TORRE DE PAPEL
En silencio, durante décadas, los habitantes de Balboa, Risaralda, hemos convivido con una realidad que hoy merece una alerta seria de salud pública: una red de acueducto de aproximadamente 37 kilómetros, de los cuales cerca de 35 kilómetros continúan construidos en asbesto cemento.
Lo más preocupante es que el agua transportada por esta infraestructura es consumida prácticamente por el 100% de la población de Balboa, además de abastecer a un importante porcentaje de campesinos del municipio de Santuario y zonas rurales del municipio de La Celia.
Mientras en muchos países del mundo este material ha sido eliminado progresivamente por sus posibles riesgos para la salud, en municipios pequeños y apartados como el nuestro sigue formando parte de la vida cotidiana. El problema no termina en las tuberías. También está sobre nuestras cabezas. Cientos de viviendas urbanas y rurales conservan techos de eternit con más de 20, 30 y hasta 40 años de antigüedad.
La situación adquiere mayor gravedad cuando observamos que muchas familias de bajos ingresos habitan viviendas sin cielo raso, exponiéndose permanentemente al deterioro, polvo y partículas que con el paso de los años desprenden estas cubiertas envejecidas. Incluso el Hogar del Anciano no escapa a esta realidad.
No se trata de sembrar miedo ni de lanzar afirmaciones irresponsables. La ciencia ha demostrado con claridad que la exposición al asbesto constituye un riesgo para la salud humana, especialmente asociado a enfermedades pulmonares y distintos tipos de cáncer.
Aunque el debate científico continúa respecto al impacto específico del consumo de agua transportada por redes de asbesto cemento, también es cierto que numerosos estudios internacionales han pedido vigilancia permanente sobre posibles afectaciones en órganos sensibles como pulmones, riñones, vejiga y sistema gastrointestinal.
El reciente Perfil Epidemiológico de Risaralda 2023 evidencia además un crecimiento preocupante de las neoplasias malignas en el departamento, pasando de 3.561 atenciones en 2021 a 8.721 en 2023. Una cifra que no puede pasar inadvertida para las autoridades sanitarias.
Balboa merece respuestas técnicas, no silencios administrativos. La Gobernación de Risaralda, la Secretaría Departamental de Salud, el Ministerio de Salud y las autoridades ambientales deben intervenir preventivamente antes de lamentar consecuencias mayores.
Resulta urgente realizar estudios epidemiológicos, análisis especializados del agua y planes progresivos de sustitución de redes antiguas y cubiertas deterioradas.
Los municipios pequeños también tienen derecho a prevención, salud pública digna y vigilancia ambiental seria. No podemos seguir esperando décadas para actuar frente a riesgos que ya el mundo entero viene desmontando.
Porque cuando la salud colectiva está en juego, el silencio institucional también enferma.
