La Ley 400 de 1997, que adoptó normas sobre Construcciones Sismo Resistentes en el territorio nacional, tuvo entre uno de sus principales fines establecer criterios y requisitos mínimos para actualizar las edificaciones indispensables entre las que se encuentran guarderías, escuelas, colegios, universidades y otros centros de enseñanza, decretando evaluar su vulnerabilidad sísmica y reforzamiento estructural, esto de acuerdo con los procedimientos incluidos en el Titulo A del Código NSR 10. En el año 2013, venció el plazo para realizar esta evaluación, y en el 2016 debieron haber quedado reforzadas las edificaciones definidas según los respectivos estudios.
Para el caso de escuelas y colegios localizados en Pereira, solo en el año 2018, y después de mucha insistencia se consiguió que la alcaldía contratara con la firma Técnicas Colombianas de Ingeniería, los estudios de vulnerabilidad y reforzamiento de los planteles educativos: Ernesto Zuluaga, Hernando Vélez, Jesús María Ormaza, Luis Carlos González, Pablo Emilio Cardona, Rafael Uribe y Gabriel Trujillo, este último ubicado en el sector Caimalito.
En el informe final correspondiente a la Institución Educativa Gabriel Trujillo, el Consultor estableció que según los estudios realizados: “se adopta como conclusión general la reubicación del colegio”. Es importante anotar que ninguno de los demás planteles incluidos en los estudios ha sido objeto de intervención alguna, prefiriendo desalojar algunos de estos y otros a los cuales no se les ha efectuado estudio alguno. Lo anterior demuestra un total desprecio de parte de la alcaldía por la vida e integridad de docentes, empleados administrativos y estudiantes, para que estos dispongan de edificios seguros, modernos y cuenten con áreas indispensables y suficientes que les permitan recibir una educación de calidad al ser sitios de encuentro, goce y esparcimiento durante su formación.
Este lunes los estudiantes del Gabriel Trujillo, realizaron un paro como protesta por el pésimo estado que presenta la arruinada edificación. No solo tienen que poner en riesgo su vida, sino soportar malos olores como consecuencia de alcantarillados colapsados, inundación del patio de recreo, y el mal estado de los salones. Hay que advertir que entre los años 2018 y 2019, se demolió parte de la edificación por riesgo alto de colapso. Las intervenciones realizadas a la fecha, como respuesta a una acción de tutela, han sido pintar paredes y algunas obras menores. La respuesta ofrecida por funcionarios que atendieron las quejas de los estudiantes es que la administración hace esfuerzos para ubicar un lote y conseguir los recursos para atender esta necesidad.
Los hechos demuestran que en Pereira, sus gobernantes solo tienen a los pobres como instrumento electoral. Para la muestra la situación deplorable no solo de los planteles educativos, en muchos lugares del área rural es la falta de agua potable para centenares de familias, o las miles de viviendas localizadas en zonas de riesgo por sismo, movimiento en masa, inundaciones, vendavales e incendio. En este último riesgo, la situación más reciente es la que se presentó el domingo pasado en el barrio Travesuras, con el voraz incendio que destruyó al menos 16 viviendas humildes. No hay inversiones para corregir estos desequilibrios sociales. Se destinan los multimillonarios recursos de inversión para financiar deplorables obras de infraestructura con el solo fin de adjudicar contratos no prioritarios y con pésimos estudios previos. Los sobrecostos abundan sin que ningún organismo de control intervenga y con la mirada y silencio complaciente de la ciudadanía.
En fin, los habitantes de Caimalito y de otros sectores vulnerables de la ciudad, deben buscar movilizarse y exigir mediante herramientas constitucionales la atención a sus eternos problemas. Recuerden que ayer 19 de septiembre ocurrió un sismo de magnitud 7.7 en México, en la misma fecha de otros en 1985 y 2017 que dejaron miles de muertos. Con los terremotos no se juega.