Si en los pasados días el Congreso impidió el proyecto presidencial de aplicar el IVA a los principales productos de la canasta familiar, al punto de obligar al oficialismo a retroceder y con el voto en contra de gran parte de la extrema derecha, el pueblo colombiano no se abstuvo de salir a marchar en contra del gobierno.
Aquí es innecesario pensar que se responde a un color político, a una convicción ideológica, a rechazar una forma de mandato por puro fanatismo, sino a cuestiones de sentido común, porque en el caso de recortarse los derechos, de atacarse las conquistas sociales, los damnificados serán todos sin importar a quién votaron.
Por ese motivo, tal como se venía anunciando, tuvo lugar el Paro General convocado para el jueves 19 de noviembre. No se trató de manifestarse ya siquiera por un aumento que ni siquiera se produjo, al haber nacido muerto debido a su inviabilidad, lo cual podía ser una circunstancia. El factor fundamental – la sustancia- de la movilización fue el hecho de no aceptar que cualquier gobierno indeterminado llegue a destruir conquistas sociales centenarias, no contento con haber sido parte del impedimento de muchas de las reformas sociales.
Tal vez en cierta forma, el cierre de Comestibles La Rosa de Nestlé, verdadero polo laboral del municipio de Dosquebradas, Risaralda, independiente de las razones particulares, terminó de dar por entender que de no poner límites a la cirugía sin anestesia del empresariado con la complicidad del gobierno, el desastre podría ser irreversible para el bolsillo de los asalariados.
Y las sociedades incapaces de ejercer presión en defensa de sus intereses están destinadas a sucumbir, sobre todo cuando al interior de los sectores bajos o medios existen partidarios de quienes a la postre, si los dejan hacer, serán sus propios verdugos.
Conciencia social
Colombia no es ni de cerca la sociedad sumisa o sometida que gobernaron Andrés Pastrana Arango (1998-2002), Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2006, 2006 – 2010) Juan Manuel Santos Calderón (2010 – 2014, 2014 – 2018) e Iván Duque Márquez (2018 – 2022), bajo cuya completa ineptitud se agudizaron sin remedio los efectos de la crisis.
Hartos de constreñimiento electoral, de votar a cambio de abalorios, de sospechas no infundadas de fraude, las clases populares, trabajadoras, los estudiantes, la juventud, votaron a un candidato además de un candidato surgido de la antipolítica, al único que aseguraba la posibilidad de gobernar el país de manera distinta.
Venciendo todos los obstáculos, incluso los nuevos intentos de robarse las elecciones, el deseo de cambio fue tan grande que de las mismas entrañas de Colombia surgieron miles de mujeres y hombres sin haber votado nunca antes, dispuestos a sufragar por Gustavo Petro Urrego, a la postre elegido Presidente.
Muy pronto, aun con los defectos o las deficiencias de un país donde el subdesarrollo político es patrimonio exclusivo de la clase dirigente de todas las convicciones, el gobierno del cambio demostró con hechos contundentes que para bien, ya nada volvería a ser igual.
El mismo pueblo pudo identificar los rostros de quienes lo querían mantener en la precariedad, la indefensión y aunque en muchas ocasiones lograron salirse con la suya gracias a la corrupción imperante en las entidades del Estado, veían en el gobierno de ese momento hechos concretos. La creación de universidades, el aumento del salario mínimo a un valor compatible con la realidad, la entrega de tierras, el aumento del empleo, de las pensiones a la vejez, entre tantas obras, persuadieron a las grandes mayorías que no se trataba de mera demagogia, de populismo, ni demás mentiras pregonadas desde la extrema derecha.
