Por: Daniel Silva Orrego
Ya se cumplió un mes del fatal terremoto que sacudió gran parte del país, pero que afectó considerablemente al Eje Cafetero, Chocó y Valle del Cauca. Dejando invaluables pérdidas económicas y más de 300 personas fallecidas.
Desde la misma semana del siniestro, el Presidente de la República Abelardo de la Espriella anunció la creación de lo que él mismo denominó el Fondo Milagro. Indicando que sería el ente encargado de canalizar recursos nacionales e internacionales con el objetivo de atender la reconstrucción de hospitales, centros educativos, vías y aeropuertos en las regiones afectadas por el sismo. Inclusive, el 21 de agosto también se informó por parte del gobierno nacional, la designación del antioqueño Jaime Andrés Uribe Tamayo como Gerente del mencionado Fondo.
Sin embargo, después de transcurrido un mes del lamentable suceso y que mediante el Decreto 1261 del 19 de agosto de 2026, se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por grave calamidad pública en quince (15) departamentos, lo cual habilita al gobierno para emitir decretos legislativos, a la fecha no se ha creado jurídica ni administrativamente el llamado Fondo Milagro, ni mucho menos se conoce con certeza cómo será su régimen de contratación y la forma en que operará.
Lo anterior no es un detalle menor, pues precisamente se está frente a un hecho de la naturaleza que dejó en Pereira, por citar solo algunas cifras, más de 35.000 viviendas afectadas, más de 60 estructuras con colapso total y la infraestructura del Aeropuerto Matecaña comprometida, que ha conllevado a la imposibilidad de restablecer totalmente su capacidad operativa. Todo lo cual requiere atención estatal inmediata y no el inicio de trámites tortuosos que conlleven a un letargo administrativo, pues son muchos los ciudadanos, familias, comerciantes y empresarios que están a la espera de decisiones oportunas y eficaces. Hoy los afectados necesitan menos ruedas de prensa y más acción.
Por otro lado, un tema que no es de menor importancia será el rol de las entidades territoriales (alcaldías y gobernaciones) con relación a los recursos del citado Fondo, es decir, ¿habrá algún tipo de responsabilidad por parte de aquellas en la ejecución de estos o todo será centralizado en la gerencia del Fondo? Por el momento, son más las dudas que las certezas respecto al funcionamiento que tendrá dicho ente.
En todo caso, lo que sí se requiere tan pronto entre en operación este anuncio del gobierno nacional es mucha veeduría y control social. No se puede permitir que los recursos destinados a la atención de esta grave tragedia se conviertan en el festín de los corruptos, máxime cuando el 2027 será un año de elecciones territoriales y desde antaño se conoce precisamente cómo operan las casas políticas tradicionales para dichas fechas.
Por lo anterior, desde esta columna estaremos vigilantes al manejo de todos aquellos recursos que se destinen desde el Fondo Milagro a la reconstrucción de la región.
Importante que se creen entes de control con organizaciones de la ciudadanía para evitar el mal uso de los recursos y que se destinen a lo que realmente se necesita