El cierre del año escolar se ha convertido, desde hace varias décadas en Colombia, en una carrera no solo contra el tiempo, sino también contra la misma vulnerabilidad del sistema, cada vez más frágil por las leyes, la permisividad familiar y las justificaciones de quienes orientan el proceso reflexivo en el aula de clase.
La aprobación de competencias por parte de los estudiantes, quienes, de paso, ya las obtienen porque inteligencia no les falta, pero sí les sobra calle, termina convirtiéndose en una negociación. Esa misma calle que catapulta la discusión de las décimas en una nota por encima de la adquisición de aprendizajes, columna vertebral del sistema educativo y de las plataformas intelectuales sobre las que está apuntalada toda la estructura pedagógica. Así, un año lectivo termina condensado en un par de semanas de cierre que ponen la carga académica y distribuyen el peso de las responsabilidades entre docentes, directivos y familia, dejando casi libres de responsabilidad a los directamente implicados: los «pobres educandos».
El tema de la adquisición de habilidades cognitivas e intelectuales parece ser un saludo a la bandera durante los primeros meses del año. Parece que, por una extraña manía propia de la adolescencia, el descuido, la tranquilidad y la desidia se enquistan, se propagan y se diseminan como una pandemia de oposición frente a quienes podríamos llamar sus verdugos pedagógicos, desde el momento en que se abren las escuelas y los colegios para que la luz ilumine las mentes. Sin embargo, a veces parece tratarse de un problema de intensidad y no de cobertura.
Terminar un año escolar se ha convertido, además, en una sobrecarga de evidencias que deben justificar, casi sin más propósito que reproducir la burocracia escolar, el devenir de los años que deben priorizar en un salto de triunfo para los estudiantes.
Un joven que reprueba su grado escolar encuentra, desde la misma norma, ventanas abiertas que sirven de escapatoria a su paquidermia intelectual. En muchos casos, las mismas instituciones educativas, bajo la presión de los tinterillos de pasillo, sucumben al no lograr sustentar de manera «eficiente» el material probatorio para la no promoción de un estudiante.
La aprobación del año para un infante cognitivo, parece convertirse en un acontecimiento milagroso durante el mes once del año. En esas circunstancias de agobio y desolación por un año diluido, las fuerzas llegan, se apoderan de un espíritu libre y lo despiertan del sueño que lo condujo a esta debacle estudiantil. La prioridad aparece de la manera menos pensada y justo cuando el año tiene la facultad de andar más rápido de lo habitual. Ellos quisieran que las semanas fueran días eternos, mientras los otros cuentan las horas como un pasatiempo previo a las anheladas vacaciones.
La responsabilidad por el posible fracaso escolar o el desinterés por aprehender también puede cuestionarse desde un sistema educativo que, en ocasiones, termina reduciendo el aprendizaje a una colección de tareas pendientes y la promoción a una negociación de fin de año. Tareas que parecieran ser, simplemente, la ocupación del tiempo de un joven que dispone de él de manera simplista, y no la contextualización de competencias con su entorno y su realidad. Una promoción que se identifica más con el concepto de rebajas y ofertas del mercado que con la posibilidad de una movilidad cognitiva que priorice la madurez de quien aprende.
Si la responsabilidad por la reprobación de un año escolar recae en los estudiantes y también en el sistema, la escuela, los centros educativos y las instituciones educativas tienen igualmente su cuota de responsabilidad. Podría afirmarse que la escuela, entendida como una construcción humana, ha dejado también las tareas pendientes de la promoción para el cierre del ciclo escolar. Ha pensado, además, que el cierre es, en últimas, únicamente el de la fase lectiva y no el de un proceso previo que se consuma con un registro de notas, las cuales terminan consolidándose como pasaporte de tránsito hacia otro salón.
Los mecanismos o protocolos de seguimiento para evitar que la llamada repitencia del año se haga evidente y masiva resultan minúsculos frente al poco compromiso de acompañamiento de las familias y la escasa disposición de los menores para cumplirlos. La escuela que obvia u olvida sus protocolos de observación y monitoreo con sus pupilos también carga con el peso traumático del cierre. Aunque estas no deberían ser razones suficientes para que padres y estudiantes vean en los docentes al enemigo interno, cuando una amplia mayoría de ellos cuenta con la objetividad y el conocimiento necesarios para determinar el alcance de las competencias académicas.
El mes de noviembre y, particularmente, el momento en que culminan la planeación de clase y las actividades propias del aula se convierten en una reflexión profunda sobre la gran distancia que existe entre brindar posibilidades y obsequiar, de manera dadivosa, una nota o unos resultados definitivos.
Las instituciones educativas pueden entenderse desde la flexibilidad, la comprensión y su propia capacidad para identificar las circunstancias particulares de cada estudiante. Sin embargo, también es obligatorio, en el marco del respeto por los procesos individuales, velar por el valor del esfuerzo, la entrega, la responsabilidad y el aprendizaje, y defenderlo.
No será posible construir una cultura intelectual robusta si la mirada justiciera de los acudientes se centra en los docentes como bárbaros del aula; si la voz de los estudiantes interrumpe la cotidianidad de las clases; si la responsabilidad del docente se diluye entre un cúmulo de leyes anacrónicas; si la objetividad de los directivos docentes se cifra en la matrícula y la permanencia, y no en el crecimiento intelectual; y, por supuesto, si el Gobierno privilegia, desde su narrativa, un lenguaje de enfrentamiento y no de respeto hacia todos.


