El vencimiento de términos que generó la excarcelación de quienes habían sido detenidos por la gigantesca defraudación de dineros invertidos en la construcción de la primera etapa de la Avenida de los Colibríes, que en nuestras cuentas suman $19.773.060.242, equivale al 38% de la inversión hecha por el Municipio, faltando aún conocer el destino del anticipo que fue de $12.745 millones, el 40% del precio del contrato, entre otros propósitos, para adelantar la gestión predial, cuando a marzo de 2024 sólo había dos predios escriturados y nueve en proceso de compra, de los 57 que serán afectados por la vía.
Los dineros perdidos son las sumas que pagaron al erario municipal ciudadanos del común, como pensionados y modistas, en ocasiones descompletando lo del mercado, para cubrir el impuesto de una vivienda modesta, y los propietarios de los estratos 5 y 6 que debieron hacer equilibrio entre el pago de la cuota hipotecaria y el impuesto predial. Lo mismo los impuestos del tendero de barrio y del dueño del supermercado, pagados bajo la angustia de descompensar la nómina.
Lo ocurrido es también una prueba irrebatible de la incapacidad de nuestro aparato judicial para derrotar la impunidad por hechos de corrupción.
Las excusas del debido proceso suenan huecas si consideramos que buena parte de los 240 días que la Ley señala entre la acusación y el comienzo del juicio, el lapso entre diciembre de 2024 y abril de 2025; transcurrió mientras la sala competente del Tribunal Superior resolvía si unas supuestas víctimas que, de acuerdo con informaciones de prensa, no estaban legalmente identificadas y cuyo abogado no había presentado un poder suficiente; eran, o no, admitidas al proceso. La semejanza con una maniobra dilatoria confunde y asombra.
El referirse a este escándalo, que ya es de relieve nacional, el periodista Yohir Akerman en la edición Revista Cambio que está circulando, concluye: «Porque, si algo deja claro este caso, es que, cuando el Estado fracasa no por falta de pruebas, sino por falta de voluntad o pericia jurídica, el mensaje es devastador: el vencimiento de términos se convierte en la mejor estrategia de defensa en Colombia, el delito no necesita abogado cuando la negligencia se disfraza de legalidad, y la impunidad no sólo avanza, sino que se desliza sin ruido y escapa de los tribunales como un colibrí que aletea sus alas tan rápido que ni la justicia lo puede rozar.»
La percepción negativa sobre nuestra justicia, que en los pereiranos ha dejado este episodio, no se revertirá ni fácil ni pronto. Y la posibilidad de que no haya castigo, consecuencia de la oportunidad que ahora tienen los implicados de evadir una eventual condena trasladándose a un país sin tratado de extradición con Colombia, producirá la sensación de que robar el erario no tiene consecuencias graves.
Lo ocurrido es especialmente decepcionante para VIGÍA Cívica que desde 2022 ha mantenido atenta al desarrollo del contrato de construcción de la primera etapa de la Avenida de los Colibríes. Nuestra primera queja, en el segundo semestre de 2023, fue a la Contraloría Municipal de Pereira, por la evidente divergencia entre el porcentaje de avance de las obras que informaba la Alcaldía y lo que encontrábamos en nuestras visitas a la obra, confirmada por tres fechas de terminación incumplidas.
En diciembre de ese año, pedimos la intervención excepcional de la Contraloría General de la República, CGR, que, en enero de 2024, acogió nuestra petición acumulándola a una similar presentada por el Representante a la Cámara por Risaralda, Alejandro García.
En junio de 2024 acompañamos la visita a la obra del Vicecontralor General y del Contralor Delegado para infraestructura de la CGR, esto ocurrió cuando ya habían parado los trabajos de la Avenida y el alcalde Salazar había escenificado su “show” mediático de marzo, por lo que, además del incumplimiento del contrato de construcción, pudimos mostrar a los funcionarios el evidente abandono de lo construido, hecho por lo que la Contraloría pidió explicaciones al Municipio.
Abandono que, además de la excarcelación de los implicados en el caso penal, marca la triste suerte de la muy indispensable vía municipal que debería unir la centralidad de Pereira con su zona occidental. Han transcurrido quince meses desde que el alcalde de la ciudad, Mauricio Salazar, declaró, con singular vehemencia, su intención de convocar a las aseguradoras que ampararon al contratista de la vía para que respondieran por el incumplimiento del contrato y también su intención de terminar la primera etapa de la Avenida de los Colibríes.
Hoy las pólizas están vencidas y buena parte lo que se había construido está arruinado, al punto que será necesario rehacerlo, porque no se tomaron las medidas necesarias para preservarlo y se ha omitido la obligación perentoria de contratar la terminación de esa primera etapa. Es una omisión activa no actuar frente a la obra no concluida y además en trance de deterioro, que está teniendo efectos reales, tangibles y a la vista pública y es, además, una decisión administrativa con consecuencias jurídicas que agrava el daño existente y lo convierte en un nuevo detrimento patrimonial.
Sobre esta obligación perentoria copiamos un aparte del pronunciamiento de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, del 28 de marzo de 2017, con el número único: 11001030600020170004200, sobre el caso del Túnel de la Línea: «En concepto de esta Sala, celebrar un nuevo contrato para culminar las obras faltantes del contrato No. 3460 de 2008, bajo el procedimiento de licitación planteado en la consulta, no sólo es viable sino necesario teniendo en cuenta el deber jurídico que tiene la Administración de lograr el fin del contrato y satisfacer los fines estatales y la continuidad del servicio público, tal y como lo demandan los artículos 2o, 209 y 365 de la Carta Política, 3o. 25, 26 y 28 de la Ley 80 de 1993 y 3o de la Ley 1437 de 2011.
Así, la terminación de las obras encuentra justificación en atención a: i) la debida tutela sobre la finalidad del contrato, esto es, la satisfacción de una necesidad de servicio público de interés general, ¡i) la aplicación de los principios de economía, eficacia, precaución, eficiencia, celeridad, buena administración y continuidad del servicio y iii) la obligación que tiene el Estado de proteger el patrimonio y los recursos públicos y de precaver la ocurrencia de daños patrimoniales y ecológicos.»
La indignación ciudadana por la forma en la que la anterior y la actual administración municipal han manejado la Avenida de los Colibríes seguramente se traducirá en abstención en la próxima elección de alcalde y hará muy difícil e impopular, el recaudo mediante la contribución por “valorización” para construir la segunda etapa de la Avenida de los Colibríes.