Se trataba más bien de una redistribución más acorde del Producto Bruto Interno (PBI), sin consecuencias hiperinflacionarias o endeudamiento, mientras las voces reaccionarias vaticinaban que el país “iba camino a convertirse en Venezuela”. No solo eso no ocurrió, sino que la política económica progresista fue elogiada a nivel internacional, mientras puertas adentro la catalogaban de forma alevosa de “comunista”. Ello, cuando durante cuatro años hubo un imperio absoluto de libertad y aun los empresarios, los terratenientes, parecieron volverse más ricos pero en un clima de mayor equidad e igualdad de oportunidades.
Esa fue la causa por la cual orquestaron el gran fraude de las elecciones de 2026, alterando el software con la injerencia de Estados Unidos -que admitió el hecho- e Israel, deseoso de recuperar los intereses en la región interrumpidos por la ruptura de relaciones de Petro frente al magnicidio realizado en Palestina.
Así, lo que primero fue decepción, desilusión e incomprensión sobre el criterio del pueblo ante la desgraciada elección de Abelardo de la Espriella, se tradujo en sospechas. Más adelante, los hechos dieron la razón cuando se descubrieron las maniobras fraudulentas que junto al presidente electo, habían beneficiado a los referentes de la extrema derecha continental, siendo apenas Lula da Silva en Brasil quien logró contrarrestar la trampa al blindar el software de la influencia de internet.
Las imágenes de la amplia adhesión al paro en las calles, evidenciada a través de cámaras, fotografías o la amplia cobertura de los medios de comunicación adictos al régimen, acabaron por ser la máxima evidencia de la burla inequívoca hacia la voluntad popular. Por consiguiente, de un pueblo que no se resigna a vivir como le digan, sino a hacer respetar su dignidad y bienestar, aunque le envíen al ESMAD, al ejército, la policía o a los mismísimos paramilitares a perfilarlo, reprimirlo e intentar controlarlo.
Evidencias concretas
En síntesis, las causas de la protesta se concentran en el impacto social de la política de seguridad, las restricciones a medios públicos y el hasta ahora fallido proyecto de Ley de Rescate Económico en trámite en el Congreso (que propone recortes de gasto y ajustes tributarios para contener la deuda pública), más que en una crisis cambiaria o de empleo en el corto plazo, aunque en ese sentido parezca haber comenzado a “mostrar los dientes”.
Otras se sustentan en la crisis de seguridad e incremento de asesinatos selectivos, siendo hasta la fecha 45 líderes asesinados entre el 7 de agosto y el 15 de noviembre de 2026 (un promedio de un homicidio cada 2,2 días), para un acumulado de 135 en todo el año, según Indepaz. El Cauca concentra la mayor cantidad de casos (11), seguido de Antioquia (8). Además, se registraron 6.667 personas desplazadas entre agosto y septiembre. Aunque la mencionada organización aclara que responde a dinámicas estructurales previas, la violencia letal contra defensores persiste en niveles altos.
Pero no solo los territorios son escenarios de reiterados atropellos a los derechos fundamentales. Organizaciones como la FLIP e ILSA han documentado restricciones a la prensa no afín en la Casa de Nariño y la suspensión de la programación informativa de las 20 emisoras de paz. El informe Cien días bajo presión (ILSA) advierte señales de erosión en controles institucionales y el manejo de la protesta, aunque señala que jueces han logrado frenar algunas medidas ejecutivas. En tal sentido, existen denuncias documentadas por oenegés y sindicatos, haciendo parte central de los distintos motivos del paro nacional.
Por último, aunque no figure de forma oficial en la lista de reclamos, se suma el malestar por la polémica en el manejo y destino de los recursos destinados a los damnificados del terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto de 2026 (con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y graves afectaciones en Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío), que estalló a tres meses de la tragedia y provocó la salida del gerente del Fondo Milagro el pasado 13 de noviembre.
Los cuestionamientos se concentran en cuatro frentes principales sobre la ejecución y transparencia de los dineros. El Fondo Milagro, patrimonio autónomo creado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella para administrar cerca de $624.656 millones de la reconstrucción, quedó en el centro del escándalo tras revelarse su escala salarial.
