La reciente presencia de la Corte Constitucional en Pereira, dentro del nuevo ciclo de los llamados Diálogos Constitucionales, deja una señal poderosa para el país: el derecho a la salud ya no admite más diagnósticos retóricos ni salidas dilatorias. Bajo el tema “El derecho a la salud: justicia constitucional, entre lo territorial y lo global”, el encuentro realizado en la Universidad Libre reunió a magistrados de la alta corporación, de tribunales, jueces, representantes de la Defensoría del Pueblo, académicos, estudiantes y el exministro Alejandro Gaviria, en una jornada de alto valor jurídico, humano y político, en el mejor sentido de la necesidad. La instalación estuvo a cargo de la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses Mosquera, quien subrayó que el constitucionalismo colombiano será recordado por la forma en que enfrente la garantía real de los derechos fundamentales, entre ellos el de la salud, quizá el más sensible porque toca la dignidad humana en su punto más contundente: el sufrimiento, la enfermedad y la vida misma. La Corte enfatizó esa dimensión histórica y práctica del derecho a la salud, indicando que no se trata de una discusión teórica. Lo que hoy vive el país, y de manera palpable ciudades y departamentos como Pereira y Risaralda, es una emergencia silenciosa que se volvió paisaje cotidiano; negación de servicios, cirugías represadas, medicamentos que no llegan, tratamientos suspendidos, desacatos reiterados, adultos mayores abandonados a trámites interminables y familias enteras sometidas a la angustia de mendigar lo que ya está reconocido como derecho fundamental.
La tragedia tiene, además, un rostro institucional alarmante: la congestión de los jueces de tutela. Lo que debía ser un mecanismo excepcional de protección se ha convertido, en miles de casos, en la única puerta de entrada al sistema. Esa distorsión no solo revela la falla estructural del modelo, sino la degradación del pacto básico entre Estado y ciudadanía. La propia Defensoría del Pueblo advirtió que el acceso a medicamentos se ha convertido en uno de los principales factores de vulneración del derecho y que una parte sustancial de las tutelas en salud corresponde precisamente a entregas inoportunas, desacatadas o negadas.
Cuando una persona enferma debe litigar para obtener una cita, un examen, una cirugía o una fórmula, el sistema ya no está funcionando, está colapsando material y moralmente. Y cuando ese colapso produce muertes evitables, sufrimientos innecesarios y abandono de poblaciones vulnerables, el debate deja de ser administrativo o ideológico para convertirse en un asunto de lesa humanidad social.
La universalidad del servicio, proclamada como conquista civilizatoria, hoy tropieza con una realidad imposible de ocultar: no aparecen recursos suficientes, ni fuentes claras y sostenibles de financiación, ni un plan nacional de fondo que devuelva viabilidad al sistema. Lo que más inquieta es que, pese a la gravedad del cuadro, el país sigue atrapado entre narrativas de confrontación, culpables cruzados y disputas doctrinarias, mientras el paciente real espera, empeora o muere.
Ese fue quizá el mensaje más profundo que dejó el diálogo promovido por la Corte; la salud no puede seguir siendo rehén de la polarización. Aquí no sirven ni el cálculo electoral ni las simplificaciones estatistas o mercantilistas. Lo que se necesita es una unidad superior de propósitos, con sentido nacional, rigor técnico, vigilancia judicial y responsabilidad ética de todos los actores: Gobierno, Congreso, EPS, IPS, entes de control, Jueces, academia y sociedad civil.
La convocatoria hecha desde Pereira debe ser leída como una alarma institucional. No basta con reconocer la crisis; hay que desmontar de inmediato sus causas. “Colombia —dijo la presidenta de la Corte— ha sido sacudida por noticias que nos desgarran el alma: historias de compatriotas que perdieron la batalla no porque la medicina careciera de respuestas, sino porque la burocracia levantó muros infranqueables”.
