Colombia atraviesa una emergencia humanitaria en salud que ya no puede medirse solo en cifras financieras o en debates legislativos, sino en sufrimiento humano. El desabastecimiento de medicamentos, las largas filas que comienzan a la madrugada, el cierre de servicios, las barreras administrativas y los tiempos de espera que oscilan entre 90 y 250 días para una cita especializada hoy son parte de la cotidianidad de millones de personas. Detrás de cada trámite aplazado hay un paciente desesperanzado, una familia preocupada y un trabajador de la salud desbordado. La Ley 100 de 1993 creó el Sistema de Seguridad Social Integral con principios claros: eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación. Y, si bien es cierto que, durante años, el modelo colombiano fue reconocido internacionalmente por lograr coberturas cercanas al 99 %, hay que saber que los sistemas no colapsan de un día para otro. La crisis actual tiene raíces estructurales que se remontan a más de 15 años, con un deterioro progresivo en el flujo de recursos, un aumento de las deudas y muchos rezagos en la actualización de la Unidad de Pago por Capitación y tensiones entre aseguradores, prestadores y el Estado. Entre 2024 y 2026 la situación se intensificó, con intervenciones de EPS, retrasos en pagos y una reforma profundamente politizada en la que los distintos sectores celebran o lamentan decisiones como si se tratara de una contienda ideológica, mientras olvidan que está en juego la vida de las personas.
El colectivo Todos por la Salud ha señalado que la magnitud del problema ya no puede explicarse por fallas administrativas. Se trata de una crisis sistémica que impacta directamente la salud mental del país. Más del 80.3 % de los profesionales del sector en mención reporta afectaciones en su salud mental asociadas a la incertidumbre laboral y asistencial. Los trabajadores sanitarios enfrentan sobrecarga laboral, retrasos salariales, contratos inestables y la presión ética de no poder ofrecer a sus pacientes los tratamientos oportunos que saben necesarios. En el campo específico de la salud mental, el impacto es aún más delicado. Psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y equipos interdisciplinarios atienden diariamente cuadros de depresión, ansiedad, riesgo suicida, trastornos psicóticos y consumo de sustancias. Cuando faltan medicamentos psicotrópicos, cuando se cancelan consultas o cuando no hay camas disponibles para hospitalización, el profesional no solo enfrenta la frustración técnica, sino una carga emocional profunda: la sensación de impotencia. Esta experiencia sostenida en el tiempo puede derivar en agotamiento profesional, síndrome de burnout, síntomas depresivos y ansiedad.
La emergencia sanitaria que vivimos no distingue partidos, regiones ni estratos sociales. Nos afecta a todos. Superarla exige diálogo responsable, decisiones basadas en evidencia y una ética pública orientada al bien común. Cada día de retraso se traduce en vidas perdidas y deterioro creciente de la salud mental de los colombianos. La historia nos juzgará no por quién ganó el debate, sino por si fuimos capaces de proteger la dignidad y la vida de nuestra gente.
