Por ALBERTO ZULUAGA TRUJILLO
No deja de llamar la atención las declaraciones dadas por las distintas comisiones internacionales de observación electoral, al concluir que las votaciones presidenciales del 31 de mayo transcurrieron con total normalidad, transparencia y garantías, descartando la existencia de algún tipo de fraude o manipulación de las mismas. El constreñimiento electoral, aparte de la alteración de los escrutinios, es de por sí un fraude electoral. Y claro que lo hubo de manera violenta en toda la periferia de nuestra geografía. El mapa electoral, nítido e incontrovertible, en el que se aprecia la zona roja en manos de los grupos armados ilegales, integrada por los departamentos con fuerte presencia de las Farc, ELN, Clan del Golfo y distintas bacrines, todas ellas alimentadas por el narcotráfico, bien lo conoce el país. La costa Caribe, el Pacífico, Putumayo, Amazonas, Vaupés, Guainía, Vichada, Valle, Cauca y Nariño, todas con presencia fuerte de estos grupos violentos, curiosamente Cepeda y Quilcué obtuvieron en ellos su victoria. En Nariño, por ejemplo, se conoció un audio horas antes de las votaciones, donde un cabecilla ordena salir a votar, pues el certificado electoral entregado en las mesas sería exigido para poder movilizarse por la región, en una clara amenaza a la democracia. En el suroccidente colombiano, el candidato del Gobierno logró 2.164.701 votos, mientras Abelardo y Restrepo apenas alcanzaron 1.012.986. Luego no es atrevido afirmar que los votos logrados por Cepeda en esos territorios con presencia de estos criminales, son votos coaccionados por los violentos, tolerados y permitidos por este Gobierno de hampones, dirigidos por Petro. Difícil es para los observadores internacionales, establecer el grado de violencia ejercido en la periferia colombiana, pero no por ello, deja de ser un evidente delito de constreñimiento electoral, promovido por la política de la “paz total” que sin restricciones morales ha negociado en las cárceles el apoyo sin cortapisas de toda la criminalidad. La descarada participación del presidente fungiendo como jefe de debate de Cepeda, usando los recursos públicos en favor de su campaña, en una acción coordinada con los distintos ministerios, al firmar contratos para facilitar la logística de la compra de votos en las regiones más deprimidas del país, por más de medio billón de pesos como lo destapó la Silla Vacía con los distintos “contrataderos” de su Gobierno, confirma de forma contundente que este es un gobierno criminal que actúa por fuera de la ley y en contra de la Constitución que juró cumplir. El periódico El Colombiano de Medellín, da cuenta de 218 mesas ubicadas en zonas controladas por el Clan del Golfo y el ELN, donde se registraron el 100% de los votos por el candidato del Gobierno. Es oportuno señalar la salida del general Erick Rodríguez, íntegro oficial del Ejército con 35 años de servicio, cuyo pecado fue denunciar procesos de carnetización y constreñimiento a pobladores bajo control de las estructuras ilegales al mando de “Calarcá” quien goza de cupo en la “paz total” e Iván Mordisco en el sur del Meta. Si esto no es fraude electoral armado a favor de Iván Cepeda, ¿cómo puede llamarse entonces? Las bandas criminales vienen empleándose a fondo en la candidatura de Cepeda porque bien saben que con su triunfo consolidan el manejo de economías ilícitas y rutas estratégicas para su movilidad. ¿Vamos a permitirlo? FIRMES POR LA PATRIA.
Alberto Zuluaga Trujillo. Alzutru45@hotmail.com
