Bogotá, 10 de marzo de 2026.
El eco de las rejas cerrándose en un centro carcelario de Bogotá marca el nuevo capítulo de una investigación que la Fiscalía General de la Nación califica como uno de los golpes más contundentes contra la corrupción ligada al contrabando en el Caribe colombiano.
Cinco hombres —un excandidato al Senado y cuatro exintegrantes de la Policía Nacional— fueron asegurados por orden judicial, señalados de ser los articuladores de una red que favoreció las actividades ilícitas de Diego Marín Buitrago, conocido en los bajos fondos como El Viejo o Papá Pitufo.
Los protagonistas del escándalo
El excandidato Freddy Camilo Gómez Castro aparece como el rostro político de la organización. Según la Fiscalía, su papel iba más allá de la política: promovía reuniones con funcionarios nacionales y locales, buscaba acercamientos con uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y recibía préstamos y vehículos del grupo criminal para financiar su proselitismo.
El capitán en retiro Faudel Luis Salazar Piñeros, quien llegó a ser jefe de la División Operativa de la POLFA en Cartagena, habría direccionado a sus subalternos para permitir la salida de contenedores cargados con textiles y cigarrillos sin la documentación requerida. Incluso, se le atribuye haber ordenado la devolución de mercancía aprehendida y de pagar hospedajes para otros uniformados vinculados a la red.
Los patrulleros retirados también cumplían roles clave:
- José Luis Olaya Caicedo aprovechaba su experiencia en talento humano para perfilar uniformados susceptibles de colaborar y recolectaba dinero de comerciantes para pagar sobornos.
- Édgar Humberto Bacca Suárez se encargaba de facilitar el ingreso de contrabando por los puertos de Barranquilla y Cartagena, ubicando agentes aduaneros dispuestos a “mirar hacia otro lado”. Las evidencias muestran pagos que iban desde 10 millones de pesos entregados en una bolsa con pandebonos hasta 28 millones destinados a Salazar Piñeros.
- Juan Miguel Jaramillo Mora, alias Zorro, era el encargado de dinamizar la entrega mensual de dinero a los servidores captados. Tras su retiro, continuó ingresando a instalaciones policiales y portuarias haciéndose pasar como patrullero activo.
El engranaje de la corrupción
La red funcionaba con precisión: contactos en la DIAN y la POLFA, contenedores que salían de los puertos del Caribe sin control, y pagos mensuales que podían alcanzar los 300 millones de pesos. Las dádivas, conocidas internamente como “cachetadas”, lubricaban el sistema que permitía el ingreso irregular de mercancía hacia Colombia, Ecuador y Venezuela.
La respuesta judicial
Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los cinco procesados por delitos como concierto para delinquir agravado y cohecho. A Salazar Piñeros se le sumó tráfico de influencias de servidor público, y a Gómez Castro tráfico de influencias de particulares. Ninguno aceptó los cargos.
La medida de aseguramiento en centro carcelario busca garantizar que los señalados no interfieran en el proceso ni continúen favoreciendo las actividades de contrabando.
Un caso de interés nacional
El expediente revela cómo la corrupción puede abrir las puertas de los puertos y carreteras del país al contrabando, afectando la economía formal y debilitando la confianza en las instituciones. La Fiscalía insiste en que este caso se publica por razones de interés general, como advertencia y como muestra de que las investigaciones avanzan contra quienes, desde la política o la fuerza pública, se ponen al servicio del crimen organizado.
