A pocos días de las elecciones de este 8 de marzo, el ambiente en Pereira y Risaralda no es de fiesta democrática, sino de profunda sospecha. Mientras la ciudadanía lucha por el sustento diario, en las calles sube como espuma la indignación por los caudales de dinero que inundan las campañas políticas. Es un secreto a voces: la dificultad para justificar el monto y origen de esos recursos es proporcional a la ostentación de quienes pretenden legislar en nombre de un pueblo al que, en la práctica, parecen estar comprando con mucho dinero, que ha salido de la magia que brinda el estar en el poder.
El panorama es desolador cuando se analiza la calidad de los aspirantes. Por un lado, el liberalismo nos presenta a un viejo dirigente que encarna el anacronismo político: Diego Patiño, padre del actual gobernador. Con más de tres décadas en la Cámara de Representantes y de quien podemos asegurar que, su paso por el Congreso se traduce en una ausencia absoluta de brillo, debates de altura o posiciones políticas que hayan contribuido a transformar la realidad del país. Es la política del silencio legislativo y el activismo burocrático.
Este caduco cacicazgo tiene hoy su principal fortín en la empresa EDUR. Bajo la actual administración departamental, esta entidad sufrió una modificación de sus estatutos para hacer su régimen de contratación mucho más laxo. El resultado es alarmante: una entidad que permite adjudicar procesos multimillonarios saltándose la Ley 80, entregando recursos de regalías, rentas propias y proyectos nacionales de manera directa. El ejemplo más escandaloso son los $540.000 millones destinados al hospital de cuarto nivel; una inversión histórica que la EDUR maneja, en gran medida, mediante invitaciones cerradas y a dedo. Al revisar la contratación entre enero de 2025 y enero de 2026, queda uno estupefacto ante el festín de adjudicaciones directas que violan los principios constitucionales de transparencia y libre concurrencia.
Pero si por la Gobernación llueve, por los lados de la Alcaldía de Pereira no escampa. Las candidaturas de María Irma Noreña al Senado y Franyela a la Cámara —cónyuge e hijastra del alcalde Salazar Peláez respectivamente— representan el punto máximo del nepotismo y la desfachatez. De su formación política o soluciones serias para la nación, nada se sabe. De María Irma solo queda el recuerdo de su nefasto paso por la empresa Aguas y Aguas y el abuso sistemático de su rol como gestora social para fines proselitistas.
Desde marzo del año pasado, su imagen ha sido omnipresente: vallas, publicidad oficial e incluso en la factura de servicios públicos. Este asalto a la estética y a la ética pública ha contado con la complicidad de unos organismos de control regionales que parecen estar capturados o, peor aún, al servicio de la corrupción galopante que saquea nuestras rentas.
El despotismo ha llegado al extremo de inventar convenios para camuflar asesorías políticas. ¿Cómo explicar un contrato de $595 millones entre la Alcaldía y Aguas y Aguas para una «estrategia de comunicación» ejecutada por el estratega Ángel Becassino? Utilizaron a la empresa de todos los pereiranos para contratar a dedo una asesoría política privada, utilizando triquiñuelas para ocultar el producto real de dicho contrato. Solo un ingenuo —o alguien que nos cree estúpidos— aceptaría que esto fue una estrategia para el beneficio de la ciudad y no para el fortalecimiento de un proyecto familiar.
El paso de la dupla Salazar-Noreña por nuestra alcaldía no dejará más que sinsabores. Siguen la senda de las administraciones de Gallo y Maya, donde la función pública y el patrimonio ciudadano se convirtieron en un circo romano para favorecer a contratistas y un par aspiraciones electorales. El síntoma más claro de la descomposición interna es la reciente renuncia de un miembro de la junta directiva de Aguas y Aguas, quien no resistió el nivel de instrumentalización de la empresa. Voces internas lo confirman: existen miembros que solo asisten para cumplir el protocolo, sin auditar la modificación de perfiles de cargos o los contratos de prestación de servicios que no agregan valor, pero sí aseguran votos.
Este 8 de marzo tenemos la oportunidad histórica de sacudirnos este yugo. Ya conocemos de sobra cómo este Congreso ha afectado la vida de los colombianos mediante decisiones que favorecen la corrupción. Estamos prevenidos y avisados. No podemos permitir que el patrimonio de Pereira y Risaralda siga siendo la chequera de los mismos de siempre. Es hora de sepultar, con un voto responsable y valiente, estas tradicionales y corrompidas prácticas de la politiquería.
