Jaime Cortés Díaz
El Estado continúa perdiendo la guerra. Ya se había advertido la debilidad oficial: repliegue de tropas, escasez y deterioro en dotación y moral; concesiones al enemigo en los ceses al fuego; retiro de puntos estratégicos de contención y ataque; adquisición por los violentos de tecnología de última generación en armamento, drones capaces de dominar espacios aéreos, derribar helicópteros, dañar instalaciones y causar muertes a servidores de la Patria. A ello se suman 60 asonadas recientes, en las que han secuestrado pelotones y compañías castrenses; desplazamientos de población civil y una logística institucional en crisis, con aeronaves que no despegan y un delictivo deambular binacional con anuencia en ambos lados.
El inmenso emporio criminal se llama narcotráfico: causa y efecto de la desgracia nacional. Las cuadrillas que lo conforman ya no son vistas como guerrillas con pretensiones políticas de cambio social. Esa falacia ni siquiera se predica hoy. Bajo el manto improvisado y fracasado de la “Paz Total”, se les da nombres variados (grupos rebeldes, armados organizados), pero en esencia son bandas generadoras de violencia, cuyo fin es dominar territorios, corredores y poblaciones a sangre y fuego, aun entre ellos mismos, para concentrar rentas ilegales, droga, minería, secuestro y desplazamientos forzados. La bandera del narcotráfico ondea como emblema pirata (con cráneos pelados, cruzados por huesos humanos), sostén de mafias cada vez más poderosas.
En este contexto de ineficacia estatal se concretó lo previsible: la “desacreditación” de Colombia por parte de Estados Unidos, tras constatar el incumplimiento en la lucha contra las drogas. El país es hoy el mayor productor mundial de psicoactivos. Aunque no se suspende la ayuda a la Fuerza Pública y la Justicia, la insuficiencia del Gobierno se evidencia en la expansión desbordada de cultivos de coca: de 200.000 a 300.000 hectáreas. La decisión llega en un momento de tensiones bilaterales y politiza el hecho, señalando al presidente Petro como principal responsable, obligado a demostrar acciones contundentes. Su respuesta inicial de “suspender la compra de armas a Estados Unidos” resultó ingenua. El próximo gobernante necesitará una visión clara y colaborativa, evitando que los beneficiados sigan siendo los criminales.
La batalla contra el narcotráfico debe ser una política esencial de Estado. La indolencia y pasividad no pueden continuar. Como señaló Rafael Guarín, exviceministro de Defensa: “El desmonte de la lucha contra las drogas es inocultable y parece llevar al país a un punto de no retorno”. Agregó: “El error no es solo negarse a erradicar, sino también la falta de resultados en sustitución de cultivos ilícitos y de transformación social y económica de los territorios afectados”. Este aserto es crucial. La erradicación por sí sola no garantiza reducciones sostenibles sin desarrollo rural y gobernanza territorial. Esto se ha discutido mucho, pero no se ha definido cómo hacerlo. La llegada de un nuevo mandatario es la ocasión para su concreción.
Lo conveniente sería un Plan Colombia 2.0, en coordinación con Estados Unidos y países consumidores, que abarque no solo apoyo militar, inteligencia y asistencia, sino también progreso social y económico en territorios vulnerables. La estrategia debe integrar pilares de desarrollo capaces de neutralizar la acción de los actores criminales y convertirse en mordiente social irreversible.
La guerra contra las drogas no se gana solo con fusiles ni helicópteros: requiere transformar los territorios, abrir caminos de prosperidad y hacer de la legalidad una opción más atractiva que la criminalidad. Ese es el verdadero desafío, combinar la erradicación con una profunda transformación social que cierre de manera definitiva el ciclo de violencia y narcotráfico que carcome a la Nación.
