Por Miguel Ernesto Diaz Leiva
Han pasado tres meses desde el terremoto que cambió la vida de miles de familias en Pereira. El movimiento telúrico duró cerca de dos minutos. Y sus consecuencias, siguen presentes en cada barrio afectado, en cada vivienda agrietada y en cada familia que aún no sabe qué ocurrirá con su futuro.
Durante este tiempo hemos escuchado anuncios, informes, diagnósticos técnicos, visitas de inspección, ruedas de prensa y promesas de reconstrucción. Todo ello es necesario. Pero existe una realidad que no aparece con suficiente fuerza en los informes oficiales: la incertidumbre también destruye.
Hoy, miles de ciudadanos continúan esperando respuestas básicas. No saben si sus viviendas serán reparadas, reforzadas o demolidas. No conocen los plazos. No saben si podrán regresar a sus hogares o si deberán empezar de nuevo en otro lugar. Mientras tanto, la vida sigue avanzando, las obligaciones continúan llegando y la economía familiar se deteriora.
La tragedia no terminó cuando dejaron de sentirse las réplicas. La tragedia continúa mientras una familia permanezca desplazada de su hogar, pagando un arriendo inesperado, viviendo con familiares (la nueva clase social; LOS ARRIMADOS de estratos del 1 al 6) o enfrentando la angustia de no saber qué pasará con el patrimonio construido durante décadas de trabajo.
Pero existe una pregunta aún más importante que hasta ahora nadie parece dispuesto a responder con claridad:
¿Quién va a pagar la reconstrucción? Porque una cosa es que los ingenieros determinen que una vivienda requiere reforzamiento estructural y otra muy distinta que una familia tenga los recursos para financiarlo. La mayoría de los afectados pertenecen a la clase media y a los sectores populares. Son pensionados, trabajadores, pequeños comerciantes, conductores, emprendedores y empleados cuyos ingresos apenas alcanzan para cubrir los gastos de cada mes. Para muchos de ellos, asumir obras que pueden costar decenas o cientos de millones de pesos simplemente no es posible.
Y aquí aparece un problema del que muy poco se habla.
Según la información conocida hasta ahora, apenas una pequeña parte de las edificaciones afectadas contaba con seguro. Esto significa que la inmensa mayoría de las familias enfrenta la emergencia sin ninguna protección financiera.
Pero incluso entre quienes sí tenían una póliza existe otra realidad preocupante: el infraseguro. Muchos propietarios aseguraron sus viviendas por valores muy inferiores a su costo real de reconstrucción. Quizá para reducir el valor de la prima, quizá por desconocimiento, quizá porque nunca imaginaron enfrentar una situación como esta. Hoy descubren que la indemnización no necesariamente cubrirá la totalidad de los daños. Una vivienda que requiera inversiones por 200 millones de pesos podría encontrarse asegurada por apenas 80 o 100 millones. En esos casos, la indemnización será proporcional al valor asegurado y el propietario tendrá que conseguir por sus propios medios los recursos faltantes. Es decir, muchos de los que tienen seguro tampoco tienen garantizada una solución completa. Y si esta situación ya resulta preocupante para una minoría, es mucho más grave para el enorme porcentaje de familias que jamás tuvo una póliza.
¿Qué hará una familia que no tiene seguro, no tiene ahorros suficientes y tampoco puede acceder a un crédito bancario?
¿Qué hará un pensionado cuya vivienda ha sido declarada inhabitable?
¿Qué hará el pequeño comerciante que perdió su casa y simultáneamente vio afectado su negocio?
¿Qué hará una pareja que todavía está pagando una hipoteca sobre un inmueble que ya no puede habitar?
Estas preguntas no son teóricas. Son la realidad que hoy enfrentan miles de hogares pereiranos.
Por eso la reconstrucción no puede limitarse a producir diagnósticos técnicos. Los diagnósticos son indispensables, pero por sí solos no reconstruyen una casa. La ciudad necesita una estrategia integral de financiación que contemple subsidios, créditos blandos, alivios tributarios, apoyo para los propietarios con infraseguro y soluciones para quienes no cuentan con ninguna cobertura.
De lo contrario, Pereira podría enfrentarse a una segunda emergencia, menos visible que el terremoto, pero igualmente devastadora: una crisis económica y social provocada por la incapacidad de miles de familias para recuperar sus viviendas.
A esta situación se suma otra problemática que ha generado creciente inconformidad ciudadana. Desde el día del terremoto existen viviendas desocupadas por daños estructurales, órdenes de evacuación o riesgos para sus ocupantes. Son inmuebles donde ya no vive nadie. Casas cuyos medidores de agua, energía o gas permanecen prácticamente detenidos. Sin embargo, las facturas siguen llegando. La explicación suele ser que los funcionarios encargados de la lectura no pueden ingresar a determinadas edificaciones y que, por lo tanto, la facturación se realiza utilizando promedios históricos de consumo anteriores al desastre. Quizá esa práctica tenga sustento administrativo en circunstancias normales. Pero Pereira no está viviendo circunstancias normales. Resulta difícil explicarle a una familia afectada que debe pagar consumos que no ha realizado durante meses. Resulta difícil entender que una vivienda vacía continúe recibiendo cobros similares a los que registraba cuando estaba plenamente ocupada. Y resulta aún más difícil aceptar que personas que enfrentan la pérdida de su patrimonio deban además cargar con facturas calculadas sobre consumos inexistentes. Las empresas de servicios públicos, que han sido históricamente aliadas del desarrollo regional, tienen hoy la oportunidad de demostrar sensibilidad social y liderazgo institucional. No se trata de desconocer la normatividad ni de comprometer su sostenibilidad financiera. Se trata de establecer mecanismos extraordinarios de verificación para inmuebles inhabitables, revisar casos especiales y ofrecer alivios temporales a familias que atraviesan una situación excepcional. La solidaridad también se expresa en las decisiones administrativas.
La reconstrucción de Pereira debe convertirse en una causa colectiva. Es una responsabilidad del Gobierno Nacional, de la Gobernación, de la Alcaldía, de los organismos de socorro, de los gremios, de las universidades, de las empresas y de toda la sociedad. Pero para lograrlo es indispensable hablar con honestidad sobre el verdadero desafío que tenemos por delante.
No basta con determinar cuáles viviendas deben demolerse y cuáles pueden recuperarse.
No basta con anunciar recursos.
No basta con elaborar diagnósticos.
La ciudad necesita saber cómo se financiará la reconstrucción de miles de hogares cuyos propietarios no tienen los recursos para asumirla.
Porque el terremoto dañó edificios, viviendas y negocios.
Pero la amenaza que hoy se cierne sobre Pereira es aún mayor: que la incertidumbre termine provocando una fractura económica y social más profunda que la originada por el propio desastre.
Tres meses después, miles de familias siguen esperando una respuesta. Siguen esperando un plan, una decisión, una ruta clara. Siguen esperando saber si podrán volver a sus hogares. Y mientras los diagnósticos avanzan lentamente y las facturas siguen llegando, Pereira parece aferrarse a una esperanza cada vez más frágil: la esperanza de que aparezca el milagrito que todavía no llega.
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