Colombia es uno de los países con mayor desempleo en Latinoamérica y esa debería ser, cuando menos, una alarma que invitara a tomar decisiones contundentes que mejoren la situación. Una reforma laboral no puede ser mirada bajo el único y exclusivo prisma de la política. La suerte del actual proyecto que cursa en el Congreso de la República parece tristemente definida. Huele a gladiolo y esa no es la expectativa que tienen los colombianos. Independientemente de la imagen perversa que está logrando el actual gobierno hay que reconocer y valorar que en el contexto de reforma hay muchas decisiones importantes que son positivas para el país. Lejos de archivar el proyecto el Congreso debería modificarlo a partir de mesas de concertación que superen las coyunturas políticas. A la oposición no debería caberle duda alguna sobre la urgencia de decisiones cruciales en materia laboral. El país las necesita y no es cuestión solamente de «derechas» o «izquierdas».
Como principio fundamental debería aceptarse el concepto de asegurar condiciones dignas para los trabajadores pero con reglas que no desmotiven la contratación formal. Y particularmente temas álgidos y difíciles como aumentar el recargo dominical a los trabajadores, así como el recargo nocturno, deben mirarse con retrovisor. Son derechos que les fueron arrebatados a los trabajadores en el 2003 sin que la decisión mejorara las condiciones de desempleo del país. Se obtuvo un beneficio exclusivo para los empresarios. Claro que hay implicaciones económicas en la reversión de la decisión, pero puede obtenerse un acuerdo entre las partes que salve el tema.
Otras propuestas de la reforma solo pueden verse con criterio positivo: que el salario mínimo dependa del tamaño de la empresa y de las regiones facilitaría que los sectores y territorios con menor desarrollo puedan generar empleo sin comprometer la viabilidad de las pequeñas empresas del país; el contrato a término indefinido como regla general de la contratación brinda garantías laborales; el incremento en la indemnización por despido sin justa causa no debería preocupar a los empresarios si se aprueba el establecimiento de procesos disciplinarios más rigurosos para que en la imposición de una sanción el empleador le dé la oportunidad al trabajador de ser oído y la Ley laboral establezca también etapas específicas que deban seguir ambas partes —la reforma busca establecer un proceso mucho más riguroso con un mínimo de siete etapas para estos casos—.
Actualmente el contrato para aprendices del SENA no tiene una naturaleza laboral y, por tanto, no se puede hablar de una relación empleador–trabajador, excluyéndose entonces todas las obligaciones y acreencias laborales que se desprenden de un contrato de trabajo. Tampoco debería verse con malos ojos su formalización.
Otro de los puntos más sonados de la reforma laboral es el relativo al cambio de horario del trabajo diurno que pasaría a ser desde las 6:00 am hasta las 7:00 pm, y el trabajo nocturno que pasaría a ser desde las 7:00 pm hasta las 6:00 am. En la actualidad el diurno es el que se realiza entre 6:00 am y 9:00 pm y el nocturno el realizado entre las 9:00 pm y las 6:00 am.
Hundir la reforma es un «harakiri» y algo así como «vender el sofá». El país requiere con urgencia medidas que impulsen el empleo. Siempre las decisiones en esta materia implican un forcejeo entre empleadores y trabajadores que el país en épocas anteriores ha sabido sortear. No es hora para pataletas ideológicas.
