Una sociedad opacada por el miedo aprende de otra manera. Desconfía, se hace dócil, señala, calla. Prefiere el silencio a la pregunta, baja la cabeza y habla en susurros. Desconfía de la diferencia, ve en el otro, o la otra una amenaza, expulsa determinadas ideas de las aulas. Rehúye la discusión y opta por la obediencia.
El miedo no es solamente una emoción que paraliza. También es una efectiva herramienta política. Cuando el miedo es el eje alrededor del cual se reorienta la educación de un país, deja de ser una reacción frente al peligro y se transforma en una pedagogía.
Lo que se ha venido tejiendo en estos pocos meses en Colombia no puede comprenderse únicamente a partir de las decisiones del gobierno actual. Resulta importante situarlo en un fenómeno más amplio: la disputa de las derechas radicales latinoamericanas por el dominio de los valores, los conocimientos y las representaciones del mundo que se transmiten a las nuevas generaciones. Muchas de ellas tradicionalmente invisibilizadas.
No se trata de afirmar que todos los movimientos obedecen a un mando unificado. El objetivo es reconocer la circulación de una estrategia política cuyas piezas se manifiestan con variaciones en distintos países de la región.
Fabricar la amenaza es una operación que se ejecuta con precisión. Esto es, presentar los avances sociales como una amenaza para la infancia, la familia y un orden moral que huele a siglo XIX.
La denominada “ideología de género” es uno de los instrumentos más efectivos de esta operación. Bajo esa denominación se agrupan cuestiones distintas – educación sexual, igualdad de género, diversidad sexual y derechos reproductivos – y se las presenta como partes de un mismo proyecto cuyo fin no es otro que la destrucción de la familia y el adoctrinamiento de la infancia.
El miedo, con su tendencia a la asfixia de las ideas, simplifica. Es decir, convierte debates complejos en amenazas reconocibles, identifica responsables y ofrece una promesa de protección. Donde existen discusiones legitimas sobre contenidos educativos, métodos pedagógicos y derechos aparece una narrativa que secciona el campo social entre quienes se presentan como defensores de la infancia y quienes supuestamente la amenazan.
La investigadora Carla Guerra Tomazini denomina “consenso ambiguo” a una característica de las campañas contra la educación de género en América Latina: actores políticos, organizaciones religiosas, movimiento sociales y sectores económicos pueden coincidir en bloquear políticas de igualdad, aunque sus motivaciones y objetivos sean disimiles. Se evidencia una dimensión trasnacional del fenómeno sin reducirlo a una organización homogénea.
El enemigo cambia según el contexto. Puede ser el feminismo, el docente que aborda la diversidad cultural, la educación sexual, el pensamiento crítico o una supuesta infiltración comunista. Lo que se mantiene es la estructura del relato: existe una amenaza oculta; la infancia es su víctima potencial; por lo tanto una autoridad moral y política debe intervenir para detener el peligro.
El miedo tiene la capacidad de convertir la educación en un campo de defensa frente a un enemigo que, para conservar su eficiencia, debe permanecer acechante.
De Brasil a Colombia encontramos un repertorio compartido de supuestas amenazas. Brasil ofrece un antecedente clave para comprender la dimensión del asunto. Durante el gobierno de Jair Bolsonaro, el movimiento Escola sem partido promovió una narrativa contra el supuesto adoctrinamiento ideológico en las aulas y cuestionó sin ambivalencias la pedagogía critica promovida por Paulo Freire. La investigación de Jorge Knijnik documentó la ofensiva contra la influencia de las enseñanzas de Freire en las escuelas y el respaldo de grupos ultra conservadores a una agenda educativa cristiana tradicional y anticomunista.
El estudio de las académicas Marina Alves Amorim, Ana Paula Salej y María Clara Mendoça Maia sobre el primer año de gobierno de Jair Bolsonaro identifica, además, un proyecto de antifeminismo de Estado en el campo educativo: actores abiertamente antifeministas adquirieron posiciones de influencia en el Ministerio de Educación y en consecuencia se interrumpieron políticas educativas con enfoque de género.
La estrategia no consiste únicamente en retirar determinados contenidos. También busca redefinir qué significa educar, quién está autorizado para hacerlo y qué ideas se consideran legitimas de ser enseñadas. Bajo la consigna de proteger a los estudiantes del adoctrinamiento, el propio discurso de la neutralidad puede convertirse en un instrumento para desacreditar ciertas perspectivas mientras otras de normalizan.
En Argentina, los estudios sobre las políticas educativas de Javier Milei han examinado con lupa la orientación “libertaria” de su gobierno, sus planteamientos sobre el papel del Estado y los cuestionamientos a la Educación Sexual Integral. En Chile, una investigación de 2025 identificó, en los argumentos parlamentarios contra un proyecto de educación sexual y afectiva, repertorios discursivos coincidentes con los discursos anti género presentes en debates internacionales, aunque adaptado a las particularidades locales.
No se trata de experiencias calcadas. Tampoco todas las medidas corresponden a una misma lógica. Pero estos casos sí permiten observar un repertorio reconocible: el docente sospechoso, defensa de la autoridad paternal como argumento de hierro contra determinadas políticas públicas, rechazo cerrado contra la perspectiva de género y reivindicación a los puños de valores tradicionales como fundamento de la formación ciudadana.
