La Corporación Vigía Cívica hace una grave denuncia que, además, no es nueva. La advertimos a tiempo, pero nadie escuchó. El gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, decidió liquidar la intervenida empresa A´ire, cuyos activos quedarán en cero pesos. A´ire es la encargada de distribuir energía en el Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Conviene recordar que la Empresa de Energía de Pereira conformó, junto con Latin Group Corporation, el consorcio Energía de la Costa, que adquirió a Caribe Sol, precursora de A´ire. Según el informe de Vigía Cívica, se perderán 3,7 billones de pesos, valor de la supuesta inversión inicial.
El organismo cívico pregunta cuánto aportó Enerpereira en ese negocio y exige claridad: ¿cuál es el monto total de la inversión que se perderá? Son interrogantes legítimos que requieren respuestas prontas y veraces. La responsabilidad recae en las actuales directivas de la empresa y en el hoy imputado alcalde Carlos Maya, por los presuntos hechos de corrupción en la vía de Los Colibríes, quien siempre guardó silencio, al igual que los miembros —pasados y presentes— de la Junta Directiva.
Lo único cierto en Pereira es que hoy pagamos una energía exorbitantemente cara. Superservicios acaba de anunciar que “el costo del kilovatio/hora pasó de $1.072 a $796 entre agosto de 2024 y septiembre de 2025” en las ciudades atendidas por A´ire. En Pereira, en ese mismo lapso, pasó de $836 a $876, un aumento del 5 %. Queda demostrado que Enerpereira abusa de los pereiranos, sin que nadie proteste o los defienda.
Situación similar vive Aguas y Aguas de Pereira, que de manera subrepticia fue transformada en una S.A.S. durante el gobierno de Juan Pablo Gallo, modificando sus estatutos sin informar de manera veraz y oportuna a la ciudadanía, sus verdaderos dueños.
Esta empresa —como lo fueron en su momento Telecomunicaciones, Energía, Multiservicios (liquidada por saqueo y malos manejos) y Aseo— ha sido botín de la politiquería y de corruptos de toda laya. Ante su depredación, optaron por privatizar las dos primeras y conceder el servicio de aseo por 30 años.
Aguas y Aguas es la empresa más importante de la ciudad, la que debe garantizar el agua y el alcantarillado del presente y del futuro. Sin embargo, ha sido manejada como instrumento electoral, para pagar favores a los financiadores de las costosas campañas que eligen a nuestros mandatarios.
Muchos no olvidamos la perversidad con que fue administrada por la actual primera dama del municipio y candidata al Senado, durante la segunda administración de Arango Vélez y la de Londoño Londoño. Hoy regresan los mismos con las mismas.
Primero, modificaron los requisitos y perfiles para los altos cargos: necesitaban ubicar a los suyos, sus mandaderos. Luego alteraron el régimen de contratación, con el fin de adjudicar a dedo los contratos de inversión. Finalmente, negaron información sobre las actuaciones administrativas, económicas y técnicas de la empresa.
Esta última arbitrariedad ha sido combatida judicialmente. Gracias a nuestra insistencia, el Tribunal Administrativo falló una Acción de Cumplimiento, confirmando la decisión del Juzgado Tercero Administrativo, que declaró que Aguas y Aguas incumple el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 y debe publicar la totalidad de su actividad contractual, desde el 18 de julio de 2022, en la plataforma SECOP II, en un plazo máximo e improrrogable de tres meses.
Sabemos, sin embargo, que las directivas no están dispuestas a cumplir. No olvidemos que se aproxima la licitación de construcción de la PTAR, por la nada despreciable suma de $465 mil millones. Para proteger sus intereses, cuentan con el respaldo de ANDESCO y de prestigiosas oficinas de abogados, con las cuales pretenden presentar una tutela ante la Corte Constitucional para revocar esta decisión.
Hoy los pereiranos recogen los frutos de la transformación de sus antiguas Empresas Públicas, entidad que construyó el patrimonio que, desde 1996, ha venido dilapidando una perversa y corrupta clase dirigente.
El neoliberalismo, instaurado desde el gobierno de César Gaviria Trujillo, cumplió su cometido: entregó al mercado y a los intereses privados lo que era de todos. Los grandes perdedores han sido la ciudadanía, los empleados y trabajadores de estas empresas. En Pereira se cumplió, sin temor a equivocarnos, el precepto neoliberal: nos arrebataron las empresas de servicios públicos y las pusieron al servicio de intereses ajenos a la comunidad.
La gobernabilidad es más débil que el sector privado,además, la cultura de la privatización porque la calidad de lo público no cumple con las expectativas del mercado, lo cual es un verdadero acomodo ya que el dejar de cumplir es el papayaso que se da para privatizar desde la óptica tal vez desinformada de un ciudadano como yo.
Feliz día.