El origen de la independencia de los poderes del Estado en legislativo, ejecutivo y judicial se dio para evitar las dictaduras. Corresponde a la filosofía política del siglo XVIII con Montesquieu, en su obra “El espíritu de las leyes”, donde formuló la teoría clásica de los tres poderes independientes y con autonomía: legislativo, ejecutivo y judicial. Su meta es que “El poder detenga al poder”.
Hoy más que nunca Colombia requiere que esta máxima se aplique, y en especial, el poder judicial. Conocemos que ADLE tiene mayoría en el Congreso, saldrán normas que van en línea con el modelo neoliberal, en donde la educación, la salud, el desarrollo económico, van a quedar en la saga. Avisaron un gran recorte presupuestal de la inversión social en el proyecto de presupuesto de 2027. Lo anterior va unido a la entrega de parte de nuestros recursos naturales en favor de capitales foráneos. Estos hechos van marcando un camino peligroso de la ultraderecha, con funcionarios mediocres que no buscan el bienestar colectivo, sino del gran capital.
Los colombianos debemos prestar mucha atención a los símbolos y actuaciones de ADLE, como es el empleo de símbolos religiosos, de armas en su cinto, con chaleco antibalas rodeado de escoltas, tratando de mostrar fuerza, en una actuación no propia de un jefe de Estado, asustará a algunos, como a los turistas en Santa Marta. Colombia no controla el territorio, le faltan estrategias militares y tener la infraestructura y logística militar necesaria para lograr el control territorial. Colombia es un país extenso y de compleja geografía.
El ejército colombiano es “nuestro” ejército, lo pagamos con nuestros impuestos, es de los colombianos, no del ejecutivo. Los militares no tienen obediencia ciega al supremo comandante de las fuerzas militares, así lo establece la Constitución de 1991 en su artículo 91, que determina que la obediencia debida no exime de responsabilidad a quien ejecuta una orden que viola manifiestamente la Constitución en detrimento de alguien, exceptuando a los militares en servicio, donde la culpa recae solo en el superior.
Los militares no están obligados a obedecer una orden superior cuando ésta conduce claramente a cometer un delito o una violación flagrante de la ley o de los derechos humanos. La Corte Constitucional ha sido reiterativa en que la «obediencia debida» sólo aplica a órdenes legítimas y constitucionales. Una orden abiertamente ilegal pierde el carácter de obligatoria, y cumplirla acarrea responsabilidad penal y disciplinaria individual para quien la ejecuta. Los militares deben ser cautos. Tenemos más de 6.402 experiencias dolorosas.
El silenciamiento y las demandas a periodistas, como el caso de Camila Zuluaga, Ana Cristina Restrepo, VLADO, los señalamientos a Daniel Coronell; el arrinconamiento a dirigentes gremiales como al presidente de la ANDI, Bruce Macmaster. Los medios de comunicación afines al gobierno que hacen gala del manejo de un lenguaje que ignora, busca disuadir y enredar a la audiencia. El deterioro del lenguaje está estrechamente ligado a la corrupción política, hay sutilezas evidentes. Emplean un lenguaje descuidado, sesgado, impreciso, tendencioso, sin contexto. Cambian palabras y frases; “muertos civiles” por “daños colaterales” (falsos positivos); “invasión” por “operación militar”; “conflicto” en lugar de “genocidio”. Omiten de manera deliberada noticias relevantes como la muerte del menor de edad civil, no combatiente, de 16 años en Santa Marta por el ejército, es un hecho inadmisible. Deciden el qué, cómo y cuándo de la noticia. Estamos llenos de “telebasura”.
A los ciudadanos nos empujan a comportarnos con señales elaboradas. Aunque la frase exacta no aparece, es la metáfora que evoca una imagen perfecta sobre el mecanismo psicológico del control mental y el adoctrinamiento en la novela “1984” de George Orwell, es la sumisión anticipada del hombre frente al poder, “los perros de circo que dan el salto antes de que truene el látigo”, es una idea que evoca con precisión el condicionamiento, el temor anticipado y la interiorización de la opresión. El perro no salta necesariamente porque el látigo lo golpee, sino por el terror al castigo previo. El sonido o el movimiento del látigo es un estímulo condicionado y poderoso que hace que el animal reaccione antes de que el movimiento se ejecute. El látigo no necesita tocarlo; el perro ya lo lleva dentro, anticipándose al golpe para evitarlo.
