La situación del país aparece hoy corroída por un desorden político e institucional que, lejos de corregirse, parece profundizarse entre el ruido, la improvisación y las señales contradictorias del poder. El ambiente nacional se asemeja cada vez más a esa expresión popular de una “olla de grillos”: un alboroto permanente en el que el estrépito termina siendo útil para desviar la atención sobre lo esencial que, en este caso, es grave. La nación no solo enfrenta un deterioro del orden público, sino también una preocupante pérdida de claridad del Estado frente a los actores armados y las economías ilegales que los sostienen. Mientras los voceros oficiales elevan el volumen de sus interpretaciones, la realidad territorial muestra otra cosa: más control criminal, más fragmentación violenta y menor capacidad efectiva de autoridad.
En ese sentido, resulta especialmente reveladora la advertencia formulada por María Victoria Llorente, de la Fundación Ideas para la Paz, al afirmar que “en Colombia, la violencia va un paso adelante y el Estado corre rezagado”. La observación no es efímera, describe con precisión la mutación del conflicto. Ya no se trata de una guerra entre el Estado y una gran insurgencia centralizada, sino de “una constelación de bandas locales y superpuestas”, funcionales a rentas ilegales.
Ese reacomodo criminal no nació de un día para otro. Se incubó tras la desmovilización parcial de las Farc, pero ha cobrado una velocidad alarmante en los últimos tres años. Hoy, según análisis especializados, el país enfrenta la presencia de unos 27.000 individuos en armas distribuidos en ocho estructuras principales, entre ellas el Clan del Golfo, ahora reconocido oficialmente como Ejército Gaitanista, en una decisión que incluso ha generado rechazo por su carga simbólica e histórica. Lo más delicado es que, frente a ese crecimiento, el Estado no solo ha perdido terreno; ha retrocedido, según expertos. El equivalente es quince años de mora en materia de debilitamiento de estructuras criminales. La razón es que la naturaleza del conflicto ha cambiado, se ha diversificado, se ha adaptado y se ha hecho más funcional a los circuitos del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el control territorial.
Por eso también cobra fuerza otra afirmación de Llorente que es la llamada “paz total” la cual terminó convirtiéndose en “un paraguas discursivo que perdió brújula.” Negociar con grupos armados puede ser una herramienta legítima del Estado, pero solo si existen reglas, claros límites jurídicos, exigencias verificables y una inequívoca defensa de la autoridad.
Ese es el riesgo que se advierte en decisiones recientes, como la suspensión por seis meses de órdenes de captura contra 23 criminales de alta peligrosidad, por solicitud del comisionado Otty Patiño, y con fundamento en la Ley 2272 de 2022 (seis revocados por inviables según ha explicado la fiscal Luz Adriana Camargo). Patiño sostiene que se trata de medidas urgentes para proteger la vida y la tranquilidad de comunidades de Medellín y el Valle de Aburrá. Sin embargo, el país tiene derecho a preguntarse si esa flexibilidad no está siendo interpretada por las mafias como una nueva forma de legitimación política. Más aún cuando varios de esos personajes fueron expuestos públicamente en el recordado “tarimazo” de Medellín, episodio que dejó una imagen perturbadora: la del Gobierno compartiendo escenario con figuras asociadas al crimen. En ese contexto, no extraña que diversos sectores vean en estos movimientos una prolongación del llamado “Pacto de La Picota”, con eventuales derivaciones electorales y favores recíprocos de alto desbarajuste institucional. Y cuando un Estado relativiza el delito, flexibiliza la sanción y reviste de pragmatismo lo que debería ser una línea roja, termina debilitando la confianza ciudadana y erosionando la democracia.
El país necesita menos ruido y más Estado y menos ambigüedad frente al crimen, porque cuando la violencia avanza y el poder titubea, se pone en riesgo la seguridad y se compromete el honor de la República.
