Bogotá, 12 de febrero de 2026 — El presidente Gustavo Petro decretó este jueves el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en ocho departamentos del Caribe y el Pacífico colombiano, tras las intensas lluvias que dejaron más de 69.000 familias damnificadas y daños superiores a los 8 billones de pesos.
La medida, contenida en el Decreto 0150, tendrá vigencia de 30 días y permitirá al Ejecutivo expedir decretos legislativos, autorizar operaciones presupuestales extraordinarias y convocar al Congreso para ejercer control político. El Gobierno argumentó que el fenómeno hidrometeorológico registrado entre el 1 y el 6 de febrero superó en hasta 180% los promedios históricos de precipitación, generando inundaciones, deslizamientos y pérdidas en infraestructura y producción rural.
La emergencia busca garantizar recursos inmediatos para atender a las comunidades y mitigar el impacto económico en una región clave para el país. “El número de alertas hidrológicas en febrero supera los registros de los últimos seis años”, señaló la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que reportó 65 emergencias en 61 municipios.
Antecedente fiscal
La declaratoria ocurre apenas dos meses después de que la Corte Constitucional suspendiera la emergencia económica decretada en diciembre de 2025 (Decreto 1390), destinada a enfrentar el déficit fiscal tras el fracaso de la Ley de Financiamiento. En ese caso, el alto tribunal consideró necesario estudiar si la medida cumplía los requisitos de necesidad y proporcionalidad, dejando al Gobierno sin herramientas excepcionales para cubrir el presupuesto de 2026.
Conexión entre ambas medidas
Aunque la emergencia actual se fundamenta en una catástrofe natural y la anterior en un déficit fiscal, ambas reflejan la búsqueda del Ejecutivo de instrumentos extraordinarios para enfrentar crisis de distinta naturaleza. Petro ha solicitado a la Corte levantar la suspensión de la emergencia de 2025, argumentando que la crisis humanitaria agravada por las lluvias refuerza la necesidad de contar con esos mecanismos.
La sucesión de decretos evidencia la tensión entre el Gobierno y la Corte Constitucional sobre el alcance de las facultades excepcionales y marca un punto de inflexión en la política de gestión del riesgo y en la estrategia fiscal del país.
Con información oficial del Gobierno de Colombia y la Corte Constitucional