Cabe destacar que los primeros 27 contratados sumaban $765 millones mensuales en sueldos —con remuneraciones superiores a la de un ministro ($30,7 millones), como el gerente Jaime Andrés Uribe (casi $40 millones), su secretario privado ($36 millones) y un coordinador de comunicaciones ($30–$33 millones)—. El Consejo Directivo había aprobado un tope de hasta $8.887 millones para financiar una planta de 130 cargos hasta diciembre de 2026.
Al cabo del crecimiento de los gastos administrativos, en los debates de control político del Congreso se advirtió que apenas se había comprometido el 1,2 % del presupuesto ($7.440 millones en 9 contratos de demolición e interventoría en Cali y Pereira), sin obras de reconstrucción iniciadas y con miles de familias aún en alojamientos temporales o esperando subsidios.
Tras la presión pública, De la Espriella ordenó reversar los salarios el 12 de noviembre, pidió la renuncia a Jaime Uribe (quien además había faltado a tres citaciones del Congreso) y nombró en su reemplazo al exministro de Vivienda Luis Felipe Henao, quien asumió ad honorem (sin sueldo) y prometió reducir drásticamente la planta burocrática.
Organizaciones como Transparencia por Colombia y varios congresistas alertaron que, a tres meses del sismo, en la plataforma pública Secop solo aparecía un contrato del Fondo Milagro registrado por $0 pesos: el encargo fiduciario con Fiducoldex.
Aunque el registro figuraba en cero, el contrato pactó para Fiducoldex una comisión mensual de 142 salarios mínimos (cerca de $248,6 millones antes de IVA), pagadera con los rendimientos o con los mismos recursos del fondo. Ninguno de los nueve contratos de demolición reportados al Congreso había sido publicado en Secop dentro de los plazos legales; la entidad fijó como fecha límite el 20 de noviembre para cargar los expedientes.
Como si esto fuera poco, la Primera Dama, Ana Lucía Pineda, se sitúa en la boca del huracán. Otro foco de controversia rodea a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, creada el 7 de julio de 2026 y liderada por la esposa de Abelardo de la Espriella, que recaudó $54.589 millones en donaciones del sector privado para atender la emergencia.
Tras varios derechos de petición de congresistas como Alejandro Ocampo y Duvalier Sánchez cuestionando el destino exacto de las donaciones, un juzgado ordenó detallar con precisión en qué se invirtieron los recursos. Ante una respuesta inicial sin soportes financieros completos, se anunció un incidente de desacato.
Concentración de los aportes: El informe publicado por la fundación reveló que el 81 % de lo recaudado (~$44.000 millones) provino de la familia Gilinski con destinación específica exclusiva para reconstruir tres colegios y tres centros de salud en Cali, dejando unos $10.400 millones para el resto de las zonas afectadas. Aunque no se han probado delitos ni desvío de fondos públicos (pues manejó aportes privados bajo régimen sin ánimo de lucro), persisten críticas por la opacidad en los costos logísticos y el uso político de las entregas.
Tanto la Procuraduría como la Comisión Accidental Bicameral del Congreso documentaron que cientos de familias afectadas en departamentos como Valle del Cauca, Chocó y el Eje Cafetero quedaron por fuera del Registro Único de Damnificados (RUD) debido a fallas en la recolección de datos por parte de alcaldías y gobernaciones, o por falta de títulos formales de propiedad en zonas rurales, lo que les ha impedido acceder a los subsidios temporales de arriendo de la UNGRD y a los bonos de vivienda.
¿Se entiende por qué la extrema derecha necesitaba elegir un primer mandatario como el actual, en lugar de un hombre progresista, continuador de la obra de Gustavo Petro y estrechamente relacionado con los derechos humanos como Iván Cepeda Castro? En verdad, lo lograron. ¿Pero hasta dónde y cuándo, si al carácter de ilegítimo se suma la completa incapacidad para gobernar, mientras la gente se ve obligada a ganarse las calles, veredas o campos para rechazar un régimen dictatorial de hambre, miseria, desfalco y represión, poniendo en riesgo el sistema democrático del país y la institucionalidad, a punta de violencia o corrupción?
