jueves, febrero 12, 2026

EL CONGRESO: UN MERCADO PERSA DE SAQUEO.

OpiniónEL CONGRESO: UN MERCADO PERSA DE SAQUEO.

El periodista Juan David Laverde de Noticias CARACOL acaba de publicar una reveladora investigación sobre el trámite de los «cupos indicativos» en el Congreso. Presentó una grabación con la declaración ante la Sala Penal de la Corte Suprema del ex congresista Roberto Herrera, condenado a 9 años por apropiarse de recursos de estos cupos repartidos en comisiones económicas. De forma atroz, narró cómo se negocian estas partidas entre congresistas, como en cualquier plaza de mercado. Confesó que el primer año le asignaron $3.500 millones y luego entre 5 y 6 mil millones anuales. Él compró cupos indicativos y pagó por ellos a otros congresistas. Comprar un cupo implica pagar una comisión a quien lo tiene, para luego negociarlo con otras organizaciones que no son nada distinto a las criminales.

La misma Corte llamó a declarar a Germán Vargas Lleras, jefe de Cambio Radical, quien ratificó las denuncias, tildando la práctica de deplorable. Explicó que la estructura que captura estos recursos funciona en muchas oportunidades con «integración vertical», y que esta modalidad delictiva impera en entidades como INVIAS, COLDEPORTES (hoy Ministerio del Deporte), FONADE y la UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO, entre muchas otras.

Describió el “modus operandi criminal” así: Se asigna el cupo mediante un proyecto, se busca al gobernador, alcalde o ente especial que tramite la licitación con «pliegos sastre», o declare la urgencia manifiesta. Se sabe que la comisión que paga el comprador del proyecto oscila entre el 15% y el 20%; de allí, un 3% queda para el jefe de la entidad territorial y el resto es para el congresista. Los contratistas conocen bien este sistema impuesto hace décadas, culpable de la corrupción pública y privada que destruyó la moral ciudadana y, de paso, acabó con la ética en profesiones como la Ingeniería y la Arquitectura.

Para que este engranaje funcione y se obtengan las coimas, crearon los «contrataderos»: entidades públicas o asociaciones sin ánimo de lucro que usan el régimen contractual privado para adjudicar licitaciones a dedo. Son empresas de servicios públicos, universidades o entes descentralizados tipo EDUR, EDUP, CII ESTATAL o FONPACIFICO.

Mientras escuchábamos a Laverde, en los medios locales resonaba el clamor de los habitantes, damnificados del desastre en febrero de 2022 del río Otún y el barrio La Esneda. Al cumplirse cuatro años de esta tragedia que dejó 17 fallecidos y 38 heridos, y decenas de familias damnificadas, solo hay promesas incumplidas de los alcaldes Maya, Ramos, Salazar y Jiménez. Estos damnificados se suman a miles de familias del área metropolitana que malviven en zonas de alto riesgo, sin ayuda estatal. Su vida pende de un hilo en cada temporada invernal.

Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que a estas familias no se les garantiza el derecho constitucional a una vivienda digna. Ellos no cuentan; y no es por falta de dinero, sino porque los gobernantes priorizan intereses más rentables. Basta ver la corrupción regional: el dinero se malgasta en fiestas, referidos, artistas, alumbrados navideños, logística y contratos de obra multimillonarios, adjudicados con pliegos amañados, a dedo.

No podemos ser tan ingenuos y tontos de creernos el cuento que este multimillonario gasto en las campañas regionales y nacionales, este despliegue de líderes, electoreros, vehículos, vallas, publicidad, periodistas, redes sociales, abogados, oficinas, sedes y otras muchas actividades al margen de la ley que se despliegan en estas campañas, se financia vendiendo estampitas de la Virgen de la agarradera. Este dinero se extrae de la gran corrupción en que flota el país y sus instituciones, no es sino ver las obras sin concluir, de mala calidad, altos sobrecostos, y el enriquecimiento de decenas de políticos y de servidores públicos.      

La politiquería local, hoy afanada en elegir a padres, cónyuges e hijastras al Congreso, dice que «no hay plata», pero la realidad es otra. En 2022, año de la tragedia, Pereira ejecutó un presupuesto de rentas y gastos de 920 mil millones; este año, ejecuta 1.83 billones de pesos: el doble. ¿Dónde terminan esos recursos? Los invito a que observen los referidos y opulencia de algunas campañas al Senado y Cámara, y saquen ustedes mismos sus conclusiones, eso sí, no vaya a protestar, le hace daño, es impresionantemente peligroso.  

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