EL DISCURSO QUE TORTURA

Francamente “me la tiene volada esta situación”

Preámbulo

El «discurso que tortura» se manifiesta generalmente a través del discurso de odio. Son enunciados públicos, escritos o hablados que deshumanizan, estigmatizan o incitan a la violencia y discriminación contra individuos o grupos vulnerables, ya que su intención es ejercer control, destruir la dignidad y anular la voluntad de la persona.

Este tipo de narrativas aviva sentimientos y posturas como la venganza, la retaliación, el odio y  la violencia, las cuales son arropadas por ese gran “amiguito” llamado  impunidad.

La Venganza,  en su concepción más básica, es el impulso de tomar represalias cuando las injusticias acontecen,  siendo un acto de proporcionalidad o equivalencia, lo cual no siempre es así, ya que puede convertirse en acciones que superan la equivalencia del daño sufrido, siendo peligrosamente agresiva y promotora de los ciclos de violencia porque la víctima quiere recuperar la dignidad perdida y minimizada por parte del perpetrador, tomando justica por “mano propia”, dado que no existe un Estado que pueda canalizar sus sentimientos de odio y resentimiento como resultado de la victimización, teniendo presente que en muchas ocasiones la racionalización de la venganza a través de la justicia penal, en la cual se espera aplique una sanción proporcional para garantizar los derechos individuales de las partes en conflicto, no se llevan a cabo en este país.

Continúo con la Retaliación, como aquel acto en el cual “la víctima asume el papel de vengador”, reduciendo al victimario, dejando de lado al inicio del evento la postura de perdón y reconciliación.

Prosigo con el odio, ya que en la legislación colombiana, en sí mismo no es un delito tipificado, sino que se aborda desde la ley como una motivación de intolerancia y prejuicio que impulsa conductas lesivas, las cuales son castigables cuando se manifiesta a través de delitos específicos de discriminación o instigación.

La violencia, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es el “uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo, provocando este país muchas muertes todos los días, particularmente entre hombres jóvenes y niños, además,  de este índice de muertes, un alto número de hombres, mujeres, niños y niñas sufren lesiones, discapacidad o problemas de salud como resultado de la violencia.

Con relación a la impunidad, figura que “arropa y protege” la violencia y los violentos en todas sus manifestaciones,  es la  ausencia de sanción o castigo ante una conducta delictiva, en la cual el responsable de un delito escapa a la investigación, procesamiento o cumplimiento de la pena, generando deterioro en la credibilidad del sistema judicial al fallar como garante asegurador de la responsabilidad penal de quien esté implicado en delitos, pero su negativa de acción y cumplimiento del deber naturaliza “las malas prácticas” , las cuales se manifiestan a través de figuras como son el brazo armado y económico orientado para el crimen organizado en sus diferentes matices, acorde al contexto de actuación y teniendo nombre propio como son los diversos grupos al margen de la ley agresores del pueblo y algo terrible, la corrupción como sistema.

Cabe destacar que la impunidad no solo ocurre cuando el delito no se castiga, sino también a través de figuras legales que evitan el cumplimiento efectivo de la justicia:

• Prescripción: Cuando el Estado tarda demasiado tiempo en juzgar un caso, perdiendo la facultad jurídica para imponer una pena.
• Vencimiento de términos: Cuando por fallas operativas o demoras, el procesado debe ser dejado en libertad sin que se haya emitido una condena.
• Preacuerdos y principios de oportunidad: Mecanismos donde, a cambio de información o reparación, la Fiscalía solicita una rebaja de pena o la extinción de la acción penal, lo que en ocasiones es percibido socialmente como impunidad parcial.

Todo lo mencionado se avecina en este gobierno y se ratifica desde lo implícito y explícito a través de los discursos de odio y de guerra sin cuartel emitidos por nuestro futuro mandatario a través del ultimátum a los grupos al margen de la ley; el desentenderse de las obligaciones del estado frente a la sociedad privatizando las entidades responsables de la dignificación de la calidad de vida de la sociedad Colombiana, además, la política de construcción de  cárceles privadas en Colombia (encarcelamiento por cualquier cosa, para que dicho negocio se pueda sostener a través de los prisioneros como insumo del mismo, es decir, “falsos positivos” no con difuntos sino con personas vivas a través de las “falsas e injustas detenciones”).

Continuo con el Fracking o fracturación hidráulica como técnica de perforación utilizada para extraer petróleo y gas natural atrapados en formaciones rocosas profundas que contaminan las aguas y alteran fallas geológicas provocando pequeños sismos; la sintonía con el gobierno norteamericano respecto a la  deportación de Colombianos y “cuanta cosa se le venga a la mente al gobierno Yanqui “, entre otras más y sin ser “profeta de la desgracia o enviado de la apocalipsis”, este tipo de mensajes  genera una postura de miedo, temor y congelamiento ante la incertidumbre pero al mismo tiempo de reacción fuerte y violenta  ante estas posturas de aniquilación y destripación, forzando a las personas a estar dispuestas “a lo que sea, Dios nos ampare”.

