El séptimo ciclo de negociaciones con la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano en Tumaco marca un punto de quiebre. El Gobierno ha sido claro: la paz no se construye con discursos ambiguos ni con la mera apertura de programas estatales, sino con la decisión firme de abandonar las economías ilícitas que han desangrado al país.
Los avances en Roberto Payán —la sustitución de coca por caña y cacao, el trapiche panelero, la piscicultura, la ladrillera y las mejoras en escuelas y viviendas— son símbolos de lo que sí es posible cuando comunidad y actores armados se comprometen. Más de 1.300 hectáreas erradicadas son un mensaje poderoso: el territorio puede renacer.
Pero la otra cara de Nariño revela la resistencia de estructuras que aún se aferran al narcotráfico. Allí, la paz se estanca porque persiste la tentación del crimen organizado. El programa Renhacemos tiene los recursos; lo que falta es voluntad. No hay excusas financieras, solo la necesidad de romper con la lógica ilegal que durante décadas se impuso.
El acuerdo para crear Zonas de Ubicación Temporal es un paso histórico, pero vacío si no se acompaña de un compromiso real de dejar atrás las prácticas criminales. El mundo ya no tolera la connivencia con el narcotráfico: la paz exige asumir las nuevas realidades internacionales.
El mensaje del jefe negociador Armando Novoa retumba: “Avanzar en la mesa de paz exige compromiso y seriedad”. La paz total no será un eslogan, sino un pacto tangible que transforme la vida de las comunidades. El tiempo de las evasivas terminó; ahora la Coordinadora debe demostrar con hechos que la violencia puede ceder ante la dignidad.
