Jaime Cortés Díaz
La Alianza Nacional Popular (ANAPO) no nació como un movimiento político de izquierda. Su fundador, el General Gustavo Rojas Pinilla, era un creyente de la doctrina conservadora en la que se formó en su hogar boyacense, con firmes convicciones cristianas. En las elecciones presidenciales de 1970, al ser derrotado por un presunto fraude, surgió entre jóvenes radicales un brazo armado denominado M–19, en conmemoración del 19 de abril, día de las votaciones en que el triunfo fue adjudicado a Misael Pastrana Borrero.
La ANAPO, con un único mando, reunía dos corrientes provenientes de militantes conservadores y liberales, los mismos que habían elegido un Congreso con mayoría suficiente. El anuncio preventivo de las acciones del naciente grupo fue difundido por medios periodísticos, de forma eufemística, como si se tratara de un “medicamento” para combatir “la gusanería”, apelativo despectivo dirigido a los líderes de los partidos tradicionales y del Frente Nacional.
Los integrantes del M-19 se inspiraron en la idea de que un cambio social solo era posible mediante la lucha armada, pues desconfiaban de la vía democrática, percibida por ellos como manipulable. A este malestar se sumó la insatisfacción de sectores anapistas decepcionados de su líder por no haber llamado al pueblo a levantarse en asonadas incendiarias y mortales; decisión que, por el contrario, mostró a Rojas Pinilla como un patriota consciente.
A ese núcleo inicial se unieron exintegrantes de las FARC y de la JUCO, de donde provenían sus jefes Jaime Bateman e Iván Marino Ospina. No obstante, como relató uno de sus cuadros de mando, Everth Bustamante, “el origen del M-19 es democrático, no marxista-leninista”. Más bien podría decirse que sus dirigentes eran “rebeldes sin causa o sin excusa”, inflados de protagonismo y dispuestos a aprovechar el desconcierto, la desazón y la ira de los votantes anapistas para orientar esa frustración hacia guerrillas urbanas de ideología incierta, pero con métodos claramente terroristas. El punto de quiebre fue el macabro asesinato del líder obrero de la CTC, José Raquel Mercado, en 1976.
Hoy, cuando el presidente Petro habla de marxismo-stalinismo y otras yerbas, reclama para sí un supuesto “histórico puesto mundial” mientras enarbola banderas, incluso la del M-19, y símbolos proscritos por ser emblemas de violencia y sometimiento contra los ciudadanos y las instituciones democráticas. Su habilidad para la mentira y para acumular promesas incumplidas con afán desestabilizador resulta evidente, pues antepone su figura mesiánica y un desorden ideológico de tierra arrasada contra la “codiciosa oligarquía, blanquita y epulona”, con el aplauso de esbirros agraciados y de aquellos que Alfonso López Caballero denomina “los excluidos de siempre” (“los ninguneados”).
A esta crisis se suma una reciente investigación de Caracol que reveló un episodio altamente sensible para la seguridad nacional: la interceptación e infiltración de comunicaciones internas atribuidas a Iván Mordisco y alias Calarcá, dos de los principales cabecillas de las disidencias de las FARC. Según la denuncia periodística, se habrían obtenido correos electrónicos, mensajes y documentos estratégicos que exponen la estructura, los planes operativos y las tensiones internas de esa organización. Entre los hallazgos se mencionan órdenes de expansión territorial, lineamientos de reclutamiento, directrices para el control de economías ilegales y comunicaciones que evidenciarían interés en influir en agendas políticas locales mediante presiones o alianzas oportunistas.
El caso también generó preocupación por posibles fallas dentro de las instituciones del Estado, pues la filtración sugiere que actores internos o externos estarían facilitando información sensible a los jefes criminales. La revelación abrió un debate sobre la vulnerabilidad de las comunicaciones oficiales, la capacidad real del Estado para contener la expansión de estos grupos y los riesgos derivados de la fallida política de “paz total”. Estos hechos revelan una amenaza creciente y ponen en duda la efectividad del aparato de inteligencia colombiano y de la morosa Fiscalía actual.
