En Pereira, una nueva polémica empieza a correr de puerta en puerta, no como un rumor, sino como una notificación oficial. La empresa Aguas y Aguas de Pereira ha iniciado un proceso de cambio de medidores de agua que, en la práctica, representa una carga económica significativa para los usuarios: $262.844 pesos más IVA, sin contar costos adicionales de instalación que, según todo indica, terminarán diferidos en la factura.
La pregunta es inevitable: ¿estamos ante una necesidad técnica o frente a un modelo que traslada costos estructurales al ciudadano?
El documento es claro en algo inquietante: el cambio se hará “sí o sí”. Se ofrece una aparente opción al usuario, pero con una advertencia implícita: si no actúa, la empresa lo hará por él… y le cobrará. Esto no es una invitación, es una imposición disfrazada de procedimiento técnico.
Más grave aún es el patrón que muchos ciudadanos empiezan a notar: ¿por qué estos cambios parecen repetirse con frecuencia cercana a los ciclos políticos? ¿Es coincidencia o existe una lógica administrativa que no ha sido explicada con transparencia? ¿Dónde está la política pública clara sobre la vida útil de estos dispositivos? Porque si los medidores duran más, ¿por qué reemplazarlos? Y si no duran, ¿por qué no se informa con rigor técnico verificable?
El argumento legal se sostiene en el artículo 144 de la Ley 142 de 1994. Pero lo legal no siempre es justo. Esa norma ha sido cuestionada incluso en escenarios nacionales, y el propio presidente Gustavo Petro ha planteado la necesidad de revisarla. Sin embargo, entre debates políticos y bloqueos institucionales, el resultado es el mismo: el usuario sigue pagando.
Aquí es donde surge otra pregunta incómoda: ¿dónde está el control político? ¿Por qué el Concejo Municipal de Pereira no ha abierto un debate serio sobre este tipo de decisiones que impactan directamente el bolsillo de miles de familias?
No se trata de oponerse al avance tecnológico ni a la mejora en la medición del servicio. Se trata de cuestionar el modelo de financiación. Porque cuando una empresa pública decide modernizar su infraestructura, debe preguntarse: ¿quién debe asumir ese costo? ¿La ciudadanía, en medio de una situación económica compleja, o la empresa, mediante una planeación financiera responsable?
Lo que hoy ocurre genera una percepción peligrosa: que las decisiones técnicas están desconectadas de la realidad social. Y peor aún, que podrían responder a dinámicas que los ciudadanos no alcanzan a ver, pero sí a sufrir
Cuál control político. Estamos frente a un negocio que parece más el pago de algo. Y los ediles comiendo de la mano del alcalde. Y quien cuestiona con la boca llena?