La desastrosa actualización catastral y sus gravísimos resultados.

Un amigo que se interesa por los problemas de nuestra ciudad me expresa que, en el caso de la obra de Los Colibríes, que hoy tiene tras las rejas al exalcalde de Pereira Carlos Maya, su secretario de infraestructura y el Interventor del contrato, en los efectos económicos, no son tan onerosos como los producidos por la famosa actualización catastral que entró en vigencia en el año 2022. Esta actualización Catastral fue ejecutada por la Unidad Administrativa especial de catastro Bogotá (GEO Catastral), como Operador Catastral, y el Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO) como Gestor Catastral.

Comparto esta apreciación, y me atrevo a afirmar, que no solamente son los resultados financieros, sino que revela la pésima gestión de la secretaría de Hacienda, y ausencia de control por parte de la Contraloría, y del Concejo de la capital. Una escandalosa cifra para sustentar estas afirmaciones. La cartera de impuesto predial del municipio al pasado 31 de mayo del presente año asciende a $501.390 millones, impagable En el periodo enero – mayo, la tesorería recolectó por este impuesto la suma de $207.315 millones, y concedió rebajas por pronto pago y cultura tributaria de $30.611 millones. A 31 de diciembre de 2023 esta cartera estaba tasada en $406.000 millones, lo que muestra un aumento de $95.390 millones de pesos en cinco meses.

Hasta la presente fecha, ninguna autoridad de control, gremio económico o partido político ha promovido un debate serio sobre el fracaso de la actualización catastral con enfoque multipropósito a cargo del AMCO como Gestor y GO Catastral Operador Catastral. La administración de Carlos Maya, junto con la de su jefe político Juan P Gallo, responsables de este proceso y de la escogencia de estas entidades para otorgarles tan importante tarea, sin que ninguna de las dos contara con la idoneidad y capacidad para entregar un buen producto, solo se dedicaron a recaudar, gastar, contratar y ocultar el resultado. Tarea en la que fueron acompañados con el silencio de la Contraloría y los medios de comunicación.

Esta famosa actualización catastral empezó a regir para la vigencia fiscal del año 2022. El valor catastral de los bienes inmuebles urbanos y rurales de Pereira pasaron de $16.1 billones a $34.4 billones. Un aumento del 215%, sin modificar las tasas del impuesto que son las más elevadas del país. La consecuencia lógica de un proceso tan atrabiliario y mediocre se sigue manifestando en el aumento paulatino de la cartera.

Analicemos muy someramente el periodo fiscal 2023. Para esta vigencia el número de predios en la base catastral del municipio fue de 208.017 unidades con un valor de 36.2 billones, y una cuantía a facturar por este periodo, sin incluir cartera, de $459.000 millones. Se tenían 52.630 expedientes para cobro coactivo de impuesto predial.  El recaudo obtenido por esta vigencia fue de $202.265 millones, solo el 45%. Esta última cifra indica que por vigencia 2023 se causó una cartera de $256.735 millones. Son cuentas simples de suma y resta. Pero en reciente información expedida por la secretaría de Hacienda, la cartera por el año 2023 reportada fue de solo $85.529 millones. La diferencia es de $171.206 millones.

Esta es la constante si se revisan año por año los resultados del impuesto predial. Igual ocurre con el cobro de carteras como Industria y Comercio, o Plusvalía, o de otros impuestos. La corrupción en la contratación de nuestras entidades y empresas de servicios, y la ineficacia y ausencia de transparencia en cobro de impuestos, debe medirse con el mismo rasero. Son los mismos con las mismas. Tenemos la necesidad de modificar el estado actual moral y ético de nuestra administración local, y que desaparezca el precepto de que nadie vigila el comportamiento y resultados de nuestros gobernantes.