La captura y extracción de Nicolás Maduro abren en Venezuela un escenario tan decisivo como frágil. No se trata únicamente del fin de una figura que ha concentrado el poder durante más de una década, sino del riesgo inmediato de que el colapso del mando derive en caos, retaliaciones o una prolongación encubierta del mismo régimen bajo nuevas formas. La historia latinoamericana demuestra que la caída de un líder autoritario no garantiza, por sí sola, el retorno a la democracia.
El punto central no es únicamente la salida del dictador Maduro, sino qué ocurrirá después. Venezuela carece hoy de un plan explícito, consensuado y verificable de transición política. Y ese vacío es terreno fértil para los mismos ardides que el oficialismo ha utilizado reiteradamente: negociaciones dilatorias, acuerdos parciales sin cumplimiento, falsas aperturas electorales y cooptación progresiva de instituciones supuestamente neutrales. Ganar tiempo ha sido, hasta ahora, la principal estrategia del poder.
Una transición pacífica, si se quiere evitar una tragedia mayor, no puede ser indefinida ni exclusivamente simbólica. Debe contemplar, aunque resulte incómodo, la participación de actores del establecimiento, no como vencedores, sino como piezas necesarias para desmontar un aparato que aún controla armas, recursos y estructuras territoriales. La exclusión total podría empujar a sectores armados o parapoliciales a una resistencia violenta que los opositores, desarmados y exhaustos, no están en condiciones de enfrentar.
Hablar de confrontación armada en Venezuela no es hablar de guerra civil clásica, sino de masacres asimétricas. No existe equilibrio de fuerzas. La oposición no dispone de milicias, ni de respaldo militar interno suficiente, ni de una estructura logística que sostenga un conflicto. Cualquier escalada violenta recaería, como siempre, sobre la población civil, ya empobrecida, desplazada y sin protección institucional.
Por ello, la salida democrática pasa de modo inevitable por elecciones generales transparentes con vigilancia internacional, partiendo de un reinicio real del sistema votacional, teniendo un nuevo Consejo Nacional Electoral, depuración del registro de sufragantes, observación técnica independiente y garantías efectivas para candidatos y electores. No urnas diseñadas para legitimar lo ya decidido, sino un proceso desde cero que devuelva sentido al voto. En ese escenario, María Corina Machado aparece como una figura ineludible, no solo por su liderazgo opositor y su capacidad de movilización, pues ella representa, para amplios sectores ciudadanos, una ruptura contundente con el régimen que colapsó al país. Su eventual candidatura, si se habilitan condiciones reales de competencia, podría canalizar una demanda de cambio que hoy corre el riesgo de dispersarse en frustración o radicalización.
Pero ningún liderazgo individual basta sin reglas claras. La comunidad internacional, que algunos desprecian y la niegan, durante años osciló entre sanciones simbólicas y negociaciones estériles, tendría que asumir un papel más coherente, tal como acompañar una transición breve, verificable y previo cronograma con el propósito de no administrar la prolongación del conflicto bajo la retórica del diálogo permanente, sino hacerlo con el compromiso efectivo de todas las partes, incluyendo empresarios y sectores militares que deben ser incorporados responsablemente al proceso.
Venezuela se encuentra ante un umbral histórico. El peligro no es solo que la usurpación sobreviva, sino que su eventual caída desemboque en un vacío peor. Evitarlo exige realismo político, responsabilidad moral y, sobre todo, la convicción de que la democracia no se impone por desgaste, sino que se construye con reglas, tiempos y garantías. El país no resiste otra promesa incumplida.
