En recientes declaraciones, el presidente Gustavo Petro admitió haber llegado para “despertar a Colombia”. No fueron palabras a la ligera, ni llevaban intenciones proselitistas o “crecidas”. Si en su lugar hubiera asumido el malogrado Rodolfo Hernández, candidato de la complacencia de la clase dirigente, hubiera sido imposible tener conocimiento público del saqueo al Estado, de la verdadera maquinaria de crimen, corrupción, de narcotráfico durante 20 años de uribismo.
Sin embargo la actual administración llegó con la firme intención de sentar un precedente entre sus antecesoras. Se trataba de que el término “cambio” dejara de ser una palabra literal, un lema de campaña como la utilizó el ex alcalde, Juan Pablo Gallo -suscitando confusiones de “petrismo solapado” en el liberalismo “gavirista”- para transformarlo en el punto de partida de un gobierno dispuesto a mejorar las condiciones del país.
Abarcar la obra llevada a cabo en estos cuatro años, excedería el espacio de dicha publicación, aunque no estaría demás un resumen de las principales.
Algunos podrían hablar de falsas promesas de campaña, de haberse podido hacer mucho más. Y sería menester darles la razón si las pruebas fueran mera propaganda, creada por medios de comunicación en complicidad con la derecha política, de operadores políticos, de fabuladores encargados de engañar a la ciudadanía. Buscar pruebas al margen de datos o registros, resulta innecesario porque la suma de los colombianos, lejos de dejarse tentar por el tamal, el nombramiento, el trabajo, el favor del politiquero, se alejaron masivamente de las maquinarias para votar frente a la evidencia del cumplimiento de la palabra empeñada.
Obra
Durante los últimos años, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha defendido la idea de que Colombia necesita una transformación profunda basada en la reducción de la desigualdad social, el fortalecimiento de los derechos laborales y una mayor presencia del Estado en sectores históricamente abandonados. Sus partidarios consideran que varias de las medidas impulsadas representan avances significativos en materia social; sus críticos, por el contrario, cuestionan la sostenibilidad fiscal de algunas políticas y advierten sobre los riesgos de un modelo con mayor intervención estatal.
Uno de los principales ejes de la administración ha sido el fortalecimiento de los ingresos laborales. El salario mínimo alcanzó niveles históricos y, sumado al auxilio de transporte, llegó a bordear los dos millones de pesos mensuales en 2026. Paralelamente, se modificaron normas laborales que habían sido objeto de debate durante años, como el regreso del recargo nocturno desde las 7:00 de la noche y el incremento progresivo de los pagos por trabajo dominical y festivo.
La política laboral también incluyó mejoras para aprendices del SENA, soldados regulares y auxiliares de Policía, sectores que tradicionalmente recibían ingresos considerablemente inferiores al salario mínimo. Para el Gobierno, estas medidas constituyen una recuperación de derechos; para algunos gremios empresariales, representan un incremento de los costos laborales que podría afectar la competitividad en ciertos sectores económicos.
Pese a las advertencias de algunos analistas, las cifras de empleo mostraron una evolución favorable. De acuerdo con datos del DANE, la tasa de desempleo se ubicó en 9,2 % durante febrero de 2026, la cifra más baja para ese mes en más de dos décadas. Sin embargo, expertos han señalado que persisten desafíos relacionados con la informalidad laboral y la calidad de los nuevos empleos generados.
Otro de los indicadores que el Ejecutivo ha presentado como muestra de sus resultados es la reducción de la pobreza multidimensional. Según el DANE, el índice cayó a 9,9 % en 2025, el nivel más bajo desde que comenzó a medirse de manera sistemática. Esto significó que cerca de 793.000 personas dejaron de estar clasificadas dentro de esta condición. No obstante, diversos análisis advierten que siguen existiendo brechas importantes entre las zonas urbanas y rurales, especialmente en acceso a servicios públicos, salud y oportunidades económicas.
La atención a los adultos mayores también ocupó un lugar central dentro de la estrategia social. Millones de beneficiarios comenzaron a recibir transferencias superiores a las que históricamente otorgaban los programas asistenciales del Estado. De manera paralela, se ampliaron subsidios para madres cabeza de hogar, ex madres comunitarias y mujeres cuidadoras, sectores que durante décadas reclamaron un mayor reconocimiento institucional.
