Este debate tiene que darse de frente
¿Puede arrogarse el presidente de un país democrático como Colombia la propiedad de su memoria histórica y decidir qué puede o no puede conformar su patrimonio cultural?
La respuesta, obviamente, es no, porque su poder es limitado y temporal. En cambio, la memoria individual y colectiva, así como la historia de un país, abarcan el pasado, la permanencia, el presente y el futuro. La memoria nacional es de todos y de cada uno de los colombianos, porque la historia está ahí: en los acontecimientos, en los hechos que marcan el devenir de la nación y en los procesos sociales y políticos que hemos vivido en la construcción del país que hoy somos.
Las obras —pinturas, iconografías, imágenes, monumentos, escritos, afiches y objetos— son testimonios de hechos y acontecimientos que marcaron hitos y contribuyeron a formar nuestra identidad y nuestro sentido de pertenencia. Son, por tanto, objetos de memoria que buscan perpetuar la presencia y el legado de personas, hechos y colectividades que marcaron cambios, puntos de inflexión o rupturas en nuestro devenir social y político.
La memoria, como afirma Gonzalo Sánchez, es «en sentido profundo una forma de resistencia a la muerte, a la desaparición de la propia identidad» (Sánchez, G., 2014). Esa es, precisamente, una de las razones por las cuales resulta inaceptable, arbitraria, atrevida y ofensiva para el país la decisión del presidente de descolgar treinta obras que, según él y su ministra, constituían una «apología del terrorismo».
No es la primera vez que se intenta borrar, alterar o suprimir hechos históricos, o desfigurar la memoria colectiva. En el siglo XIX se invisibilizó el protagonismo de negros y mulatos en las luchas por la Independencia, y se intentó desfigurar la figura del general y héroe de la República José Prudencio Padilla. Asimismo, se quiso ignorar a Juan José Nieto Gil, el único presidente negro que ha tenido el país. Aunque fue rescatado del olvido, su retrato fue sometido a un proceso de blanqueamiento porque no se le consideraba digno, debido al color de su piel, de ocupar un lugar en la galería de retratos presidenciales.
La memoria tiene un peso ético que el país debe asumir. Colombia ha intentado hacerlo mediante reformas constitucionales y procesos de paz, pero sin lograr resultados definitivos, pues persiste la resistencia de sectores de las élites a enfrentar su responsabilidad histórica frente a hechos criminales que han marcado la vida nacional. Entre ellos figuran los magnicidios —incluidos los asesinatos de cuatro candidatos presidenciales en un periodo de tres años, como fueron Pardo Leal, Pizarro León Gómez, Luis Carlos Galán y Bernardo Jaramillo en algunos de los cuales se ha señalado la participación de agentes estatales—, el genocidio de la Unión Patriótica (UP) y las ejecuciones extrajudiciales presentadas como muertes en combate.
En este contexto, resulta particularmente difícil avanzar en la recuperación de la memoria histórica durante un gobierno que considero negacionista. Sin embargo, esa recuperación es indispensable para comprender qué nos ha pasado, por qué sucedió y por qué continúan reproduciéndose las dinámicas de violencia. También es fundamental para identificar cómo podemos desatar esos nudos conflictivos y evitar, de una vez por todas, que la historia se repita.
Porque, mientras no haya verdad, reparación y justicia, las huellas de la violencia en la memoria colectiva permanecerán como heridas abiertas.
Imagen generada por I.A.