Este tipo de conducta está haciendo carrera, se nota en el discurso con instrucciones y amenazas a funcionarios públicos, periodistas y todo aquel que considere no es de sus afectos. Los viceministros no pueden dar declaraciones a ningún medio de comunicación. Durante una visita al departamento de Sucre, ADLE cuestionó públicamente al alcalde, Yahir Acuña por sus antecedentes en procesos judiciales e investigaciones. El mandatario advirtió que no trabajará bajo su esquema y que buscará mecanismos para vigilar y alejar de su control los recursos nacionales destinados a Sincelejo. En este caso ADLE no es una autoridad de control ni judicial, traspasa sus funciones. Pero todo obedece a una estrategia.
Toda acción que busque mermar la independencia de los poderes del estado colombiano no puede pasar inadvertida. El mayor triunfo del poder totalitario no es la fuerza física, sino lograr que las instituciones y los ciudadanos ejecuten la voluntad del amo de forma voluntaria y automática, como lo haría el perro.
¿Dónde están los organismos de control? ¿qué dicen las altas cortes? Tenemos la percepción no lejana de la realidad que estos no funcionan de manera eficaz, a pesar de tener presupuestos robustos. Los lazos de afinidad política comprometen su independencia en las investigaciones a los mismos partidos o funcionarios que apoyan sus designaciones. El caso la Nueva EPS por el manejo inadecuado de más de cinco (5) billones de pesos por parte de la alta dirección, más la deficiente gestión de la entidad en detrimento de la salud de sus afiliados, ha sido dilatada y sin sanciones. Son pésimas señales para los colombianos que ven una justicia selectiva. ¿Los gremios, qué?
La fragmentación en las funciones de la Contraloría, que no destituye ni juzga penalmente; la Procuraduría investiga faltas disciplinarias; y la Fiscalía persigue, hay duplicidad de funciones y faltarían modificaciones legales y/o constitucionales para ejercer un verdadero control. Amén de las debilidades técnicas por la asignación de cargos sin experiencia.
Estamos ante la posible captura por el ejecutivo, Colombia iría por el peor camino. La idea de convocar a una constituyente, que no gusta al establecimiento, es necesaria para corregir procedimientos para el nombramiento, aumentar y precisar inhabilidades para los cargos a magistrado en las cortes, procuradores, fiscal general de la nación, contralorías, el defensor del pueblo, superintendentes. Desarrollar normas de fondo contra la corrupción. Es necesario hacer correctivos legislativos, no debe existir vencimiento de términos, muchos procesos quedan sin juicio. Eliminar la figura de casa por cárcel para delitos de corrupción. Hay penas que son el hazme reír del sentido común.
La oposición política, en particular el Pacto Histórico, se ve desorientado. Estamos a un año de elecciones regionales para elegir 1.103 alcaldes, 32 gobernadores, concejales y diputados, y no se ve presión alguna para que la Registraduría Nacional acate la recomendación de 2018 del Consejo de Estado de contar con su propio software de escrutinio y de propiedad estatal y sujeto a auditoría por parte de todos los partidos políticos y entes de control. Hay que exigir y “exigir” su implementación y transparencia para las próximas elecciones. No implementar un nuevo software nos lleva a riesgos y consecuencias profundas para la institucionalidad del país. No actualizar estas herramientas frena nuestra soberanía. El gobierno debe garantizar que el código fuente sea auditable sin restricciones.
Otra institución que hace gala de su silencio es la iglesia católica. Su prédica por los más desfavorecidos está sin eco. Su mutismo es desconsolador. Es hora de que tomen posición, su tibieza es condenable. Las iglesias cristianas le han tomado ventaja política, funcionan con mayor agilidad. Hoy tienen una gran audiencia y un gran potencial electoral.
No podemos asistir en el futuro a una deplorable autopsia por los daños a la democracia por la entrega sin límites del poder legislativo y judicial al ejecutivo. Se estaría radicalizando el “El Estado Profundo”. Necesitamos como dijo Montesquieu que: “El poder detenga el poder.”