En el campo, la reforma agraria se convirtió en una de las apuestas más ambiciosas del Gobierno. La formalización de tierras, la creación de nuevas Zonas de Reserva Campesina y el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Tierras fueron presentados como pasos para reducir la histórica concentración de la propiedad rural. El crecimiento del sector agropecuario y el aumento de la producción alimentaria fueron exhibidos por el Ejecutivo como evidencia de una recuperación del campo colombiano.
En materia ambiental, Colombia logró una reducción significativa de la deforestación y consolidó nuevas áreas de protección estratégica, particularmente en la Amazonía. La organización de la COP16 en Cali fortaleció además la imagen internacional del país en temas relacionados con biodiversidad, cambio climático y transición energética.
La política económica ha generado algunas de las discusiones más intensas. Mientras el Gobierno destaca la disminución de la inflación de alimentos, la estabilidad cambiaria y el crecimiento de sectores distintos al extractivismo tradicional, sectores empresariales y centros de pensamiento económico han advertido sobre el aumento del déficit fiscal, la incertidumbre regulatoria y el impacto de algunas reformas sobre la inversión privada.
En educación, el presupuesto público alcanzó cifras históricas. Se ampliaron cupos para educación inicial, se incrementaron los recursos destinados a universidades estatales y se impulsaron programas relacionados con inteligencia artificial, conectividad digital y formación tecnológica. Simultáneamente, iniciativas culturales como Artes para la Paz buscaron acercar expresiones artísticas a cientos de miles de estudiantes en diferentes regiones del país.
La salud se convirtió en uno de los escenarios más conflictivos de la agenda política. Mientras la reforma estructural enfrentó fuertes obstáculos en el Congreso, el Gobierno aumentó considerablemente los recursos destinados al sector, fortaleció los Equipos Básicos de Salud y puso en marcha proyectos de infraestructura hospitalaria en cientos de municipios. Los defensores de la reforma consideran que estas medidas acercan la atención médica a las comunidades más vulnerables; los opositores sostienen que persisten problemas financieros y administrativos que afectan la prestación del servicio.
La transición energética constituye otro de los pilares de la administración. El crecimiento de la energía solar, la expansión de las comunidades energéticas y la reducción de tarifas en algunas regiones fueron presentados como avances hacia un modelo menos dependiente de los combustibles fósiles. Al mismo tiempo, el debate sobre el futuro de la industria petrolera y minera continúa siendo uno de los temas más sensibles para la economía nacional.
En infraestructura, el Gobierno ha resaltado la reactivación ferroviaria, la expansión de redes de internet rural, la construcción de vías terciarias mediante juntas de acción comunal y la financiación de grandes proyectos viales. En vivienda y servicios públicos, millones de personas obtuvieron acceso a agua potable, saneamiento básico o programas de mejoramiento habitacional.
La política de paz y seguridad también ha producido balances encontrados. Mientras el Ejecutivo destaca récords históricos en incautación de cocaína, reparación de víctimas y programas de prevención para jóvenes en riesgo, sectores de oposición cuestionan los resultados de la estrategia de Paz Total y el comportamiento de algunos grupos armados ilegales durante los procesos de negociación.
A nivel internacional, Colombia fortaleció su protagonismo en debates sobre cambio climático, migración, integración regional y construcción de paz. El crecimiento del turismo, que hoy genera más divisas que algunos sectores extractivos tradicionales, es señalado por el Gobierno como una muestra de la nueva imagen del país ante el mundo.
Más allá de las posiciones políticas, los datos muestran que Colombia atraviesa un momento de profundas transformaciones económicas y sociales. La discusión de fondo continúa abierta: para unos, se trata de avances históricos en materia de inclusión y derechos; para otros, de cambios que todavía deben demostrar su sostenibilidad en el largo plazo. Lo cierto es que el balance definitivo de estas políticas probablemente será objeto de debate durante muchos años, mucho después de terminado el actual gobierno 1.
