilan entre el 15% y el 20%. Lo más doloroso es que muchos colegas expresan hoy, sin ruborizarse, que trabajan bajo la tutela de determinado político que les «garantiza» la adjudicación de proyectos. Esta actividad delincuencial ha socavado los cimientos de profesiones nobles como la ingeniería, la arquitectura y el derecho. El rigor del cálculo ha sido reemplazado por el cálculo del soborno.
Debemos reconocer que, bajo las condiciones actuales, el poder corruptor de estas mafias parece incontrolable. La inactividad laboral del profesional honesto es el gran triunfo de la corrupción. Estamos transitando hacia un país inviable donde la meritocracia es un mito. Por ello, es imperativo tomar decisiones y hacernos escuchar. Hay que sacudirse el miedo y exigir medidas que protejan nuestros derechos. La sociedad no puede asistir impasible al saqueo de las rentas públicas a través de licitaciones amarradas y contrataderos. No podemos seguir acumulando obras inconclusas y personal de obra sin salarios y seguridad social, mientras los políticos exhiben riquezas mal habidas sin pudor alguno. Debemos reclamar justicia y el fin de la impunidad.
Los buenos y juiciosos profesionales egresados de universidades públicas y privadas, que hoy viven días difíciles ante la ausencia de garantías para participar en procesos públicos, deben ser declarados formalmente como víctimas, los corruptos deben rendir cuentas. El gobierno debe convertirse en su defensor y velar por el restablecimiento de sus derechos. La ingeniería no puede seguir siendo el mecanismo de lavado de la corrupción. Es hora de que nadie más tenga que pagar ese humillante peaje del 20%. Ni ningún peaje.
