LA PÉSIMA GESTIÓN FISCAL Y ADMINISTRATIVA DE HACIENDA: ¡OTRO CÁNCER!

A 30 de junio pasado, el municipio de Pereira recaudó por concepto de impuesto de alumbrado público en este primer semestre, $17.295 millones. Mediante petición del 11 de junio, solicité la derogatoria de los Acuerdos 32 de 2000 y 29 de 2015, que establecieron el impuesto de alumbrado, pues estos perdieron su vigencia el 30 de mayo del 2019, al incumplir mandatos del artículo 353 de la Ley 1819, y solicité que el Concejo de Pereira expidiera un nuevo Acuerdo que regule integralmente este impuesto de conformidad con esta ley y sus decretos reglamentarios. El municipio sigue cobrando alumbrado público, a pesar de la pérdida de vigencia de los acuerdos 32 y 29, como resultado del vencimiento del plazo señalado para adecuar estos acuerdos a las nuevas normas.

En su contestación la secretaria Jurídica del municipio reconoció que me asistía razón en mis reclamos, pues no se dio cumplimiento a lo previsto en la Ley 1819, y sus decretos reglamentarios. Agregó, que seguidamente se procedería a presentar al Concejo, el Proyecto de Acuerdo necesario para revocar estos acuerdos, y armonizar el impuesto de alumbrado público con la nueva ley. Según Sentencia del 20 de junio de 2024 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, los acuerdos municipales que no se acoplaran a la nueva normatividad de la Ley 1819 en el plazo indicado por el legislador, perdieron su vigencia.

Aplicando lo anterior, desde el 1 de junio de 2019, los acuerdos 32 y 29 perdieron eficacia normativa, y por consiguiente no puede cobrarse este impuesto a los contribuyentes. Pero lo siguen cobrando, o sea, nos siguen robando. En este tiempo, el municipio ha recaudado ilegítimamente $163.373 millones, que, de haberse invertido de manera juiciosa y planificada, podrían haber servido para financiar la modernización de nuestro sistema de alumbrado público y evitar que a la carrera y violentando la ley de contratación pública, adjudicaran una nueva concesión a 25 años irregularmente, pues, si no hay un Acuerdo que autorice el cobro del impuesto, el contrato celebrado es ilegal. Otra perla, parte importante del dinero recaudado, se ha gastado en cosas diferentes al alumbrado, y otra no se sabe dónde ha ido a parar.    

El manejo de las rentas propias municipales, como predial, industria y comercio, publicidad exterior visual, alumbrado, plusvalía, y otras más, al igual que los gastos del municipio, son un caos. Y cuando se dice manejo, hablamos de una eficiente “gestión fiscal”, definida en el artículo 3 de la Ley 610, como las actividades tendientes, entre otras, a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de moralidad, transparencia, publicidad y valoración de costos ambientales.

Otra prueba de que el municipio no ejerce una juiciosa gestión fiscal, es la decisión de la Secretaría de Hacienda, al término de la anterior vigencia, cuando calculó el valor de deterioro de sus cuentas por cobrar en $354.602 millones. De solo impuesto predial fueron $242.377 millones. El total de la cartera por cobrar a esa misma fecha era de $642.430 millones, pero la situación no mejora, por el contrario, empeora, pues el pasado 30 de junio la cartera está ya por los $719.642 millones. Y la cartera de predial se ubicó en $346.463 millones, sin intereses, aumentando en $104.086 millones, demostrando que es un impuesto impagable por gran parte de los contribuyentes. Aquí se la pasan aumentando los impuestos a cargo de los contribuyentes de manera onerosa y antitécnica, mientras crece de manera acelerada la cartera de los impuestos, y por consiguiente su deterioro. Para gastar a manos llenas se recurre al endeudamiento de la administración y elevar los descuentos por pronto pago, mediante decretos ilegales.

Mientras la pésima gestión pública y el control eficiente de la Contraloría sigan brillando por su ausencia en este municipio, no será posible la eliminación de nuestra pobreza, causada por la corrupción imperante.