Impedimento
Décadas de noticieros propagandísticos desinformando de forma deliberada, con un estilo amarillista orientado en favor de banqueros, terratenientes, industriales o personajes de dudosa valía, como se podrá ver en este artículo más adelante, no pudieron omitir algunos de los logros de mayor relevancia del gobierno Petro. Así sea a cuentagotas, debido a la pérdida de prestigio y de las presiones de distinta índole para sacar la verdad a la luz.
En cambio, si lo lograron en gran medida quienes en estas elecciones presidenciales 2026, se presentan como “los salvadores de la República, del pueblo, de las instituciones”, los cuales dedicaron sus vidas a destruir en peculio propio. Las cámaras de televisión vistas por Colombia entera, son el fiel testimonio de los festejos tras el hundimiento de muchas de las reformas sociales, de decisiones judiciales destinadas a salvar de la cárcel a poderosos, mientras de forma paralela se criminaliza a un indefenso vendedor ambulante por intentar llevar el pan al hogar.
Esos mismos, que hoy dividen aguas entre los cuestionados candidatos Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, epicentro de polémicas donde quedan incriminados de gravedad cuestiones mafiosas, asesinatos familiares, la defensa de delincuentes de guante blanco, violencia, racismo, discriminación, misoginia, corrupción. ¿Quién, a excepción de las personas sin conciencia, llenas de prejuicios, ignorantes o de manipulados, sirvientes comprados o gratuitos de la clase política continuista, podría votarlos el próximo 31 de mayo?
¡Claro que Petro junto a sus ministros pudieron haber hecho mucho más, frente a un Congreso apañado por delincuentes de guante blanco, con fichas del narcotráfico, del sector salud destruido y de grupos armados al margen de la ley, cuya desarticulación sería clave para la democratización o el avance nacional! Al menos, de intentarlo. Pero para hacerlo, le hubiera tocado prescindir de los mecanismos constitucionales vigentes, declarar en la práctica una dictadura como de hecho hizo el uribismo, con el apoyo de las fuerzas armadas, de grupos paramilitares, del poder económico. Algo contrario a la inmensa vocación democrática de la actual administración, venida a reivindicar derechos. Nunca, a quitarlos.
Ello, sin contar las consecuencias del “descrédito internacional selectivo”, azuzado desde los Estados Unidos; de los partidarios del “autócrata super poderoso”, Álvaro Uribe Vélez, de cualquier régimen de derecha de la región, del mundo, acusando la instalación de un sistema autoritario, siempre y cuando no le de prebendas, colocando de “ñapa” a los sectores vulnerables a su merced.
Queda claro que hace casi cuatro años el pueblo llegó al gobierno. Colombia comprobó aunque algunos se empeñen en no quererlo ver, un modelo de país donde la norma sea la dignidad en líneas generales, aunque gracias a la estupidez, la malicia, inconciencia de clase de costumbre, se lo deje arrebatar. Superada la prueba, la lucha deberá ser indefectiblemente por el poder. La oportunidad, el único camino posible, viable, es eligiendo a Iván Cepeda Castro. De ocurrir lo contrario, no serán culpables los verdugos conocidos, sino la mala elección del pueblo colombiano prefiriendo ahorcarse y aún, hasta de elegir el árbol donde desee hacerlo. Tienen todo el derecho del mundo y no será este gobierno quien se los irá a impedir. Para tales artilugios, ya existe la extrema derecha con su ardua experiencia en el “tosco arte de matar” e impedir.
¿Por qué Cepeda?
La figura de Iván Cepeda se construyó durante décadas alrededor de una causa que ha marcado la historia reciente de Colombia: la defensa de los derechos humanos y el acompañamiento a las víctimas del conflicto armado. Su nombre estuvo ligado a procesos de memoria, verdad y reparación en un país donde las heridas de la violencia aún siguen abiertas, una trayectoria que le permitió consolidar reconocimiento tanto en escenarios nacionales como internacionales.
En ese sentido; ¿cuál podría ser el mejor aspirante a la Presidencia de la República, que aquel quien en lugar de venderse a los asesinos del padre -Colombia puede citar varios ejemplos de ello- además de padecer junto a la familia, juró comprometerse para impedir semejantes hechos hasta las últimas consecuencias?
