La grave e irresoluble crisis de la sociedad actual está relacionado con los nefastos efectos causados hasta el presente por el neoliberalismo, diseñado en el denominado Consenso de Washington en 1989, para paliar la crisis de las economías de los países en vía de desarrollo. Se aplicaron entre otras medidas, el control del déficit fiscal, disminución de subsidios, reformas tributarias, apertura de nuestro sistema financiero y de comercio, reducción del aparato del Estado, privatización de todas las empresas estatales y servicios públicos esenciales.
En Colombia, estas reformas fueron impuestas por el gobierno liberal de Cesar Gaviria. Se privatizaron el sistema de salud y pensiones (Ley 100), los servicios públicos domiciliarios (Ley 142), se reformó nuestro régimen laboral (Ley 50), flexibilizando el contrato de trabajo y desmontando conquistas laborales obtenidas por la clase trabajadora durante décadas de lucha y resistencia y se firmaron los adversos Tratados de Libre Comercio, y muchas otras contrarias a nuestros intereses como nación y sociedad libre y soberana.
El trámite de estas reformas en el Congreso, asambleas y concejos, fue posible, gracias a que se desató la más descarada compra de congresistas, diputados y concejales. El respaldo a estas medidas fue pagado con burocracia, contratos, beneficios personales y dinero. Se impuso como modelo de gobierno que el tránsito y aprobación de leyes, tiene precio. El voto como papel moneda. Esa es la dificultad actual para tramitar y aprobar leyes y reformas que corrijan los efectos de las medidas neoliberales. La actividad política es hoy, fuente de corrupción y enriquecimiento de quienes logran ser elegidos.
Desde 1996, Pereira dio inicio a toda esta ola de privatizaciones, reducción de la nómina oficial, y concesiones. El dinero obtenido de las privatizaciones de las empresas de servicios, venta de bienes, el aumento de impuestos y contribuciones se ha despilfarrado en obras suntuarias, corrupción y proyectos poco rentables y con altos sobrecostos. Para la muestra, el cable aéreo y la vía de Los Colibríes. Por eso la actividad electoral tiene un alto costo, es altamente rentable ser elegido. La consecución de dineros para financiar las campañas se obtiene de contratistas corruptos, organizaciones criminales, en muchos casos, o parcelando la función pública y subastándola a los mejores postores.
Los pereiranos estamos sometidos a un aumento abusivo y permanente de las tarifas de servicios públicos y de los impuestos de predial, industria y comercio y alumbrado, entre otros. Pero reciben a cambio una pésima prestación de sus servicios por parte de los responsables. La situación de seguridad en que se encuentra nuestra ciudad es grave, no se conoce estrategia para controlarla, solo el alcalde nocturno en un TIK TOK, no se conoce el alcalde del mediodía, anuncia la privatización de esta función a una red de seguridad privada desconocida, violentando la Constitución.
Las mayores actividades del alcalde Salazar han estado centradas en lograr la aprobación de un cupo de endeudamiento por $200 mil millones, concesión a 20 años del alumbrado público, campaña de comunicaciones mediante el uso de innumerables redes sociales, y eventos públicos con costosa y deslumbrante logística, solo comparables a los eventos de Hollywood. Durante lo corrido del año la alcaldía de Pereira ha suscrito seis contratos con la empresa GPS, por $21.514 millones para realizar estas actividades. Una de estas tuvo un costo de $3.500 millones para efectuar el pasado sábado “las actividades artísticas, culturales, logística y deportivas en el marco de la inauguración y desarrollo de los I Juegos Nacionales Juveniles 2024″. Este gasto en un solo día.
En el caso del alumbrado público, hoy con una obsolescencia del 75%, no obstante haber sido privatizado este servicio mediante contrato de concesión con ENELAR en 1999, y liquidado en 2014 por sentencia del Consejo de Estado. Lo entregaron acabado, no hicieron inversión alguna, no obstante recibir cumplidamente cada mes, durante 15 años, la costosa tarifa. Los alcaldes de turno nada hicieron para obligar al contratista a cumplir los términos del contrato, alcahuetearon al concesionario. La administración de Vásquez Zuleta, del viejo y resucitado “sotismo”, lo despachó con un cheque de $11.000 millones, y no le obligó a reintegrar $8.753 millones de la TIR. Y tienen ahora la desfachatez de decirle a la ciudadanía que esta privatización sí va a funcionar. Pues claro que funcionará, pero solo para el dueño de la concesión y sus “correveidiles”.
En Colombia no hay alcaldías, esos despachos son casas de negocios.
Claro y contundente, estimado Carlos Alfredo. Nada que agregar, la privatización no fue la solución: el agente privado ha resultado más corrupto en el manejo de dineros públicos y las administraciones municipales andan sin un norte claro.