En Colombia, el artículo de María Ángela Urbina Castilla en Volcánicas, “La batalla educativa de Abelardo de la Espriella”, ofrece un punto de partida para examinar cómo ese repertorio aparece en el discurso gubernamental y en las propuestas de transformación de la administración educativa. Si bien el caso de Colombia debe analizarse en su especificidad, también debe serlo a la luz de estas experiencias regionales.
La educación, es clave en esta disputa, porque las instituciones educativas no se limitan a transmitir información. Son claves en la formación de valores, identidades, expectativas y formas de comprender la sociedad. Quién consigue definir qué conocimientos son legítimos, qué comportamientos merecen aprobación y qué diferencias deben ser rechazadas interviene en la formación de la ciudadanía de mañana.
La concepción de Paulo Freire de la educación como práctica de la libertad cuestiona los modelos que reducen al estudiante a ser un receptor pasivo de verdades establecidas. Educar, desde esta perspectiva, supone la capacidad de leer críticamente el mundo y reconocer que la realidad social puede y debe ser interrogada y transformada.
El miedo, por su parte, opera en sentido opuesto. Siembra sospechas sobre el conocimiento que incomoda, hace del pensamiento crítico una amenaza y presenta la obediencia como garantía de seguridad. Esta dimensión hegemónica de la disputa: no es suficiente con ganar elecciones o cambiar leyes. Importa imponer que una determinada interpretación del mundo sea aceptada como la única razonable, moral o legítima.
La apelación reiterada a la familia, la religión, la patria y la disciplina puede movilizar convicciones auténticas. El problema para la democracia aparece cuando esos valores abstractos y arbitrarios se emplean para deslegitimar la pluralidad, desacreditar el conocimiento o restringir la posibilidad de que los y las estudiantes conozcan perspectivas diferentes. La batalla cultural no se libra por lo que se enseña en las aulas, sino por quién se adjudica el derecho a definir qué merece ser enseñado y qué no.
La estrategia tiene consecuencias que van más allá de los programas académicos. En el momento en el que la docente es retratada como una amenaza, la confianza necesaria para la enseñanza se deteriora. Cuando la educación sexual se describe sistemáticamente como una forma de corrupción de la infancia, el debate sobre la salud, cuidado y derechos queda subordinado al pánico moral. Si el pensamiento crítico se identifica con una forma de adoctrinamiento, se reduce el espacio para la discrepancia.
Con estos elementos se configura el currículo invisible: una pedagogía que enseña qué debemos temer, de quién debemos desconfiar y qué diferencias son peligrosas. Lo paradójico es que una política presentada como defensa de la libertad de las familias puede terminar restringiendo la autonomía intelectual de los y las estudiantes. Protege a la infancia y la adolescencia no es aislarlos de la complejidad del mundo, sino ofrecerles conocimientos y herramientas para comprenderlo, formular preguntas incomodas, y tomar decisiones informadas.
Tampoco significa excluir a las familias del derecho a participar en la educación de sus hijas e hijos. Significa reconocer que ese derecho convive con las responsabilidad pública de garantizar una formación plural, rigurosa y respetuosa de los derechos fundamentales.
La expansión de estas agendas nos propone la siguiente pregunta: ¿qué tipo de ciudadanía se ha buscado formar cuando el miedo ha organizado la discusión educativa?
Una ciudadanía que aprende a identificar enemigos en cada esquina tendrá dificultades para reconocer la legitimidad de quienes no se ajustan al discurso hegemónico. Una ciudadanía confundida entre virtud y obediencia no dispondrá de las herramientas para comprender las desigualdades y las disputas de poder que atraviesan su sociedad.
La respuesta no es reemplazar una forma de adoctrinamiento por otra. Tampoco en descalificar toda preocupación familiar, religiosa o conservadora. Una educación verdaderamente democrática exige argumentos, deliberación, evidencia y respeto por la pluralidad.
El gran desafío de nuestras aulas consiste en preservar la escuela como espacio donde ninguna doctrina quede exenta de preguntas, ninguna autoridad inmune al examen crítico y ninguna persona sea convertida en una amenaza por sus convicciones o por su identidad.
Lo que nos han mostrado los regímenes de la ultraderecha en el continente es que necesitan que todos sus proyectos educativos sean idénticos para que sus repertorios políticos converjan. Les es suficiente con que el miedo consiga desplazar la discusión sobre derechos, conocimientos y desigualdades hacia una defensa permanente frente a enemigos reales o imaginarios.
La cuestión no es solamente sobre quién administra los colegios, quién financia las escuelas o qué contenidos se pueden abordar y cuáles no. Es quién define los límites de lo pensable.
Una educación estructurada alrededor del miedo enseña a obedecer ante la amenaza. Pero una educación democrática enseña a examinar quién construye esa amenaza, con qué argumentos y en beneficio de qué intereses.
Esa es la disputa continental que debemos comprender: no es simplemente una batalla por las aulas, sino una por la imaginación política de las generaciones futuras.
Juan Ladrón de Guevara Parra