Su papel en la búsqueda de salidas negociadas al conflicto también ha sido una constante. Ha participado como facilitador y promotor de diálogos con distintos actores armados y ha defendido la implementación integral del Acuerdo de Paz de 2016, convencido de que la solución a la violencia pasa por la negociación política antes que por la prolongación indefinida de la confrontación. En un país donde la paz suele convertirse en terreno de profundas divisiones ideológicas, Cepeda ha mantenido una posición firme y sin mayores variaciones.
Esa consistencia es precisamente uno de los rasgos que más resaltan sus partidarios y seguidores. A diferencia de muchos dirigentes que han modificado sus discursos al ritmo de las coyunturas electorales, Cepeda ha sostenido durante años una agenda centrada en la justicia social, los derechos humanos y la construcción de paz. Esa permanencia refleja una convicción inclaudicable, además de una claridad de sus posiciones fuera de discusión, pese a los fracasados intentos de sus contradictores de vincularlo falsamente con las guerrillas, uno de los mayores enemigos del Gobierno Nacional y Popular que lo respalda.
Tras la decisión de Cepeda de nombrar al saliente Gustavo Petro como ministro de un área clave, en caso de ser electo, otro aspecto que ha definido su carrera política es su insistencia en investigar y denunciar vínculos entre sectores del poder y estructuras armadas ilegales, retomando el legado de su eventual antecesor. Su participación en investigaciones relacionadas con el paramilitarismo, el protagonismo mostrado durante procesos judiciales de alto impacto, le otorgaron la imagen de un dirigente dispuesto a confrontar intereses poderosos, incluso a costa de asumir elevados costos políticos y personales. Esa reputación de persistencia frente a la impunidad, hace parte de uno de los pilares de su trayectoria pública hasta ahora intachable.
Además representa la posibilidad de dar continuidad al proyecto progresista iniciado por Gustavo Petro, existen altas posibilidades de que encarne la profundización de las reformas orientadas a reducir la desigualdad, fortalecer el desarrollo rural y ampliar la protección de los sectores históricamente excluidos.
Más allá de las afinidades políticas, su eventual candidatura encarnaría la apuesta por consolidar un ciclo de transformaciones que está lejos de completarse, cuando se torna imperioso democratizar el poder político, arrancando de cuajo la corrupción enquistada dentro del pútrido edificio del Estado a como dé lugar. A fin de cuentas, ponerle límites a los todopoderosos poderes de turno. ¿Algún otro que en lugar de víctima, por el contrario sea cómplice de los mismos saqueadores del erario, pretendiendo vivir a expensas del esfuerzo de una mayoría empobrecida y sometida a adrede?
Iván Cepeda Castro debería ser el próximo Presidente de las colombianas y los colombianos, para empezar a decirle a los delincuentes de guante blanco que el ahora de su hora, ya llegó. Ello, porque Colombia es primero a los intereses de particulares inescrupulosos, mientras la gente quiere tomar con las manos las riendas de su destino, en vez de dejarla al criterio arbitrario de las minorías facinerosas de delincuencia harto comprobada.
Carlos Alberto Ricchetti
Fuentes:
DANE: DANE – Pobreza multidimensional
Diario EL PAÍS (ESPAÑA): Desempleo baja a 9,2% en febrero, su menor nivel para este mes desde 2001: La pobreza multidimensional en Colombia baja a 9,9% en 2025 | EL PAÍS América Colombia
REVISTA FORBES: Desempleo baja a 9,2% en febrero, su menor nivel para este mes desde 2001 – Forbes Colombia
INFOBAE (ARGENTINA): Salario mínimo 2026: Petro confirmó que el nuevo decreto mantiene el aumento del 23,7%: “No se trata de pelear por unas monedas” Salario mínimo 2026: Petro confirmó que el nuevo decreto mantiene el aumento del 23,7%: “No se trata de pelear por unas monedas” – Infobae
BLOOMBERG (ESTADOS UNIDOS): Petro llega a un acuerdo con bancos colombianos que reemplazan el proyecto de Ley de Inversiones: Petro Reaches Pact with Colombia Banks Replacing Investment Bill – Bloomberg
