La delincuencia juvenil en Colombia y en el mundo ha cobrado una importancia crítica en los últimos años, impulsada por una creciente sensación de inseguridad y por la percepción de que muchos menores infractores cometen delitos graves sin recibir una sanción proporcional. Este fenómeno ha suscitado un intenso debate legal, ético y social en torno a la edad mínima de responsabilidad penal y la efectividad de los sistemas de justicia juvenil.
Según datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 17.619 menores pasaron por los 130 centros de reeducación en el país durante el último año. Esta cifra no solo evidencia la magnitud del problema, sino también la necesidad urgente de replantear el sistema de judicialización juvenil. Colombia enfrenta el dilema de cómo aplicar justicia sin vulnerar los derechos de los niños y adolescentes, pero al mismo tiempo sin caer en una impunidad que alimenta la reincidencia y la criminalidad organizada.
En los últimos cinco años, más de 160.000 jóvenes fueron capturados por delitos, pero solo a una fracción mínima se le pudo aplicar algún tipo de sanción efectiva. Esto ha generado una percepción de que los menores pueden delinquir con la certeza de que no serán castigados, lo que los convierte en piezas funcionales para estructuras criminales que los instrumentalizan como «intocables legales».
Actualmente, el artículo 165 del Código del Menor establece que los menores de 18 años son “inimputables para todos los efectos penales”. Esto implica que no se les puede juzgar como adultos, porque se presume que no tienen la capacidad plena para comprender el impacto de sus actos. No obstante, en la práctica, esta disposición ha sido interpretada por muchos sectores como una puerta abierta a la impunidad.
El enfoque actual prioriza la reeducación sobre la sanción, pero el volumen de casos y la gravedad de algunos delitos cometidos por menores incluyendo homicidios, robos a mano armada y pertenencia a bandas criminales, ha dejado en evidencia una brecha entre la realidad social y el marco legal.
El debate no solo es legal, sino también moral y psicológico. Numerosos estudios en psicología del desarrollo han demostrado que entre los 8 y los 12 años, los niños desarrollan una capacidad moral significativa. En esa etapa ya comienzan a diferenciar el bien del mal, comprenden las consecuencias de sus actos y pueden asumir responsabilidades frente a su entorno.
Colombia y el mundo están llamados a replantear el trato legal a los menores infractores, no desde la venganza ni desde la permisividad, sino desde una justicia consciente, equilibrada y pedagógica. La clave está en reconocer que la moralidad despierta antes de la mayoría de edad, y que proteger a la infancia también significa evitar que crezcan dentro de un sistema que les enseña que el crimen no tiene consecuencias.
¿Es momento de una reforma? Sí. Pero no cualquier reforma: una que se fundamente en la realidad psicológica, social y legal de nuestros niños y adolescentes, porque solo así se podrá construir un país donde la justicia no sea ciega ante la niñez, pero tampoco ingenua frente al delito.
Padre Pacho
