EL ALUMBRADO PÚBLICO, EL GRAN NEGOCIO

Nuestro cobarde silencio, legitima los tenebrosos y pésimos procesos de privatización y concesión que diferentes alcaldes han realizado con las empresas de servicios públicos domiciliarios, el servicio de alumbrado público, y el aeropuerto Matecaña. Nos acostumbramos a perder, callar y tolerar los abusos cometidos. Son muchas las cuartillas que tendríamos que escribir para relatar y analizar las tropelías y negociados en la mayoría de estas oscuras negociaciones.

Ejemplo reciente: La concesión del aeropuerto Matecaña, celebrada con CSS Constructores en 2017, socio en el contrato Ruta del Sol de Odebrecht y Corficolombiana, le cuadraron el cierre financiero con el Otrosí 4, firmado el 11 de julio de 2018 y publicado en el Secop I, el 13 de junio de 2021. Lo escondieron tres años, pues esta firma no era sujeta de crédito bancario por estar involucrada en la corrupción famosa de Odebretch, y le permitieron que las obras no fueran financiadas con crédito bancario, como lo exigía el pliego de condiciones, sino, con recursos propios y la caja del aeropuerto, a cuenta gotas. Les salió regalada la concesión. Nadie investiga, los responsables de esta grave irregularidad, hoy protestan contra la corrupción. Nacieron aprendidos.

Actualmente se encuentra en “estudio para su adjudicación”, el proceso licitatorio para concesionar el servicio de alumbrado público, incluyendo, administración, operación, mantenimiento, modernización, expansión y desarrollos tecnológicos asociados al alumbrado público; así como la iluminación ornamental y la navideña. El plazo de este nuevo negocio es de 25 años. La última concesión celebrada con ENELAR a 20 años, se finalizó en el 2014 por sentencia del Consejo de Estado, por violación de la ley. En el proceso de liquidación el municipio les pagó no menos de $11.000 millones, recibimos a cambio un sistema vetusto y con no menos del 65% de las luminarias en obsolescencia. Entre el año 2015 y 2024 a cambio de recibir un pésimo servicio de alumbrado, los pereiranos cancelamos en pesos corrientes $208.636 millones. Plata es plata.

El municipio es el responsable de la prestación de este servicio, y puede optar por prestarlo directamente o mediante concesión. Si decide concesionarlo debe tener un estudio que indique y demuestre que esta modalidad es eficiente o necesaria para su ejecución. En cumplimiento del artículo 351 de la Ley 1819, el municipio debió contratar el Estudio Técnico de Referencia ETR, ejecutado por personas o firmas competentes, y ser publicadas en la página web del municipio, para conocimiento y comentarios de la ciudadanía. Debe determinar los costos estimados de su prestación, su estado actual, en cuanto a infraestructura, cobertura, calidad y eficiencia. Definir las expansiones en armonía con el POT, costos desagregados del servicio y sus periodos de revisión, no mayores a 4 años. El publicado no tiene firma responsable. ¿Quién lo ejecutó? ¿Lo regalaron?

A juicio de algunos ciudadanos, este proceso, no es transparente, y lo que es más grave, es ilegal, e inconveniente. Una ilegalidad radica en que el Acuerdo 32 del 2000, que autoriza el cobro actual del servicio perdió su vigencia, pues gozaba de un año a partir de la expedición del decreto reglamentario para que estuviera en armonía con la nueva ley, nunca se modificó o sustituyó. Otro más contundente, la ley modificó el Hecho Generador del Impuesto, norma que no cumple el 32 del 2000.

Es necesario que el Alcalde de la ciudad explique las razones por las cuales vamos a entregar nuevamente en concesión este servicio, sin tarifa aprobada, y lo más grave, con el ingreso anual actual, el concesionario en 25 años recibirá 2.5 billones de pesos. ¿Cuál es el afán de entregar en concesión este servicio, que tiene un excelente recaudo de impuestos?

Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro