El delito de traición a la Patria está regulado entre nosotros por el Código Penal. Es un acto de deslealtad hacia el país, manifestado de diversas maneras e implica acciones que atenten contra la integridad territorial, afectación de la soberanía o fraccionamiento de la unidad nacional, Así descrito, el ejercicio presidencial de Gustavo Petro desde su inicio, el 7 de agosto de 2022 hasta la fecha, está enmarcado de manera clara y contundente dentro de esta causal, manteniendo en vilo a la sociedad colombiana. Si traición a la Patria, no es el llamado al pueblo a sublevarse para manifestar su rechazo a la negativa del Senado de la República a aprobar la Consulta Popular presentada por el Gobierno, ¿cómo podría entonces llamarse? Si desconocer las decisiones del Poder Legislativo, señalándolo de entorpecer el cambio que a su juicio el país requiere, estigmatizando a los senadores que votaron en contra de la Consulta Popular ¿no es un franco enfrentamiento con una de las ramas del Poder Público al que está llamado a respetar? Igual, las sentencias proferidas por las Cortes que afectan sus decisiones, cuando no las controvierte se niega a cumplirlas, ¿no son actos que ponen en entredicho el armónico entendimiento que debe existir entre el Ejecutivo y esta otra importante fuerza de Poder? Los continuos actos de corrupción dentro del actual Gobierno, que bien pudiéramos señalar como “concierto para delinquir” y cuya acción como tipo penal nos remonta al Código Penal de Napoleón de 1810, que en su artículo 265 aludía a la “banda organizada” como lo es el Gobierno Petro, no nos indica un claro acto de deslealtad gubernamental? ¿Acaso, al tomar posesión del cargo de Presidente de la República no juró cumplir con la Constitución y leyes que nos rigen? Es la Constitución la norma de convivencia básica, primaria y fundante que organiza la sociedad y la dota de preceptos normativos para su cabal desenvolvimiento, preservando el Estado Social de Derecho, que es una transformación histórica del Estado liberal que a su vez evolucionó del Estado absolutista, desarrollado en los siglos XVI y XVII en los principales centros políticos de Europa, en el que el monarca administraba, legislaba y ejercía justicia sin rendir cuentas a otra autoridad. Tal concentración de poder era fuente de arbitrariedad y abuso de poder. Y eso, es lo que Petro entiende le fue entregado en las urnas el 19 de junio de 2022, al vencer a Rodolfo Hernández en una apretada segunda vuelta. Su distorsión total de la realidad, producto del excesivo consumo de “cafeína” según él, y como pudo presenciarlo el país en su enrevesada perorata de Barranquilla, ha hecho saltar todos los límites posibles de nuestro Estado Social de Derecho, creando confusión y desorden institucional. Que un presidente convoque a marchar en contra de una de las tres ramas del Poder Público, no es solamente insólito. Es, sencillamente un delito y se llama traición a la Patria. Su juramento de respeto a la Constitución permanentemente ha sido violado y con él ha trapeado el honor de la República, colocándola con su comportamiento adictivo en mayúscula vergüenza ante el mundo. ¿Cuál fue el costo económico que el país pagó por esta irresponsabilidad de paro nacional? El Congreso está en mora de iniciarle el juicio político por indignidad y la Corte Suprema de Justicia, de exigirle a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, el trámite correspondiente.
Alberto Zuluaga Trujillo. Alzutru45@hotmail.com
Así es Dr Alberto ,la corte Constitucionsl y el Congreso están en mira de es juicio necesario ante la patanería social y de irrespeto al país que está obligado a respetar,necesitan esta instituciones no dar más vueltas sino asumir sus obligaciones para lo que fueron elegidas.