Escribe: CARLOS ALBERTO RICCHETTI
GLOSARIO
- Ad honorem: Locución latina que significa «por el honor». En la función pública designa a quien ejerce un cargo o encargo sin recibir remuneración económica ni salario.
- Canasta familiar: Conjunto de bienes y servicios básicos que consume habitualmente un hogar promedio (alimentos, vivienda, transporte, salud, educación) y que sirve de referencia para medir la inflación y definir políticas tributarias.
- Constreñimiento electoral: Delito contra los mecanismos de participación democrática que consiste en presionar, amenazar o intimidar a un ciudadano para que vote por determinado candidato o se abstenga de hacerlo.
- Encargo fiduciario: Contrato mediante el cual una entidad pública o privada entrega recursos a una sociedad fiduciaria (como Fiducoldex) para que los administre e invierta conforme a una finalidad específica, sin transferirle la propiedad de los bienes.
- ESMAD (actual UNDMO): Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional de Colombia, reestructurado como Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, encargado del control de disturbios en manifestaciones públicas.
- FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa): Organización no gubernamental colombiana dedicada a monitorear agresiones contra periodistas, documentar restricciones al acceso a la información y defender la libertad de expresión.
- Fondo Milagro: Patrimonio autónomo creado por el Gobierno nacional en 2026 para centralizar y ejecutar los recursos públicos destinados a la atención y reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto en el suroccidente y Eje Cafetero.
- ILSA (Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos): Organización de investigación jurídica y derechos humanos con sede en Bogotá que realiza seguimiento a políticas públicas, garantías constitucionales y protesta social.
- Incidente de desacato: Mecanismo judicial mediante el cual un juez sanciona (con multa o arresto) a un funcionario o particular que incumple una orden impartida en un fallo de acción de tutela.
- Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz): Centro de pensamiento colombiano que lleva el registro sistemático de violencia contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, firmantes de paz y masacres.
- IVA (Impuesto al Valor Agregado): Tributo indirecto que grava el consumo de bienes y servicios en Colombia.
- Ley de Rescate Económico: Proyecto de ley radicado por el Ejecutivo ante el Congreso en el segundo semestre de 2026 con medidas de recorte de gasto público y ajustes tributarios orientados a reducir el déficit fiscal y contener la deuda.
- PIB / PBI (Producto Interno Bruto): Indicador macroeconómico que mide el valor monetario total de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país durante un periodo determinado.
- RUD (Registro Único de Damnificados): Base de datos oficial administrada por la UNGRD en coordinación con alcaldías y gobernaciones para censar a las personas afectadas por un desastre natural y asignarles ayudas humanitarias o subsidios.
- Secop (Sistema Electrónico para la Contratación Pública): Plataforma oficial administrada por Colombia Compra Eficiente donde las entidades estatales deben publicar de manera transparente todos sus procesos de contratación y ejecución presupuestal.
- UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres): Entidad estatal encargada de coordinar el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, atender emergencias y distribuir ayudas tras catástrofes naturales.
BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE REFERENCIA
Para respaldar los datos factuales citados en el texto, se deben referenciar los siguientes informes institucionales, debates legislativos y registros oficiales:
- Congreso de la República de Colombia. (2026, octubre–noviembre). Actas y debates de control político de la Comisión Accidental Bicameral de seguimiento a la reconstrucción del suroccidente y Eje Cafetero, y comisiones económicas sobre el proyecto de Ley de Rescate Económico. Bogotá: Senado de la República y Cámara de Representantes.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2026). Boletín Técnico: Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) – Mercado laboral (agosto y septiembre de 2026). Bogotá: DANE.