Pero se tiene el otro lado de la moneda ante el párrafo previamente mencionado, ya no como “profeta de la desgracia sino como profeta del bienestar y la dignidad” y es a través de la:

Justicia Social, exigencia del pueblo, deber del mandatario y de las instituciones: Antídoto y cura para el atropello

En Colombia, la justicia social es el principio constitucional que busca garantizar la equidad, la igualdad de oportunidades y el respeto a la dignidad humana, ya que su objetivo es cerrar las brechas de desigualdad, pobreza y exclusión histórica que afectan a las poblaciones más vulnerables del país.

Abelardo de la Espriella en su plan de gobierno propone privatizar 39 empresas del Estado, fusionar otras y eliminar 23 entidades públicas. El objetivo central de su plan es reducir el presupuesto de la Nación en 20 billones, recortando el tamaño del Estado en un 40% y disminuyendo el gasto público de manera drástica, lo cual va en contravía de la justicia social porque la privatización prioriza la rentabilidad económica sobre el bienestar universal al transferir los servicios públicos al sector privado, exponiendo  los derechos fundamentales a la mercantilización, generando exclusión, desigualdad en el acceso y desprotección para las poblaciones vulnerables.

En este orden de ideas, cómo pretende mitigar, desecar y eliminar aquellos insumos generadores de desesperación y violencia, forzando a las personas a ser proclives  para “tomar el mal camino”, ya que un ciudadano con una vida digna tiene la posibilidad de decidir si sigue el buen o mal accionar dentro de la sociedad, pero una persona con las puertas cerradas hacia una vida digna, la probabilidad es seguir “el mal camino”, lo cual atenta contra la dignidad de una nación , ya que al Estado por deber le corresponde generar espacios y escenarios para que  la sociedad tenga una vida sintonizada con la esperanza y el futuro.

Con relación a la justicia, como “el lubricante para el buen accionar del engranaje social”, “pegamento para que no se tengan fisuras por donde pueda circular la corrupción” y en la cual se neutralice y se extinga la impunidad  para que “no haga sus cositas por acción u omisión”,  es fundamental en un sistema donde la justicia social es la bandera y la carta de navegación de la sociedad Colombiana, porque a través de ella la arbitrariedad y el abuso de poder no tiene asidero.

La justicia social implica el abordaje a las necesidades objetivas básicas insatisfechas para muchos (salud, empleo, educación, tierra, vivienda, entre otros), haciendo un paréntesis con relación al gobierno del presidente Gustavo Petro estos componentes fueron abordados con mucha seriedad, compromiso y cumplimiento, a pesar de tanto sabotaje de otros sectores económicos y políticos, fue un serio limitante para lograr tranquilamente el alcance pretendido pero no fue así, ya que se tienen actores en este país  los cuales se benefician de la pobreza como insumo generador de caos en sus diferentes manifestaciones, como es la guerra, la delincuencia y el narcotráfico , siendo el  único camino visible y viable para muchas personas que desde el desespero buscan vivir con dignidad (La desesperación y desesperanza genera este tipo de cosmovisión para la supervivencia).

La justicia social aborda  las necesidades ecológicas para la paz (verdad, justicia, reparación, inclusión democrática y el respeto por los derechos humanos), en las cuales a través de políticas de Estado serias y debidamente orientadas para el cumplimiento, fomentan la construcción en algunos sectores y la reparación en otros del tejido social ( conjunto de vínculos sustentados en la  confianza, solidaridad y redes de apoyo entre los ciudadanos), con efectos comportamentales colectivos de larga duración, inhibidores de la cultura de la inseguridad y de la violencia, en aras de una Colombia mejor.

En una Colombia tan herida por el flagelo de la injusticia social, las necesidades subjetivas relacionadas con el perdón y la reparación del dolor, son de suma importancia y son bandera de la justicia social para constreñir y en un futuro erradicar  la economía política y social del odio y de la venganza.

Colofón

La combinación de elementos como la educación, reflejado en el pensamiento crítico por parte de la participación ciudadana, el conocimiento de la institucionalidad nacional con sus deberes y compromisos orientados hacia la justicia social  y  la exigencia de políticas de regulación hacia los medios de comunicación para que moderen los mensajes y eviten la viralización de contenidos cargados de odio y de discriminación, son insumos para que la ciudadanía lo tenga muy presente en este momento nacional tan agitado y cargado de incertidumbre para que actúe con inmediatez orientada a través de  la legalidad en su accionar.

Exigir y reclamar Justicia Social a pesar de la escucha permanente de amenazas y discursos de odio en contra del pueblo Colombiano.

Mención para el lector

Este texto no pretende ser un producto acabado o el final del camino.  Es una invitación a la reflexión y el debate para la construcción colectiva ya que en “El Opinadero” cada lector es también un autor.

A partir  de lo mencionado:

¿Qué hacer como ciudadano en estos momentos, con relación al presente y futuro de Colombia?  Opine en el Opinadero.