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). (2026). Alertas y pronunciamientos sobre acceso de medios a la Casa de Nariño y suspensión de programación informativa en las emisoras de paz. Bogotá: FLIP.
- Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). (2026, noviembre). Informe de cifras de violencia contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y desplazamiento forzado en Colombia (enero – noviembre de 2026). Bogotá: Indepaz.
- Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA). (2026, noviembre). Cien días bajo presión: Balance sobre garantías constitucionales, controles institucionales y protesta social. Bogotá: ILSA.
- Procuraduría General de la Nación. (2026). Informes preventivos sobre fallas en el Registro Único de Damnificados (RUD) en Chocó, Valle del Cauca y Eje Cafetero. Bogotá: Ministerio Público.
- Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop II). (2026). Expediente contractual del encargo fiduciario entre el Fondo Milagro y Fiducoldex. Bogotá: Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.
- Transparencia por Colombia. (2026, noviembre). Pronunciamiento sobre riesgos de opacidad y publicidad contractual en los recursos de la reconstrucción del terremoto del 10 de agosto. Bogotá: Corporación Transparencia por Colombia.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PORTALES PARA CONSULTA
Dado que el artículo combina hechos documentados por entidades y prensa con afirmaciones de opinión editorial del autor (como las denuncias de fraude electoral internacional o calificaciones políticas sobre el carácter del Gobierno, las cuales no cuentan con respaldo judicial ni institucional), las fuentes de verificación se dividen según el eje temático:
A. Cobertura periodística sobre el paro del 19 de noviembre, economía y crisis laboral
- El Espectador (
elespectador.com): Cubrimiento de las movilizaciones del 19 de noviembre de 2026, el archivo/retroceso del IVA a la canasta familiar en el Congreso y el impacto del cierre de la planta de Comestibles La Rosa en Dosquebradas, Risaralda. - El Tiempo (
eltiempo.com): Informes sobre el trámite de la Ley de Rescate Económico, cifras del mercado laboral del DANE y reacciones del sector empresarial y sindical. - La República (
larepublica.co): Análisis sobre el cierre operacional de Nestlé/Comestibles La Rosa, comportamiento del dólar (TRM) y cifras de desempleo por ciudades. - La Patria (
lapatria.com) y El Diario (eldiario.com.co): Prensa regional del Eje Cafetero con seguimiento directo al impacto laboral en Dosquebradas y las afectaciones del sismo en Risaralda y Caldas.
B. Investigaciones sobre el Fondo Milagro y las donaciones de la emergencia
- La Silla Vacía (
lasillavacia.com): Reportajes sobre la escala salarial de los primeros contratados del Fondo Milagro, el contrato fiduciario con Fiducoldex, la salida de Jaime Andrés Uribe y el nombramiento ad honorem de Luis Felipe Henao. - Revista Cambio (
cambiocolombia.com): Investigaciones sobre la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, los derechos de petición de los congresistas Alejandro Ocampo y Duvalier Sánchez, el incidente de desacato y el desglose de los aportes privados (incluyendo la donación de la familia Gilinski). - W Radio (
wradio.com.co) y Caracol Radio (caracol.com.co): Entrevistas y denuncias de control político sobre el porcentaje de ejecución presupuestal (1,2 %) y los nueve contratos de demolición en Cali y Pereira.
C. Portales oficiales de verificación directa
- Indepaz (
indepaz.org.co): Observatorio de Conflictividades y Derechos Humanos (listado nominal de líderes asesinados en 2026). - FLIP (
flip.org.co): Sección de alertas sobre libertad de prensa y medios públicos. - Secop / Colombia Compra Eficiente (
colombiacompra.gov.co): Buscador público de contratos estatales para verificar los registros del Fondo Milagro. - UNGRD (
portal.gestiondelriesgo.gov.co): Comunicados oficiales sobre el Registro Único de Damnificados (RUD) y subsidios de arriendo tras el sismo de San José del Palmar.


